La exconsellera Jurado rehúsa responder a la jueza y su abogada denuncia que sufre una persecución

La exconsellera insular de Bienestar Social Lydia Jurado, de Unidas Podemos, pasó ayer muy rápido por los juzgados y rehusó explicar a la jueza su intervención en el caso Amadiba. Sólo apuntó, en respuesta a unas pocas preguntas de su abogada, Aina Díaz, que ella no cometió ninguna ilegalidad en la contratación de servicios a la Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad de Balears (Amadiba) durante el anterior gobierno progresista, entre los años 2015 y 2019, para la atención de menores con discapacidad intelectual grave y autismo.

Jurado, que figura como investigada en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, se negó a responder a las preguntas de la jueza y de la acusación particular, que ejerce el Consell de Ibiza, con el argumento de que no conoce el expediente instruido ni los motivos de su imputación. No hubo ningún representante de la Fiscalía.

Los hechos investigados se sustentan en la denuncia presentada por el Consell de Ibiza ante las supuestas ilegalidades cometidas por el anterior gobierno insular progresista en la contratación de Amadiba, al margen del procedimiento administrativo y sin fiscalización alguna, y que generaron una deuda aún sin saldar de 2,4 millones de euros. De hecho, cansada de esperar una solución, Amadiba ha acudido a la vía judicial para tratar de cobrar por los servicios prestados.

La letrada de Jurado dijo que su representada se comprometió ante la magistrada a acudir de nuevo al juzgado para declarar «cuando lo haya revisado todo». A la salida de los juzgados, la exconsellera rehusó hacer declaraciones a los medios de comunicación. Por su parte, su abogada se limitó a decir que «hace muchos años que persiguen a Lydia» con este asunto, al tiempo que destacó que «la Fiscalía ha dicho muchos veces que no había visto indicios de nada». «La propia Oficina Anticorrupción tampoco veía inicios de prevaricación, pero cuatros años después, estamos aquí», indicó Aina Díaz, que insistió en que «cuando se haya estudiado el expediente» volverán al juzgado para «explicar todo lo que se tenga que explicar».

Varapalo de Anticorrupción

En concreto, la letrada hacía referencia al hecho de que la Fiscalía ya decretó el archivo de este asunto al analizar hace unos años una denuncia por los mismos hechos. En cuanto a la Oficina Anticorrupción, este órgano también tramitó un expediente por el mismo asunto y concluyó que no había indicios de la comisión de ningún delito. Ahora bien, en su resolución, la Oficina Anticorrupción exigía «responsabilidades disciplinarias» de la exconsellera Lydia Jurado, cuando ésta ya no ocupaba ningún cargo público, por «la contratación irregular» de Amadiba.

También apuntaba que Jurado había dado «un trato de favor» a esta asociación al cederle un piso del Consell en la calle Bisbe González Abarca de Ibiza (el antiguo centro de menores) para «acreditar», con ello, su implantación en la isla y asumir luego «en exclusividad» en Ibiza el servicio que ya estaba prestando en Mallorca desde 2014. Además, pedía responsabilidades a la exconsellera por «una infracción muy grave», según la ley de transparencia y buen gobierno, al haber asumido «a nivel particular» unos compromisos de gasto sin crédito presupuestario para ello.

Por su parte, el abogado Fernando Mateas, que ejerce la acusación particular en representación del Consell, recordó que Jurado sabía desde el pasado 19 de diciembre, hace un mes, que ayer estaba citada a declarar para explicar su intervención en la contratación de Amadiba. «Es una posición procesal», dijo el letrado para justificar la decisión de la exconsellera de posponer su declaración para más adelante y limitarse a responder algunas cuestiones de su defensa. «Ha dicho que no había cometido ningún delito, que todo estaba correcto y que no hubo ninguna objeción, cosa que no es cierta porque no había ningún expediente administrativo que amparase la prestación del servicio. Además, me extraña sobremanera que si se concedió un servicio a una entidad, luego se rechazase el pago de facturas por un importe elevado. Este servicio se prestó al margen de cualquier procedimiento administrativo», resaltó Mateas. En su día, Podemos justificó el impago por «las trabas» que puso el secretario de la Corporación.

El dictamen de la técnica

El Consell denunció los hechos en los juzgados tras conocer el contenido del dictamen elaborado por una técnica de la institución que concluía que había indicios de delito en la contratación de algunos servicios a Amadiba sin ningún expediente. Considera que supuestamente se produjo «una confabulación o connivencia entre Amadiba y algunos representantes del Consell para la implantación de esta entidad en la isla». La acusación particular considera que la exconsellera podría haber cometido los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El dictamen también apunta que se podrían haber elaborado de «forma fraudulenta» dos contratos.

La exdirectora insular de Igualdad Judit Romero, también de Unidas Podemos, que tras su paso por el Consell fue contratada por Amadiba, declaró ante notario que el anterior presidente, Vicent Torres, del PSOE, encargó, en abril de 2016, al departamento de Bienestar Social que hiciera todo lo necesario para que saliera adelante la propuesta de Amadiba de implantar en Ibiza una red de servicios de atención diurna y residencial para las personas con discapacidad intelectual y para menores.

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