Macron ilegaliza al colectivo 'Sublevación de la Tierra' e indigna a los ecologistas franceses

Una ilegalización que ha indignado a la izquierda y los ecologistas en Francia. El Gobierno francés ha decidido este miércoles la disolución del colectivo 'Sublevación de la Tierra', una organización ecologista con un importante seguimiento en el país vecino y partidaria de acciones directas —también con daños materiales— contra grandes infraestructuras. Contemplada desde hacía meses, esta decisión tiene lugar en un momento en que cada vez más Ejecutivos europeos apuestan por la mano dura contra los grupos ecologistas que llevan a cabo acciones de bloqueo y desobediencia civil para alertar ante la urgencia climática.

El Gobierno de Emmanuel Macron ha justificado esta polémica decisión por sus métodos "violentos". "El recurso de la violencia no es legítimo en un Estado de derecho y es esto lo que estamos sancionando", ha indicado el portavoz gubernamental Olivier Véran. 'Sublevación de la Tierra' "incita a cometer sabotajes y degradaciones materiales, incluso con violencia", ha añadido durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esta medida se ha tomado en la reunión gubernamental de esta mañana y ha tenido lugar la víspera de que Macron presida en París una cumbre mundial sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático.

Una ilegalización prevista desde hacía meses

Exigida por la patronal de la agroindustria y por el influyente sindicato agrícola FNSEA, el Ejecutivo macronista contemplaba esta ilegalización desde hacía meses. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, ya había tachado el pasado otoño de “ecoterroristas” a los integrantes de este colectivo. La “Sublevación de la Tierra” es una organización creada en 2021 por los militantes ecologistas que ocupan desde hace más de una década la Zona Autónoma a Defender (ZAD) en Notre-Dame-des-Landes (cerca de Nantes, en el noroeste), donde impidieron la construcción de un polémico aeropuerto, un proyecto abandonado finalmente por el mismo Macron a principios de 2018. Apuesta por un ecologismo radical y anticapitalista, una agricultura ecológica y modelos alternativos como el impulsado en Notre-Dame-des-Landes.

Su ilegalización se daba prácticamente por descontada desde finales de marzo. Entonces, se produjeron duros enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios durante una manifestación con varios miles de personas contra unos grandes embalses en Sainte-Solines, en el centro-oeste del territorio galo. Esa protesta se convirtió en una batalla campal: los manifestantes lanzaron piedras, petardos y cócteles molotov y la policía respondió con el lanzamiento de 4.000 granadas. Hubo 50 agentes heridos (la mayoría de ellos leves) y 200 manifestantes, dos de los cuales estuvieron en coma durante varias semanas.

El Gobierno no ha oficializado su ilegalización hasta ahora debido a las dudas legales que había sobre ella. “Esta ilegalización representa una vulneración especialmente grave de las libertades públicas”, ha denunciado en un comunicado el colectivo, quien ha advertido que “la batalla jurídica empieza a partir de ahora”. “Macron se precipita siguiendo las órdenes de los empresarios y olvida que la última vez que anunciaron nuestra disolución esto solo hizo que el movimiento se multiplicara y sus acciones y presencia creciera a lo largo del país”, dijo al diario progresista 'Libération' Benoît Feuillu, uno de los portavoces de este colectivo, quien reivindica hasta 100.000 militantes.

Mano dura contra grupos ecologistas

Además de las manifestaciones en Sainte-Solines, “Sublevación de la Tierra” había organizado acciones de gran impacto en los últimos meses contra proyectos que acaparan el agua y tierras agrícolas, como recientemente contra la nueva línea ferroviaria Lyon-Turín o con la intrusión en una fábrica de cemento de Lafarge cerca de Marsella. En relación con esta segunda acción, las fuerzas de seguridad detuvieron el martes a 15 militantes. A principios de mes, la policía antierrorista ya había arrestado a otra quincena en el marco de la misma investigación.

Aunque los métodos de este colectivo no generan consenso, su ilegalización ha suscitado una condena unánime por parte de la izquierda francesa. “La represión del movimiento ecologista, tan autoritaria como absurda, no sirve para esconder la inacción de Macron y su gobierno ante un modelo que destruye las condiciones de la vida”, ha lamentado en Twitter el eurodiputado Yannick Jadot, candidato de los verdes en las presidenciales francesas del año pasado. El insumiso Jean-Luc Mélenchon —una de las principales figuras de la izquierda en Francia— ha criticado que los activistas “sean reprimidos como terroristas que no son”. Y la oenegé Aministía Internacional ha asegurado que, tras esta ilegalización, “hace falta un recordatorio del derecho internacional”.

La ilegalización de esta asociación tiene lugar en un momento en que varios Gobiernos europeos apostaron por la mano dura contra colectivos ecologistas que llevan a cabo bloqueos y acciones directas. A finales de mayo, la policía alemana lanzó una macro-operación contra la organización ecologista "Lezte Generation" (Última Generación). Las fuerzas de seguridad neerlandesa arrestaron pocos días después a más de 1.000 personas tras un corte de carretera en La Haya organizado por Extinction Rebellion. Pese a la conciencia creciente sobre la urgencia climática, los métodos de las agrupaciones ecologistas más radicales molestan a una parte de la sociedad. Y se enfrentan a una reacción conservadora.