«Ya nadie lleva suelto, pero que guarden unas monedas para los enfermos de alzhéimer»

«Ya sé que ahora ya nadie lleva suelto, pero, por favor, que guarden unas moneditas para los enfermos de alzhéimer y sus familias». Es la petición que hace Rosa Sánchez, presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Ibiza y Formentera (Afaef) y de la Federación de Asociaciones de Alzhéimer de las Illes Balears (FAIB) a falta de un par de jornadas para que se conmemore el Día Mundial de esta enfermedad, que se celebra este jueves. Y es que, como cada año en esa fecha, la asociación saldrá a la calle para visibilizar esta enfermedad y también para pedir ayuda a la sociedad ibicenca. «Estamos un poco mejor que hace un tiempo, pero necesitamos más ayudas para seguir prestando servicio a los enfermos de alzhéimer y a sus familias», comenta la presidenta.

Así, este jueves la asociación instalará mesas informativas frente a su sede, en la avenida Isidor Macabich, junto a Correos (de 9 a 14 horas) y en el paseo de Vara de Rey (de 17 a 19,30 horas). «Sólo le pido a la gente que cuando se acerquen con las huchas, por favor, colaboren, que nos hace mucha falta», insiste. Sánchez es ahora, desde que ocupa la presidencia de FAIB y conoce la realidad de otras asociaciones de las islas, de la situación especialmente delicada en la que se encuentra la de las Pitiusas.

El coste de los locales

Por los locales en los que tienen la sede y donde imparten talleres y prestan asistencia pagan unos 25.000 euros al año, unos gastos a los que hay que sumar los sueldos de los trabajadores, los suministros y el material. «Los locales de la asociación de sa Pobla, en Mallorca, se los ha cedido el ayuntamiento por quince años renovables y el Consell les acondicionó las instalaciones. La de Pollensa está en unos locales que hay en los bajos de la residencia y centro de día que también son cedidos. Y la asociación de Menorca tiene un local propio procedente de una asociación», relata la presidenta, que hace hincapié en el alivio que esto, no tener que pagar los locales, supone para una asociación, ya que pueden dedicar todo ese dinero a la asistencia y la ayuda a los afectados. «A nosotros nos cuesta 25.000 euros al año sólo el local. Y la reforma la pudimos pagar con la ayuda del Rotary Club, las fundaciones Abel Matutes y Julián Vilás, la imprenta Manonelles y la obra social de La Caixa», indica la presidenta, que lamenta que en Ibiza esto no esté resuelto. De hecho, confía en poder hacerlo en las próximas reuniones que tiene con el Consell y con el Ayuntamiento.

Sánchez agradece a ambas instituciones su colaboración. Al Consell por la furgoneta adaptada que llevaban tiempo necesitando y que les permite ofrecer a las familias servicio de transporte. «Está ya lleno. Si consiguiéramos no tener que asumir el coste del alquiler podríamos aumentarlo», deja caer la presidenta, que reconoce, eso sí, que han pasado de percibir 11.000 euros de la institución insular a 47.000. Sánchez también destaca la labor de Lola Penín, concejala de Bienestar Social de Vila. «Sin ella, no habríamos firmado el convenio y ese dinero se hubiera perdido», indica. El acuerdo tendría que haberse firmado en abril, sin embargo, según relata, no sólo no se hizo sino que, además, había problemas, por lo que Penín tuvo que ir «uno por uno» para conseguir que se pudiera firmar el convenio el pasado 8 de septiembre. También tiene pendientes reuniones con los demás ayuntamientos, ya que en la asociación atienden a familias de toda la isla.

"El dinero llega tarde y mal"

La situación económica, reconoce, ha sido apurada. «El problema es que el dinero llega tarde y mal. Tienes muchos proyectos y muy buenos, pero si son de 2023 los cobras al final de 2024. ¿Cómo pagas todos los gastos ese tiempo?», comenta otro integrante de la entidad. «El tema es que no atendemos sólo al usuario, es que asistimos también a su familia. Y eso supone unas tres personas por cada afectado», recalca la presidenta de la asociación. La demanda de ayuda es tal que en estos momentos tienen lista de espera. Familias a las que no pueden prestar servicio porque tienen todas las plazas ocupadas.

En esta situación se hace especialmente importante poder reducir los gastos, ya que esto permitiría contratar más personal y poder llegar a más personas que lo necesitan. «El problema es que hay muchas necesidades, nosotros, los niños con discapacidad, enfermos de cáncer... y muy pocos recursos. Las administraciones llegan a donde llegan», reconoce Rosa Sánchez, que señala que otro de los problemas a los que se están enfrentando últimamente es la dificultad para contratar personal. «Como en todos los sectores», lamenta Sánchez.

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