Condenado un aristócrata belga por su campaña contra el juez decano de Ibiza

La Audiencia de Baleares ha condenado a un conocido aristócrata de origen belga, llamado Luc Louis Chapelle, por impulsar una campaña de desprestigio contra el juez decano de ibiza, Sergio González. A través de una serie de escritos que presentó su abogado, con despacho en Barcelona, quien también ha sido condenado, el aristócrata pretendía amedrentar al magistrado para que le diera la razón en una demanda que había presentado. Denunciaba que le habían okupado un local que tiene en la zona portuaria de Botafoc y llego a implicar incluso a la mafia italiana que se concentraría en un restaurante de esta zona de ocio. El juez se pronunció en contra de esta demanda. La sentencia por el delito de injurias por publicidad que se impone a los dos acusados se limita al pago de una sanción económica.

La sentencia afirma que el aristócrata y su abogado, a raíz del proceso judicial, actuaron con «ánimo de presionar e influir en la actividad judicial» que dirigía el magistrado. Se dedicaron a presentar diversos escritos que, según señalan los magistrados de la Audiencia, no se ajustaban a las reglas legales que se deben cumplir en los procedimientos ante un juzgado. El abogado catalán llegó a enviar hasta 16 correos electrónicos, más una carta manuscrita, en los que le exigían al juez que adoptara decisiones que solo beneficiaba los intereses del aristócrata afincado en Ibiza.

Hubo un momento en el que el juez se cansó del tono de los escritos que recibía en su juzgado y decidió abrir una pieza separada por una supuesta mala fe procesal de la dirección letrada. Esta decisión se acordó en febrero de 2013 y concluyó con una sanción económica contra el abogado.

Antes de todo ello, el juez advirtió a Chapelle, pero sobre todo a su abogado, que cambiaran de actitud, pero no tuvo éxito. Tras la sanción económica que recibió la defensa, su respuesta fue enviarle un nuevo escrito al juez advirtiéndole que en nombre de su cliente presentaría contra él una denuncia ante el tribunal de la Unión Europea y que le acusaría directamente de un delito de prevaricación judicial. Días después continuó con la misma campaña de acoso y le anunció que sería denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial y también se informaría de sus decisiones, que consideraban ilegales, a la fiscalía de Barcelona, para que actuara contra el juez de Eivissa.

El tono de la carta manuscrita que le envió con posterioridad todavía fue más duro. Le señalaba que «su absurda reacción solo se puede explicar de dos maneras: o porque es usted simplemente incapaz de asumir su tarea o bien porque persigue intereses que no son los de justicia imparcial. En cualquier caso señor juez no es usted digno de su función». Y añadía que «un mínimo de humillada y clarividencia por su parte debería llevarle a a inhibirse de oficio por enemistad manifiesta y remitir el asunto a un homologo suyo. ¿Lo hará usted? o persistirá en su actitud, dándome cada día más elementos para querellarme contra usted por prevaricación judicial y mediatizar copiosamente el asunto para que la opinión pública se entere del trato que me reservó como víctima».

El siguiente paso de esta campaña consistió en un vídeo que se difundió en una red social, protagonizado por el abogado. En la grabación se dirige al juez y le advierte de que «usted va muy equivocado metiéndose contra mí y mi cliente. Utilizaré todas las vías de derecho que tenga a mi alcance contra su actitud prevaricadora». Después añadió que «usted es un incompetente, maleducado y sinvergüenza. Es la vergüenza de la magistratura y un peligro para los justiciables y se va a enterar en breve toda España de quien es usted». En el final de la grabación le lanza al juez una dura advertencia: «mire bien con quien se está metiendo, mírelo bien. Esto no es una amenaza, es un aviso a navegantes de las consecuencias legales que puede tener una prevaricación y una carencia».

Los dos acusados situaron estos escritos en un ambiente de crítica, quejas y manifestaciones de enfado por la lentitud en resolver el pleito civil y por el resultado de la demanda. Sin embargo, el tribunal de la Audiencia cree que no se puede aceptar este tipo de escritos dirigidos a un juez que debe resolver un determinado asunto. En la sentencia se analiza el contenido de los correos electrónicos y se señala que es lógico que el juez de Eivissa se sintiera perturbado por esta campaña de acoso y de desprestigio, y ello pudo además coaccionarle a la hora de adoptar las decisiones sobre este pleito.

La sentencia señala que es cierto que los jueces deben someterse a unas críticas aún mayores que las que sufre un ciudadano normal. Sin embargo, la crítica tiene un límite y los jueces de la Audiencia consideran que el contenido de los escritos es intolerable cuando se dirige a un magistrado sobre todo cuando se trata de influirle para que adopte una determinada decisión.

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