El problema de la vivienda requiere una visión global

El problema de la vivienda en Ibiza y Formentera adquiere cada año proporciones más dramáticas si cabe. El testimonio de un guardia civil que se ve obligado a vivir en una autocaravana ilustra la gravedad de la situación y ha llamado especialmente la atención porque ha saltado a los medios nacionales, aunque no se trata de un caso aislado, más bien al contrario: la imposibilidad de conseguir un techo a un precio asequible condena a numerosas personas, con todo tipo de empleos, a malvivir en infraviviendas como furgonetas, caravanas, tiendas de campaña o a hacinarse en pisos en condiciones deplorables. Esta misma semana varios socorristas que se presentaron a las pruebas de Santa Eulària relataban que vivían en vehículos porque no tenían otra alternativa, al igual que otros compañeros. A uno le habían llegado a ofrecer una cama compartida por 600 euros al mes. Inconcebible, pero cierto.

Por tanto, se trata de un problema estructural y general, que afecta a gran parte de la población de una forma o de otra, pues su consecuencia, la falta de trabajadores en las islas, la sufren numerosas empresas y administraciones públicas que no pueden dar el servicio que deberían. Sindicatos y asociaciones de funcionarios (entre ellos, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil) reivindican el justo aumento del plus de insularidad y otras medidas para mejorar las condiciones de los destinados a las Pitiusas, donde el nivel de vida es mucho más caro que en el resto del país. Pero al margen de la legitimidad que sin duda tienen estas reivindicaciones laborales, es necesario abordar el problema de la vivienda en las islas con una visión global y con el objetivo de intervenir en un mercado enloquecido que se rige por la única regla de la especulación y obtener la máxima rentabilidad posible. Aumentar el plus de insularidad a los funcionarios es una reclamación razonable, pero al precio que están los alquileres y la escasez de vivienda que se ofrece para todo el año, no solucionará los problemas de estos profesionales para conseguir un hogar digno en Ibiza y Formentera. De lo que se trata es de lograr que los precios bajen y sean asequibles para personas con trabajo y un salario digno.

En estas circunstancias, la visita a Ibiza del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha podido ser más desafortunada, pues ha eludido abordar los dos temas que más preocupan y tienen movilizados a los funcionarios de las islas: la subida del plus de insularidad y el problema de la vivienda. Los sindicatos y asociaciones profesionales de policías nacionales y guardias civiles expresaron la indignación que les provocó la visita de Marlaska, que calificaron de «postureo» y al que acusaron de «venir a reírse de los guardias civiles». Habría sido una buena ocasión para mostrar empatía con las dificultades que conlleva ser destinado de forma forzosa a Ibiza o Formentera, y para buscar o impulsar posibles soluciones. Ponerse de perfil e ignorar las quejas, y limitarse a salir del paso con declaraciones de intenciones y generalidades, como hizo el ministro, es la mejor forma de exacerbar unos ánimos que ya están muy caldeados.

Hace ya casi seis años que se cerró un acuerdo entre el Ministerio del Interior, el Govern balear y el Consell de Ibiza (gobernado entonces por el PSOE y Unidas-Podemos) para construir viviendas de protección oficial en el solar contiguo a la comisaría de Ibiza. Estaba previsto que uno de los edificios se destinara a funcionarios estatales. Sin embargo, aún no se ha puesto ni un ladrillo y este proyecto va para largo debido a las dificultades que han surgido, entre otras, el desencuentro entre el Govern y el Ministerio. La incapacidad de los responsables políticos para llevar adelante proyectos tan necesarios y urgentes como este, que se eternizan y sufren un inaceptable retraso, acrecienta la desconfianza en las instituciones y crea un peligroso caldo de cultivo que beneficia a populismos como el de la extrema derecha, que ‘vende’ crecepelos milagrosos y alienta el odio y el enfrentamiento como bandera electoral.

El problema de la vivienda en Ibiza y Formentera es un fracaso político y social colectivo, de consecuencias devastadoras. Cuanto más se tarde en afrontarlo, con valentía y decisión y con la vista puesta en el interés general de la sociedad, más difícil será conseguir que el acceso a la vivienda deje de ser el principal motivo de exclusión (y fractura) social en las islas.

DIARIO DE IBIZA