El Ayuntamiento de Ibiza exige al Consell más inspectores para perseguir pisos turísticos ilegales

Los partidos políticos de Ibiza no coinciden en una receta para solucionar el grave problema de acceso a la vivienda que existe en la isla. En lo que sí están de acuerdo es en uno de sus principales motivos: los pisos turísticos ilegales. Este jueves se vio en el pleno del Ayuntamiento de Ibiza algo poco habitual, el equipo de gobierno del PP votó a favor de una propuesta de Unidas Podemos: el ejecutivo de la capital pedirá al Consell de Ibiza que refuerce la plantilla de inspectores de Turismo para perseguir los pisos turísticos ilegales y reforzar la colaboración en las inspecciones con el Consistorio.

Este fue uno de los puntos de la moción presentada por la concejal morada, Guadalupe Nauda, que exigía la recuperación de la, inaugurada en abril por el anterior ejecutivo y cerrada por el actual. También pedía Nauda que se rectificara la política de vivienda del Govern balear e instar a la declaración de Ibiza como zona tensionada para regular el precio de los alquileres.

El concejal de Vivienda, Juan Flores aseguró que, a pesar de haber cerrado la Oficina de Vivienda, el servicio se sigue prestando. Tildó de «electoralista» la apertura de este servicio antes de las los comicios y explicó que los tres funcionarios que prestaban servicio en esta oficina estaban «mano sobre mano» y haciendo labores de «ordenanza», ya que enviaban a muchos de los usuarios a la oficina del Instituto Balear de Vivienda (Ibavi) por ser la competente en sus consultas.

Explicó que a lo largo del verano apenas se resolvieron una decena de consultas jurídicas, por lo que se decidió enviar a la auxiliar administrativa a la oficina del Padrón Municipal; al técnico a la oficina de Urbanismo y a la jurista de vuelta a las labores jurídicas municipales.

Indicó que al inicio de la legislatura la lista de espera en el Padrón Municipal era de tres meses, mientras que ahora está en cero y que el técnico de Urbanismo se encarga de las inspecciones técnicas de edificios, de las que había en torno a 800 por informar.

Cierre precipitado

Nauda echó en cara al equipo de gobierno que se hubiera cerrado la oficina sin apenas dar tiempo a desarrollar su actividad. La concejala por Vila recordó que durante su etapa en Sant Josep como edil de vivienda e impulsora de una oficina similar, el organismo atendió a mucha gente, «incluso de otros municipios que no contaban con este servicio». La propia oficina de Sant Josep reducía su actividad en verano al ser la época de menos consultas. «Evidentemente, la falta de personal es un tema que hay que solucionar, pero no puede ser a costa de quitarles servicios a los ciudadanos», señaló.

Por su parte, el concejal del PSOE, Jordi Salewski, se preguntó cómo se prestaba un servicio que no está anunciado en ningún sitio ni tiene un apartado en la web municipal. Criticó la ocultación de este servicio, para el que se había dispuesto una oficina a través de un convenio con el Ibavi, por lo que pidió explicaciones respecto al dinero destinado por el Govern balear. Flores contestó que la oficina sigue a disposición del Ayuntamiento y que verán qué hacer con ese espacio, cerrado de momento.

Salewski pidió al ejecutivo local que reconsiderase su decisión para ayudar a los ciudadanos y, en todo caso, recalibrar el servicio si no se prestaba del modo más adecuado.

Pisos de 60 metros

En cuanto a la Ley de Emergencia Habitacional impulsada por el Govern que plantea el crecimiento de los inmuebles en alturas, la posibilidad de dividir una vivienda en dos siempre que cada una supere los 60 metros cuadrados o la conversión de locales comerciales en viviendas, la concejal de Podemos auguró que esta medida servirá para echar a comerciantes «porque al propietario le rentará más alquilar dos pisos que tener un local».

Otros asuntos

El Pleno del Ayuntamiento de Ibiza también ha aprobado otorgar en la Fiesta de la Policía Local, que se celebrará el próximo 21 de octubre, las felicitaciones públicas, medallas y diplomas por haber destacado en sus actuaciones y servicios, "excediendo notoriamente de su nivel normal de cumplimiento", a un total de 34 agentes de la Policía Local del municipio: 27 policías locales serán reconocidos con la medalla con distintivo verde, seis con felicitaciones públicas y otro ha siete obsequiado con la medalla con distintivo blanco por su constancia. 

A continuación, el Pleno ha dado luz verde, de forma definitiva, a la modificación del contrato de gestión del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos, de transporte al vertido y de limpieza viaria y de playas con la empresa concesionaria Valoriza para incluir la reposición parcial de contenedores soterrados de la Marina, Arriba Vila, disponer de un vehículo más sostenible, adquirir casetas para cubrir los contenedores cartón comercial a la Marina y ampliar el número de papeleras en la ciudad con 167 unidades; 30 de ellas se instalarán a Vara de Rey y 25 a las paradas de taxi, ubicaciones donde todavía no había jefe. En total, el coste anual del servicio se incrementará un total de 187.426,24 euros, sin IVA, el que supone un aumento del 2,28% del precio del contrato durante el séptimo año. 

En concreto, las modificaciones llevadas a cabo son la sustitución de 56 contenedores soterrados en mal sido que se encuentran a la Marina y Arriba Vila, incorporar al servicio una furgoneta más sostenible y disponer de 10 nuevas casetas para cubrir los contenedores de cartón comercial a la Marina. "A la vista del mal estado en que se encuentran los contenedores actuales para cartón comercial situados en el barrio de la Marina y teniendo en cuenta la necesidad de ofrecer a los comercios de la zona espacios específicos para evitar su presencia en las calles del núcleo histórico y minimizar su impacto visual, se cambiarán los existentes por casetas de material de resina", ha explicado el cuarto teniente de alcalde, responsable del área de Embellecimiento y Transición Energética y regidor de Medio Ambiente, Limpieza y Edificios, Jordi Grivé.

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