Afrontar de una vez el problema de la vivienda

La nueva Ley de Vivienda, la primera de la democracia en España, pretende dar respuesta a un clamor ciudadano ante una situación de emergencia residencial, especialmente acentuada en Balears y, más aún, en Ibiza y Formentera. Los desbocados precios, motivados en buena medida por la escasa oferta, la irrupción de los fondos de inversión, así como por la competencia del alquiler vacacional y de los compradores extranjeros de alto poder adquisitivo, expulsan al residente y dejan fuera de toda opción a los más desfavorecidos, a los jóvenes, e incluso las clases medias, además de lastrar la economía en su conjunto por la dificultad para cubrir puestos de trabajo, no solo en sectores como la hostelería o la construcción, también en la Administración pública porque al empleado al final no le sale a cuenta mantener su residencia en las islas. Romper esta espiral que precariza la sociedad y la prestación de servicios exigía abordar la espinosa cuestión de la vivienda con determinación y valentía, pero también con conocimiento para que las buenas intenciones no se traduzcan en efectos indeseados. Tras años de intensas negociaciones, el Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez ha superado diferencias internas y ha consensuado a las puertas de las elecciones del 28 de mayo un texto con ERC y Bildu. Del amplio abanico de medidas, destaca la intervención temporal del mercado del alquiler, de forma que limita el aumento de los contratos al 2%, como ya se había aprobado para este año, al 3% el próximo y un índice por decidir a partir de 2025. Aunque hasta la fecha no se ha notado mucho, el tiempo dirá si los topes temporales son parte de la solución que pregona la izquierda o si complicará más la situación, como sostienen la derecha y el sector inmobiliario, que auguran una reducción de la oferta por falta de incentivo en la rentabilidad, por más que pueda complementarse con deducciones fiscales.

La ley que se aprobará en unos meses en el Congreso se ha inspirado en la catalana, que tumbó el Tribunal Constitucional, y en la balear, que ahora tendrá cobertura legal para desplegar su potencial, si las urnas acompañan y no hay contratiempos judiciales. Mientras el PP de Alberto Núñez Feijóo y Marga Prohens rechazan de manera frontal la iniciativa y abogan por la senda del libre mercado, la izquierda balear siente que se ha respaldado su acción política, pionera en esta materia e incluso hay quien piensa en ir más allá.

La presidenta Francina Armengol asegura que las islas serán la primera comunidad en declarar las zonas tensionadas -paso obligado para la limitación de precios- y que por los requisitos exigidos podría abarcar la casi totalidad del territorio. Por su parte, la diputada y candidata de Podemos, Antònia Jover, reclamó ayer en la Fiesta de Primavera de su partido cambios en la ley autonómica para aumentar de siete a veinte años la expropiación temporal a grandes tenedores, que ahora pasarán de ser dueños de diez viviendas a cinco. Lástima que un tema tan complejo y sensible no concite altura de miras de todos los implicados para consensuar una ley que perdure y aporte soluciones a una emergencia que no admite más dilación. Pues si algo ha quedado claro en vista de la evolución del sector de la vivienda de alquiler en las últimas décadas es que dejarlo al albur del libre mercado provoca una escalada de precios imparable, alimentada por una espiral especulativa en la que siempre es posible ganar más y más, que condena a una gran parte de la población a no poder acceder a un techo digno; disuade a los trabajadores de trasladarse a las islas (o quedarse) y lastra el funcionamiento de las empresas, administraciones y servicios a la ciudadanía.

DIARIO DE IBIZA