Suspenden la ley para salvar los chiringuitos que Baleares quiere replicar
El Govern estudia si la impugnación de parte la norma de Costas de Galicia afecta a su propia ley para proteger construcciones ilegales en el litoral de las islas
La conselleria del Mar está en «fase de preproyecto» para redactar la ley que permita compatibilizar la explotación turística con la preservación de la costa
Cartel de protesta ante El Bungalow, en una imagen de archivo. / GUILLEM BOSCH
El Govern estudiará cómo le afecta que el Tribunal Constitucional (TC) haya suspendido parcialmente la nueva legislación de Costas de Galicia, recurrida por invadir supuestamente competencias estatales sobre la ordenación del litoral. Madrid defiende que la actuación contra las construcciones ilegales le corresponde al Ejecutivo central. La conselleria del Mar recuerda que está en fase de preproyecto de la ley de Costas balear que protegerá chiringuitos y tendrá en cuenta este precedente que, por lo demás, «no es una resolución definitiva» del Alto Tribunal.
En el caso de Galicia, el Constitucional ha suspendido la parte de la ley que permitiría a la comunidad presidida por el popular Alfonso Rueda aplicar sus propios criterios y plazos (quince años) para actuar contra las construcciones ilegales en el litoral.
El choque entre la Xunta y e Gobierno central puede marcar un precedente que dificulte los planes del Ejecutivo de Marga Prohens. El acuerdo entre el PP y Vox incluye la ley balear «para garantizar la compatibilidad de las actividades económicas sostenibles ligadas al litoral, como restaurantes de playa o chiringuitos, su ordenación urbanística y uso turístico con la protección y preservación de la costa».
Desde el departamento del conseller Juan Manuel Lafuente se aduce que «en primer lugar, hay que tener en cuenta que nuestras competencias son diferentes a las de Galicia». Ante el revés de la Xunta, se señala que «cualquier cuestión sobre este tema se debe estudiar técnica y jurídicamente». También se destaca que las suspensiones del TC «son automáticas, pero no son una resolución definitiva de la controversia». Así las cosas, en la Conselleria se sigue «trabajando buscando soluciones a los problemas de Balears dentro de marco jurídico vigente».
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