El Consell de Ibiza pide al Govern que recorte la tramitación ambiental en Urbanismo: «Es un agujero negro»

El Govern balear proyecta sacar adelante en los próximos meses nueva legislación urbanística, turística, agraria e incluso una nueva ley, al estilo de la del Consell de Ibiza, de simplificación de los trámites urbanísticos. El vicepresidente primero de la máxima institución insular, Mariano Juan, sostiene que una de las cuestiones que se tiene que abordar es la reducción de la tramitación ambiental para cuestiones urbanísticas, como las de aprobación de un nuevo planeamiento municipal. «La Comisión de Medio Ambiente es un agujero negro que absorbe los procedimientos y provoca que esta parte sea más larga que la principal, que es la urbanística. Esto es inasumible», subraya.

También apunta, en este sentido, que es «infumable y absurdo» que la tramitación de un estudio de detalle tenga que pasar también por el filtro de medio ambiente. «Sólo ordenan alienaciones de calles o rasantes y, además, nunca pueden alterar los parámetros del planeamiento municipal general que ya ha sido evaluado ambientalmente», justifica Juan, al tiempo que defiende que los informes de otras administraciones, también los del Consell, estén «más reglados» y quede «más claro su objeto».

Consulta pública previa para la nueva ley de Urbanismo

El Govern balear ha iniciado, una consulta pública previa para tramitar una nueva ley de Urbanismo con la justificación de que la normativa actual, la aprobada en 2017 por la izquierda (la LUIB), impone «un desdoblamiento» de los planeamientos municipales: la aprobación de un plan general y otro de ordenación detallada. La LUIB marcaba un plazo de dos años para redactar el doble plan a aquellos municipios que no dispusieran de instrumentos de planeamiento y de cuatro para los que sí lo tuvieran.

Prácticamente nadie lo ha hecho, destaca la conselleria balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, para justificar la tramitación de una nueva ley para eliminar este requisito. «Este cambio para agilizar los procesos no se ha demostrado especialmente más eficiente que el anterior», agrega la justificación.

De hecho, una de las propuestas del Consell de Ibiza es que la nueva legislación facilite a los ayuntamientos la aprobación de los planeamientos urbanísticos. «No puede ser que tengamos a Sant Antoni y Sant Josep empantanados con planeamientos de los ochenta cuando faltan equipamientos públicos. Hay que facilitarlo con la simplificación de los procedimientos y la tramitación ambiental», insiste.

También dice que el anterior gobierno autonómico «vendía como una virtud o una ventaja» la doble tramitación de los planeamientos urbanísticos, cuando «en la práctica resulta más complicado». «La prueba es que desde la aprobación de la LUIB en 2017 ningún ayuntamiento ha aprobado su planeamiento», dice Juan, quien aclara que el Ayuntamiento de Ibiza pudo aprobar en julio su PGOU precisamente porque la LUIB incluía «una disposición transitoria con una excepción para que pudiera tramitarlo con la ley anterior».

Otra cuestión que el Consell de Ibiza pedirá que el Govern incorpore en la nueva legislación urbanística es la de facilitar «la colaboración público-privada». En concreto, se refiere a que «en algunas comunidades autónomas se apuesta por descargar de trabajo a los ayuntamientos y ayudarles en la tramitación de licencias a través de las llamadas «entidades colaboradoras de la Administración». Se trata de empresas «homologadas» para echar una mano a los municipios en la redacción de informes urbanísticos. «Esto no quiere decir que sustituyan a los técnicos municipales porque, al final, la Administración pública tiene que informar. En Cataluña se ha desde hace tiempo, y creo que en Madrid también».

Actualmente, algunos ayuntamientos como Sant Josep y Sant Antoni ya contratan a gabinetes externos para hacer informes urbanísticos, pero Juan puntualiza que en estos casos «no están homologados» como las entidades colaboradoras con la Administración. «No puede ser que se tenga que esperar meses e incluso años para obtener licencias urbanísticas, sobre todo en suelo urbano. No tiene sentido», critica.

La herencia de ‘Coques’

Además, el Consell pretende que se modifique la ley para que las instituciones insulares «recuperen autonomía en la toma de ciertas decisiones». En este caso, el vicepresidente se refiere a que la izquierda modificó, en 2016, la regulación de las declaraciones de interés general para limitar que, en rústico, sólo se permita edificar si el uso de la construcción está «funcionalmente vinculado» a este suelo; o sea agrario.

Esto impide, por ejemplo, que se pueda declarar el interés general para construir una residencia para mayores en el terreno donado por el exalcalde Josep Tur Serra Coques, fallecido en enero de 2019, a Sant Josep y el Consell siempre y cuando, en un plazo de cinco años, se construyera esta infraestructura. Hay más ejemplos, según Juan, como la imposibilidad de que se amplíe la residencia Colisée para construir alojamiento para los trabajadores.

Juan defiende que sean lo consells insulares los que «decidan qué es de interés general en su isla». «Antes la ley no marcaba tantos requisitos y el Consell tenía un margen de discrecionalidad. Ahora no tenemos autonomía para otorgar el interés general, salvo para aparcamientos».

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