El kiosco de la Bernarda

La Bernarda, según una de las versiones más extendidas, era una santera alpujarreña de origen andalusí que, allá por el siglo XVI, curaba toda clase de enfermedades a base de que los dolientes le tocaran los genitales. Aunque existen más versiones del relato, a cual más escatológica, el caso es que las partes pudendas de la Bernarda acabaron formando parte del inventario proverbial castellano, como metáfora de desorganización y caos.

El pasado sábado, en el transcurso del multitudinario acto de apoyo al Club Náutico Ibiza, al que asistieron cientos de personas, demostrando la solidaridad y complicidad de la sociedad ibicenca, el director de la institución construyó una versión propia de dicha expresión. Vicent Canals esquivó la mitad arrabalera y describió a la Autoridad Portuaria de Balears como «el kiosco de la Bernarda». Todo el mundo lo entendió.

A pesar de que el ánimo especulativo de la APB estuvo presente de manera reiterada en los discursos que se pronunciaron, Canals no iba por ahí. Él se refería a la indolencia e incompetencia de una entidad pública que, según detalló, tiene por costumbre no responder a los recursos interpuestos por el club ibicenco, en contra de su obligación, y apostilló que todo lo que se transmite desde Ibiza a las oficinas de la entidad, en Palma, «les entra por un lado y les sale por el otro».

En tres meses, al CNI se le acaba la prórroga de la concesión y la APB deberá tomar una decisión que, sea cual sea, acabará generando consecuencias jurídicas de calado. La APB tiene tres opciones: renovar la concesión al CNI, manteniendo el carácter social del club; otorgársela a la empresa foránea que viene a especular sin tapujos, comenzando por multiplicar por cuatro el precio de los amarres, o anular el concurso.

Obviamente, en Ibiza no se entendería otra decisión que no fuera la primera o, al menos, la tercera. Especialmente tras las revelaciones jurídicas de la semana pasada, cuando se supo que un empresario ligado a la sociedad Puertos y Litoral, que pretende hacerse con las instalaciones, ha sido condenado a once meses de prisión por estafa. Dado que la ley prohíbe al sector público contratar con condenados por corrupción en los negocios, el CNI ya ha advertido de esta circunstancia a la APB, para que obre en consecuencia.

En su línea, el organismo ha dado la callada por respuesta, pero esta nueva derivada podría constituir una salida para el desmontaje de un berenjenal infame, surgido de un concurso de concesión redactado para incrementar los ingresos, otorgando más posibilidades a la apuesta económica –terreno donde el CNI, como cualquier otra náutica social, no puede competir–, en vez de priorizar el deporte entre niños y jóvenes, la integración social y el mantenimiento del vínculo con el mar entre la población autóctona.

Lo que ha hecho la Autoridad Portuaria Balear en estos últimos años, cuyo responsable lo elige a dedo la presidenta del Govern, aunque orgánicamente dependa de Puertos del Estado, ha sido convertir los muelles en un enorme bazar de restaurantes, boutiques, salas de fiestas y amarres de lujo. De habérsele dejado, habría transformado es Martell en un centro comercial y cerrado el paso a los transeúntes en buena parte de la primera línea de los andenes, que siempre han sido una plaza pública y abierta, de enlace entre el mar y los barrios portuarios.

Más allá de este insólito afán recaudatorio, que no tiene ni pies ni cabeza en un organismo público cuya misión esencial es que los puertos funcionen y no llenarlos de tiendas y restaurantes por todas partes, como si hiciesen falta más, lo de Canals y la Bernarda da en el centro de la diana. Basta con echar un vistazo a su página web, que refleja cómo la mediocridad y la negligencia se han instalado en la institución. Allí sigue sin actualizarse el nombre del Ministerio al que pertenece, ahora de «Transportes y Movilidad Sostenible», figurando aún el de «Transportes, Movilidad y Agencia Urbana». «Agencia» en vez de «Agenda», que sería lo correcto. Eso sí, lo de «Agencia Urbana» le viene a la APB que ni pintado.

El espinoso asunto tiene un peligro añadido: la posibilidad de que les estalle en la cara a algunos políticos y a la propia presidenta del Govern. Los ibicencos no entenderíamos que en este asunto llegara la sangre al río, sin haberse dado toda la guerra en el Parlament y en las Cortes, mediante pronunciamientos lo suficientemente contundentes. El nombramiento de Javier Sanz, expresidente de la Real Federación Española de Vela y del Real Club Náutico de Palma, como máximo responsable de la APB, pareció un rayo de luz, pero hasta la fecha no se ha traducido en nada.

El tiempo se acaba y el colmo ya sería que al CNI lo echaran de su casa al cumplir su 100 aniversario. Constituiría un error imperdonable.

@xescuprats

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