Milei quiere imponer hasta seis años de cárcel a los que protesten en la calle contra su plan de choque

El 28 de diciembre, Día de los Inocentes, tan propenso en Argentina a la broma a prueba de incrédulos, Javier Milei salió al balcón de la sede del Poder Ejecutivo junto con sus ministros para tomarse una foto en la que parecen saludar a una multitud inexistente. El Gobierno de derecha radical no necesita de avales en el espacio público. Se vale del mundo virtual, donde es amo y señor, y el resultado electoral que ha abierto el camino para una verdadera revolución conservadora.

El movimiento obrero argentino convoca a su primera huelga para frenar los proyectos de Milei

Sobre esta base ha enviado al Parlamento un proyecto de ley que busca dejar atrás el marco institucional prexistente. Declara que Argentina se encuentra en un estado de "emergencia pública" y barre con el marco normativo en todas las áreas de la vida. La llamada "ley ómnibus" asigna al presidente un poder mayor al contemplado por la Constitución para cortar de raíz el funcionamiento tradicional de la actividad económica, financiera, fiscal, el sistema de pensiones estatales y la actividad cultural y deportiva.

Pero, además, intenta reducir al mínimo la capacidad de oposición en las calles. La iniciativa que debe aprobar o rechazar la legislatura limita al extremo el derecho a la protesta como un complemento a las restricciones al derecho a huelga definidas en el anterior Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Si la ley ómnibus se promulga la "congregación intencional y temporal de tres o más personas" puede castigarse con una prisión que puede llegar hasta los seis años si afecta el libre tránsito o los servicios públicos. Los movimientos sociales respondieron el reciente jueves con un corte de carreteras en la periferia bonaerense. El dirigente Luis D'Elía calificó la hoja de ruta de Milei de "inconstitucional a todas luces" y una manera de "consagrar los privilegios de la casta de ricachones de la Argentina". El movimiento obrero redobló la apuesta y convocó para el 24 de enero a una huelga general de 12 horas.

Criminalizar los movimientos sociales

"Convertir a la protesta social en delito fue el gran objetivo del anuncio del protocolo anti-piquetes de Patricia Bullrich, pero ahora la ley ómnibus del gobierno de Javier Milei pretende transformarlo en legislación y reformar el Código Penal con nuevas definiciones", señaló el diario 'Página 12'. "La norma propuesta criminaliza a los movimientos sociales, a organizadores, quita derechos políticos y hasta afirma el absurdo de que una reunión de tres o más personas en un espacio público es una manifestación que debe pedir permiso al Ministerio de Seguridad".

El estupor de los organismos defensores de derechos humanos es generalizado, entre otras cosas porque la iniciativa amplía la discrecionalidad de los uniformados para ejercer la violencia letal con el argumento de que actúan en legítima defensa e impide que los familiares de las víctimas los lleven a juicio.

Ofensiva radical

La ofensiva política de la ultraderecha es de una velocidad no contemplada ni siquiera por sus aliados circunstanciales. Primero promovió un decreto que busca desregular la economía, recortar derechos laborales, entre ellos el derecho a huelga, habilitar la venta de tierras a extranjeros y privatizar empresas estatales. Ese ambicioso proyecto ya suscitó tres protestas de relativa envergadura en las calles. La justicia ha recibido más de 30 demandas para frenarlo. A su vez, se ha puesto en marcha un riguroso ajuste que ha contemplado una devaluación del 118% de la moneda nacional, el peso, se ha resuelto eliminar subsidios al transporte y la energía a partir de enero y comenzar a despedir a miles de empleados estatales.

La ley que se remitió al Parlamento es de una amplitud que parece no dejar resquicio de las actividades sin transformar. Se busca eliminar el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto contra la Discriminación. Favorece el blanqueo de capitales de los grandes evasores de impuestos, habilita al Gobierno a tomar deuda externa sin pasar por el Congreso y privatiza la educación de extranjeros en las universidades públicas.

"Prescinde de la política"

Milei advirtió que si la Cámara frena sus planes convocará a una consulta popular. Los constitucionalistas ya le explicaron que sus efectos no serían vinculantes. El presidente está convencido de que juega una carrera contra el tiempo y debe actuar rápido antes que la inflación, de un 30% anual, se acelere y genere un malestar mayor e incontrolable. Pero si algo se impone por sobre todas las impresiones es el optimismo. "Los libertarios se apoyan en el 56% que los votó en las últimas elecciones y que, por ahora, sostienen, les mantiene su apoyo. La inminencia de la profundización de la crisis económica abre un signo de pregunta sobre cómo será ese apoyo a futuro", señaló el diario 'La Nación'.

Encrucijada sindical

"Milei prescinde de la política y dinamita el marco legal a pedir del mercado. Cien días marcados por la inflación desatada, el frente de las reservas y la paciencia de la clase media", consideró Diego Genoud, columnista del portal La política online. El jefe de Estado "advierte en la crisis del sistema de partidos y la pesada herencia económica la oportunidad gigantesca de imponer una transformación estructural que cumpla todas las fantasías de las grandes empresas y ponga de rodillas a las organizaciones colectivas que no responden al poder económico". El plan, remarca el analista, "no debería ser subestimado porque detrás suyo está el poder real, con los grandes estudios de abogados que trabajan desde hace más de dos décadas en un esquema que maximice sus beneficios y conocen a la perfección todos los nudos que el derecho corporativo ahora intenta desatar".  

El enojo colectivo de un país con 45% de pobres puede desembocar en escenarios impredecibles antes del 24 de enero cuando se realizará la primera huelga contra el Gobierno. "Sabemos que hay gente que no está dispuesta a cambiar y quiere poner palos en la rueda", dijo el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, sobre los planes del sindicalismo. El lenguaje de las autoridades y sus oponentes también promete encenderse con el correr de días inciertos.

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