Ibiza confía aún en mantener en 2024 la gratuidad de los autobuses

El vicepresidente, Mariano Juan, cree que el Gobierno central mantendrá la financiación de esta ayuda

Un grupo de pasajeros sube a un autobús en la parada del aeropuerto de Eivissa. | IRENE VILA

Un grupo de pasajeros sube a un autobús en la parada del aeropuerto de Eivissa. | IRENE VILA / eugenio rodríguez. eivissa

El Ayuntamiento de Palma y el Consell Insular de Menorca ya han anunciado que a partir del 1 de enero no se mantendrá la gratuidad universal del servicio de transporte público en autobús. Salvo a algunos colectivos, los usuarios tendrán que abonar los tiques por «la incertidumbre» sobre la formación del nuevo Gobierno central y los retrasos que este acumula en el pago de las bonificaciones.

El Consell de Formentera eliminó el mes pasado la gratuidad total, manteniéndola a los menores de 18 años, residentes y los usuarios que utilizan el servicio con frecuencia, por la dificultad, en su caso, de cumplir con los requisitos que impone el Estado para justificar el cobro de 429.000 euros que le concede para cubrir el servicio gratuito universal.

Pese a los anuncios de sus compañeros del PP en Palma y Menorca del final de la gratuidad del servicio en 2024, el Consell de Ibiza mantiene en pie su intención de que continúe. El vicepresidente primero, Mariano Juan, reconoce que este servicio «depende en gran parte de la financiación del Estado» y, pese a las dudas sobre la formación del nuevo Gobierno y sus intenciones, confía en que se pueda seguir con la bonificación íntegra «hasta que se aprueben las nuevas concesiones». «No contemplamos otro escenario. Creo que convenceremos al Gobierno central», indica Juan.

En este sentido, el vicepresidente y responsable en este mandato del departamento de Transporte apunta que, en el caso de que haya problemas en la constitución del nuevo Gobierno (si hubiera que repetir las elecciones), los Presupuestos Generales del Estado «se prorrogarían», por lo que se mantendría, en 2024, la partida prevista para cubrir la gratuidad del servicio. «No nos queremos poner en otro escenario peor. Estamos en el que el Estado seguirá pagando. Creo, además, que es lo que pasará», aventura Mariano Juan.

Hay que tener en cuenta que el Consell de Ibiza ya está trabajando en el presupuesto de la institución del año que viene, con la previsión de aprobarlo en noviembre. «Supongo que para entonces [la constitución del nuevo Gobierno y sus intenciones sobre la gratuidad] estará resuelto», señala Juan.

El vicepresidente, Mariano Juan, muestra una porrtada de Diario de Ibiza en el pleno del viernes.

El vicepresidente, Mariano Juan, muestra una porrtada de Diario de Ibiza en el pleno del viernes. / D. I.

El Gobierno central adoptó la decisión de bonificar el transporte público en septiembre de 2022 como respuesta al encarecimiento del precio de los carburantes y para ayudar a hacer frente a los efectos de la crisis por la guerra en Ucrania. Durante los últimos meses de 2022, el Consell de Ibiza cubría la mitad del coste, pero este año, el Gobierno aprobó financiarlo íntegramente pero sólo a los usuarios frecuentes. Para ello, las personas beneficiarias deben obtener una tarjeta de viajes en el Consell. Queda fuera de la ayuda pública la compra de tiques simples.

El vicepresidente primero advierte de que, sin la financiación del Estado, el Consell difícilmente puede asumir la carga económica que supone la gratuidad total. «Habría que hacer cuentas. No es una cuestión de voluntad política», recalca el vicepresidente primero.

Nuevas concesiones de buses

Por otro lado, Mariano Juan explicó en el pleno del viernes que la previsión es que «en el invierno de 2024» estén adjudicadas las dos nuevas concesiones del transporte público de Ibiza, que, según el equipo de gobierno, tiene que marcar un punto de inflexión en la calidad del servicio que se presta. El pleno aprobó un trámite previo a la licitación de las dos contratas.

Mariano Juan dijo que no podía hacer «promesas», sólo «pronósticos» porque la licitación será «muy complicada» y las empresas que opten al servicio «irán a colmillo» y, probablemente, «presentarán recursos unas contra otras». Recordó que en otras ciudades se está tardando entre un año y medio y dos en tramitar este tipo de licitaciones .

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