Los despropósitos de Madrid
En Madrid, que es donde se aprueban las leyes más importantes que afectan a todo el territorio del Estado, a veces se cometen una serie de disparates que demuestran el absoluto desconocimiento de los legisladores respecto a las cuestiones que pretenden ordenar. O eso, o es que despliegan de forma consciente una imperdonable dosis de mala fe por intereses espurios. Cuando algo así ocurre, acaba teniendo graves consecuencias en las economías locales, el entorno y el medio ambiente, además de generar injusticia y una inquietante atmósfera de aleatoriedad e inseguridad jurídica. Hace una semana, el presidente de la asociación balear de chárter náutico, José María Jiménez, manifestó que su sector se hallaba “en estado de shock”. La razón es que el Ministerio de Transportes ha creado una nueva ley que abre la posibilidad a que, a partir del 1 de julio de 2024, las embarcaciones de recreo de uso privado puedan ser utilizadas durante tres meses al año como barcos de alquiler. Esta incomprensible maniobra, constituye de facto, según los empresarios, la legalización de los denominados ‘chárter pirata’ que operan cada vez con mayor presencia en las islas, generando toda clase de conflictos y daños medioambientales.
El citado despropósito forma parte del nuevo Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima, incluido en el Boletín Oficial del Estado hace unas semanas, que permite que lanchas y yates de la lista siete, que son de uso privado, puedan actuar como si pertenecieran a la lista sexta, donde hasta ahora tenían que estar matriculadas las embarcaciones de alquiler. Puestos a autorizar sin límites la conversión de la propiedad privada en negocio de temporada, abracemos la idea sin complejos y permitamos que las casas de campo y los pisos urbanos puedan funcionar como hoteles rematando ya del todo el problema de la falta de vivienda. Dejen también alquilar los coches particulares durante la temporada y hasta convertirlos en taxis, transformar cualquier villa en restaurante o abrir temporalmente discotecas en el interior de las naves industriales.
La chapuza, de confirmarse la interpretación que hace la patronal del chárter náutico, es de tal magnitud que resulta inexplicable. Sin embargo, la palabra ‘chapuza’ tampoco define correctamente lo sucedido porque implica desidia y descuido, y dar un vuelco de estas características a la ley requiere planificación, estrategia y manejar muchos hilos. Dicen los empresarios que el cambio normativo obedece a las presiones ejercidas por el lobby empresarial madrileño, que pretende así impulsar la venta de muchas más barcas de recreo. Los consecuencias, en todo caso, son más que previsibles, ya que basta con analizar y extrapolar lo ocurrido con el alquiler turístico en viviendas particulares.
Si cualquiera que tenga una embarcación puede alquilarla, se generará un nuevo negocio que atraerá a más intermediarios a Ibiza, dedicados a gestionar y comercializar las barcas particulares. Éstas, además, serán susceptibles de emplearse también como alojamiento, tal y como ya está ocurriendo, por ejemplo, en la bahía de Portmany durante la temporada. Este aumento de la oferta provocará que el movimiento de lanchas y yates se multiplique también a pasos agigantados, incrementado la saturación que ya existe en las playas y calas, y los daños que se provocan en el lecho marino, muy especialmente sobre las praderas de posidonia, a consecuencia del fondeo ilegal. Y de la misma manera que ha ocurrido en ses Salines, Porroig y otros lugares, las calas se emplearán aún más como puerto de embarque y desembarque de pasajeros, pisoteando los derechos, la tranquilidad y la seguridad de los bañistas.
Previsiblemente, la compra-venta también se disparará porque habrá muchas empresas que quieran aglutinar barcas para comerciar con ellas. Este incremento, al mismo tiempo, disparará también la demanda de amarres, lo que imposibilitará, aún más, que los residentes puedan acceder o conservar los que ahora tienen y la barca o el llaüt con el que salen a pescar y pasear en la familia. Mantener una embarcación, que es algo común en muchas familias pitiusas desde antiguo, pasará a ser un imposible. Y probablemente podamos pronosticar también que afectará a la especulación con las casetas varadero, que es un fenómeno que ya existe, como alternativa a los amarres deportivos y las marinas.
Esta tendencia de permitir que cualquiera monte un negocio por la cara, sin tener que atravesar el rosario burocrático y los inmensos costes en papeleo que requiere poner en marcha cualquier negocio perteneciente a una actividad regulada, constituye no solo un agravio comparativo injustificable, sino un atropello en toda regla, además de dar alas a la competencia desleal. Viene a ser como si Uber o Cabify, en vez de aprovechar un vacío legal apoyándose en las nuevas tecnologías, los hubiese promovido directamente el Ministerio de Transportes. Rectifiquen, que aún están a tiempo, y expliquen a la ciudadanía el cómo, quién y por qué de esta vergonzosa decisión.
@xescuprats
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