Los móviles, las mascarillas y el interés general

El Govern balear ha anunciado esta semana que prohibirá el uso de los móviles en todos los colegios e institutos públicos y concertados de Balears, salvo en determinados casos (como alumnos con problemas de salud); la medida será especialmente restrictiva en la Educación Primaria y contemplará excepciones en ESO y en Bachillerato por motivos pedagógicos. Es una decisión valiente que hay que aplaudir, porque afronta el problema generalizado del uso de teléfonos móviles durante el horario lectivo y las consecuencias negativas que conlleva, desde la falta de socialización de los menores hasta el aumento del acoso escolar, pasando por la dificultad para mantener una adecuada concentración y atención de los estudiantes durante las clases.

Hace sólo un mes, la conselleria de Educación era partidaria dar «total libertad a los centros» para regular el uso de los móviles, así que es loable que haya cambiado de opinión sobre este asunto. Todos los centros docentes tienen normas sobre el empleo de los teléfonos en sus instalaciones, pero el problema radica precisamente en la dificultad de hacerlas cumplir, sobre todo si no hay una implicación por parte de las familias. Con la instrucción que prepara Educación (que entrará en vigor en febrero, después de un proceso de aportaciones y consultas), los centros de enseñanza estarán mucho más respaldados y tendrán más claras sus herramientas para aplicar unas restricciones que serán comunes a todos los colegios e institutos de Balears. En este caso, el Govern balear ha actuado en el ámbito de su competencia anteponiendo el interés general, a la vista de los múltiples problemas que origina el uso de los móviles por parte de los estudiantes en los recintos educativos.

Al propio tiempo, esta misma semana, la consellera de Salud, Manuela García, ha cobrado protagonismo por su oposición a la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los hospitales y centros sanitarios públicos y privados, impuesta por el ministerio de Sanidad en toda España para frenar los contagios de gripe y otras infecciones respiratorias, y evitar de esta forma la saturación de los recursos asistenciales. La consellera considera que la situación epidemiológica de Balears «no justifica la obligatoriedad de las mascarillas, que está excluyendo la libertad individual», por lo que ha solicitado a la Abogacía de la Comunitat que interponga un recurso contencioso para pedir la suspensión cautelar de esta orden del Ministerio. García aclara que si los casos de gripe aumentaran sí se podría imponer el uso del cubrebocas en los centros sanitarios, pero que ahora es innecesario.

Llama la atención que la máxima responsable de la sanidad y de la salud pública en Balears cuestione una medida que se ha demostrado eficaz para reducir el riesgo de contagios y que protege a la población más vulnerable. Es incomprensible que haya que esperar a que aumenten los contagios (y, con ellos, los casos graves de hospitalizaciones y muertes) para aplicar una sencilla pauta de prevención, como es imponer el tapabocas en los centros sanitarios, donde el peligro de contagios es mucho mayor por la concentración de personas enfermas o con su salud debilitada. ¿Por qué correr un riesgo innecesario bajo el absurdo argumento de la «libertad individual»? La libertad individual no es un valor absoluto que pueda pasar por encima del interés colectivo. ¿Apelaría la consellera a la «libertad individual» para que se pudiera fumar en los centros sanitarios o conducir sin el cinturón de seguridad abrochado? No se puede frivolizar recurriendo con tanta demagogia como irresponsabilidad a la «libertad individual».

El mismo Govern que restringe el móvil en las aulas sin considerarlo un ataque a la libertad de los alumnos y docentes, pues prioriza el interés general y el sentido común, critica la obligatoriedad de las mascarillas en el ámbito sanitario e inicia una pugna judicial contra esa orden, simplemente porque la ha dictado una ministra de otro signo político. Es lamentable que una medida de salud pública que frena los contagios, como se ha demostrado científicamente hasta la saciedad, sea utilizada por el PP y algunas comunidades autónomas en las que gobierna en su batalla sectaria contra el Gobierno central, en la línea dura marcada ya desde la pandemia por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Continuar por esta senda es una irresponsabilidad absoluta que pone por delante los intereses partidistas sobre la obligación de la conselleria de velar por la salud de la población, especialmente de los ciudadanos más frágiles, y de impulsar estrategias sanitarias de prevención. El Govern debería rectificar y, tal como ha hecho en el caso de los móviles en las aulas, aplicar el sentido común, pensar en el interés de la sociedad y abandonar las mezquindades de la batalla política.

DIARIO DE IBIZA