El Ministerio de Fomento ha advertido a la compañía de bajo coste Ryanair que debe aplicar el 50 por ciento de descuento a los residentes en Balears «en todos sus canales de ventas», lo que incluye su call center –ventas por teléfono– y sus propias oficinas de los aeropuertos, que son los puntos en los que Ryanair había dejado de aplicar este descuento obligatorio en los últimos meses, además de en su web. Asimismo, la compañía podría ser objeto de una sanción económica si se «verifica» la omisión de este descuento.
En una respuesta ofrecida por el Gobierno central a una pregunta formulada por el diputado ibicenco del PSOE en el Congreso José Manuel Bar –a raíz de las informaciones publicadas por Diario de Ibiza–, el Ministerio de Fomento confirma que ha tenido constancia de que esta línea de bajo coste no aplicaba el descuento a residentes cuando éstos compraban el billete por teléfono o en sus oficinas en los aeropuertos, ante lo cual «se ha avisado a la compañía de la necesidad de aplicar estas bonificaciones en todos sus canales», según la contestación del Ejecutivo.
Además, el Ministerio ha remitido toda la información sobre los casos en que no se han aplicado las bonificaciones estipuladas a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que es la organización encargada de inspeccionar y, en su caso, sancionar a las compañías que aplican de forma incorrecta este descuento aéreo a los residentes en las islas. A su vez, AESA «ha adoptado una serie de medidas para investigar el alcance de las actuaciones de la compañía, que, en caso de verificar su incumplimiento y una vez evaluada su gravedad, podría dar lugar a la incoación de un expediente sancionador», señala el Gobierno.
En su contestación a José Manuel Bar, Fomento señala que la dirección general de Aviación Civil tuvo conocimiento de los hechos en el mes de febrero, momento a partir del cual se iniciaron las gestiones encaminadas a corregir esta situación.
El Gobierno recuerda que la normativa recoge que el descuento del 50 por ciento sobre la tarifa habitual para los residentes insulares debe aplicarse en el momento de la emisión del billete, «independientemente de los canales de distribución empleados en cada caso».
«Una inmoralidad»
José Manuel Bar se declaró ayer satisfecho por la postura adoptada por el Gobierno ante lo que consideró una «ilegalidad» y una «inmoralidad» por parte de Ryanair, que, según recordó, «cobra subvenciones públicas» para la prestación de sus servicios.
Por tal motivo, Bar deploró que la empresa recurra a «prácticas comerciales agresivas» de este tipo.
El diputado aprovechó para denunciar al menos un caso en que Ryanair cobró un plus de 40 euros a un viajero de Ibiza por la tarjeta de embarque. «Si una persona tiene una urgencia y ha de ir a Madrid enseguida, me parece una inmoralidad que el viaje le salga más caro», señaló Bar, quien dijo que el precio del vuelo ha de incluir todos los conceptos, incluyendo también la tarjeta de embarque. Sobre la posibilidad de una sanción, el parlamentario ibicenco dijo que su deseo es «que se cumpla la ley» y que «la Administración esté vigilante» ante este tipo de incumplimientos.
También expresó su preocupación por la posibilidad de que, en un futuro, la actuación de esta empresa de bajo coste ahuyente a las demás aerolíneas, de tipo convencional, «por no poder competir en precios» y, además, continúe recibiendo subvenciones. «Estoy contento de que Ryanair traiga turistas y aviones, pero también temo que una actividad comercial demasiado agresiva pueda hipotecar el futuro», afirmó.
