El equipo de gobierno de Santa Eulària se alía con Vox para apoyar la creación de una oficina antiokupación

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Eulària se alió ayer con la concejala de Vox para apoyar la creación de una oficina antiokupación por parte del Govern balear, tal y como está recogido en el pacto de gobierno, según apuntó el tercer teniente alcalde, Antonio Ramón, y que cuente con una «sucursal» en Ibiza. Aunque la propuesta de acuerdo de la concejala de Vox, Paula Salsono, [la primera que presentaba desde el inicio de la legislatura] instaba a que fuera el mismo Ayuntamiento quien creara la oficina para «dar soluciones» en caso de okupación ilegal, el PP modificó, a través de transaccionales, el texto instando en un primer punto al Gobierno a tramitar «una reforma legislativa» para garantizar los derechos de los ciudadanos así como el endurecimiento de las penas. El segundo punto, también redactado por el PP, señalaba el «apoyo» a la creación de una oficina antiokupación, dependiente del Govern balear, «que atienda a los vecinos de Ibiza».

En su exposición de motivos, Salsono recordó la okupación de los apartamentos del complejo turístico en 2021 y alegó que la «inacción» del anterior gobierno autonómico, la «elevada» demanda habitacional y los altísimos precios son los motivos que propician la «okupación ilegal».

Para la concejala del grupo ultraderechista la oficina antiokupación desempeñaría un papel «crucial» para aquellos propietarios afectados, ofreciendo «recursos, soluciones e información». Y es que, según alegó, las personas víctimas de la okupación ilegal «no saben cómo actuar o a dónde dirigirse».

A este respecto, el teniente de alcalde respondió que las víctimas de okupas deben acudir a «empresas privadas» de seguridad. «Es anecdótico que en España tengamos dos cuerpos de seguridad, Guardia Civil y Policía Nacional, y que la víctima tenga que buscar una empresa privada porque está avalado por la ley», fundamentó ante la sorpresa del grupo socialista y de Unidas Podemos.

El socialista Ramón Roca apuntó que los ciudadanos deben ir a la «justicia», mientras que el podemita Álvaro de la Fuente lo tachó de «lamentable».

Para el concejal del PP, con la legislación vigente es un «auténtico calvario» recuperar la vivienda okupada y detalló que genera un gasto de entre 3.000 y 30.000 euros volver a dejarla en buen estado, además de perder hasta un 60% del valor». Para los populares, la normativa vigente, además de ser «ineficaz», es «claramente una invitación» a realizar una okupación.

Roca, en su turno de palabra, defendió estar de acuerdo en la creación de oficinas siempre que los ciudadanos tengan una «necesidad perentoria de información que no pueden conseguir por otros medios». En este caso, criticó que Vox haya hecho de la okupación «un elemento del miedo» y tachó de «desmesurada» la propuesta presentada.

Unidas Podemos, por su parte, aseguró no entender la «necesidad imperiosa» de crear «alarma social». Calificó la propuesta de Vox de «farsa» y destacó que la problemática de la vivienda continuará porque no existe stock de viviendas «en un mercado tensionado, lleno de buitres y especuladores como es el inmobiliario». Debido a este mercado tensionado, hay muchas personas que «son okupas aunque no lo quieren ser, porque no consiguen hacer frente a un alquiler», concluyó.

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