El desalojo de Casa Paola responde a una denuncia de su propietaria

El desalojo de los moradores de Casa Paola que se llevó a cabo ayer parte de una denuncia de la propia Francisca Sánchez Ordóñez, la responsable de las obras ilegales en esta finca, según pudo saber ayer este diario. Aunque se desconocen los motivos detrás de este desalojo, lo cierto es que el procedimiento urbanístico abierto por el Ayuntamiento contra la especuladora no guarda relación con los hechos que ocurrieron a primera hora de la tarde del miércoles en Casa Paola.

Así lo aclaró ayer Vicent Roig, alcalde del municipio. «Es un procedimiento meramente judicial. La Policía Local actuó porque desde el juzgado se nos solicitó un auxilio», indicó el primer edil a este rotativo. En paralelo, desde al Ayuntamiento se explicó que el proceso que debe culminar con el derribo parcial de Casa Paola «sigue su curso». En la actualidad, se está terminando de redactar el plan de derribo «de las partes de la finca que se sitúan fuera de la legalidad», explicó el alcalde, un plan que tendría que estar listo en breve, según fuentes municipales. Posteriormente, se licitará este plan de derribo para poderlo adjudicar y ejecutar.

El desalojo lo llevaron a cabo agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Sant Josep a primera hora de la tarde del miércoles por orden del juzgado de primera instancia número 1 de Ibiza. Las personas que se encontraban entonces en la finca abandonaron este complejo turístico sin resistencia.

Casa Paola se encuentra en la zona de es Cubells y cuenta con varias edificaciones ilegales. En esta finca se han erigido fuera de ordenación construcciones de uso residencial de unos 170 metros cuadrados y cuatro metros de altura, un aljibe de 75 metros cuadrados, una piscina de 100 metros cuadrados y una construcción anexa de 150 metros cuadrados, que posiblemente también sea de uso residencial. En total, una superficie de unos 500 metros cuadrados se ha construido sin licencia urbanística. Esta finca se encuentra cerca del terreno que ocupaba la ya derruida Casa Lola, otro complejo propiedad de la empresaria inmobiliaria Francisca Sánchez Ordóñez que el Ayuntamiento echó abajo el pasado año.

El Consistorio impuso en julio de 2018 una sanción de 341.305 euros por las obras ilegales ejecutadas en Casa Paola -el equivalente al 87,5% de la estimación del coste de las obras sin licencia-, e instó a su propietaria a restablecer la legalidad urbanística. Sin embargo, y como ocurrió con Casa Lola, el plazo para que Sánchez cumpliera la orden de derribo transcurrió sin que se llevaran a cabo las acciones requeridas. Por ello, es el Ayuntamiento el que asume la demolición de las obras ilegales.

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