La Guardia Civil caza a la letrada de Sant Josep prestándose a participar en informes externos: «Mientras yo no aparezca»

La Guardia Civil sostiene que la letrada municipal de Sant Josep Carla García, investigada en la causa de supuesta corrupción urbanística, se presta a hacer trabajos jurídicos retribuidos a través de personas interpuestas («compañeros», según se dice en conversaciones grabada por los agentes), en cuestiones sobre las que después, en su condición de funcionaria, tendría que emitir informes. Se investiga la posible comisión de los delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y cohecho.

Los agentes destacan una conversación de la letrada municipal, de finales de febrero de este año, con M.L., el arquitecto técnico de la promoción inmobiliaria Vadella 24, también investigado en la misma causa. El exalcalde Ángel Luis Guerrero contrató a este aparejador de palabra, pese a que una funcionaria advirtió a la letrada municipal de que no se podía hacer de este modo, para que hiciese la valoración del terreno de Platja d’en Bossa en el que se construirán los nuevos apartamentos Don Pepe.

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En la conversación de García con M.L., éste le transmite que para la gestión de una reparcelación en Cala Corral, en Sant Josep, necesitaría «probablemente algo de tema jurídico». «Lo digo por verlo con tu compañera o algo», agrega el aparejador, a lo que la letrada municipal responde: «Vale, por mí sí, sabes que mientras yo no aparezca».

En otro momento de la conversación telefónica, el aparejador transmite a la funcionaria que le habían pedido que hablara con ella por si le interesaba ver con su «compañera» la posibilidad de «echar una mano» sobre un asunto de Cala Molí, también en Sant Josep, que se pretendía retomar. La letrada municipal le responde: «A mí me da igual. No tengo ningún inconveniente. Lo único que, obviamente, no voy a participar de manera activa, pero vamos a darle las directrices a la... bueno yo trabajo con varios compañeros. No es solo uno».

Tras la confirmación de la letrada, el aparejador dice: «Una cosa es que tú me eches una mano aunque siempre aparezca otro, y yo quedo contigo y lo vemos, le pasamos honorarios y lo hacemos a través de una compañera, pero estamos nosotros dos ahí detrás». García le avisa acto seguido de que si le llama alguna abogada, será de su parte.

Instrucciones sobre Vadella 24

La Guardia Civil también destaca de la misma conversación que, en el caso de Vadella 24, la letrada municipal supuestamente facilitó un escrito a otra persona para que lo presentara como suyo. Sin embargo, lo que finalmente se presenta en el Ayuntamiento no es lo mismo, según interpretan los agentes. De hecho, la funcionaria explica a M.L. que lo que se presentó fue «un refundido». «Lo miré y luego miré el mío», indica en referencia a que le sorprendió que se mencionara una comunicación previa en vez de una licencia. «A ver si he puesto yo una comunicación previa y no había puesto licencia», se cuestionó, según explica García a M.L., al que advierte, sin embargo, de que este asunto depende del área de disciplina urbanística.

Sobre esta promoción inmobiliaria de Cala Vedella, la letrada advierte a su interlocutor de que el escrito presentado en el Ayuntamiento [por la persona técnica designada por la promotora] no hace referencia a la petición de ampliación del recurso de reposición ni habla de la titularidad (de la licencia). En este sentido, García recuerda a M.L. que el expediente de infracción urbanística se abrió porque la licencia estaba a nombre de otra sociedad y no se había transmitido. «Sin justificar eso, no os vamos a quitar la infracción. Y luego el tema de la comunicación previa. Ya lo hablé [con la persona que presentó el escrito]. Ya está, simplemente un comentario, que hagan lo que quieran», afirma la letrada municipal, que también dice en otro momento: «Porque así no va a funcionar independientemente de mi intervención».

Precisamente, el Consistorio abrió un expediente de infracción urbanística a la promotora de Vadella 24 y, en abril de 2021, ordenó, en un plazo de dos meses, «el restablecimiento de la legalidad»; es decir, la demolición de la estructura levantada del edificio.

Infracción "grave"

La instructora del expediente calificó de «grave» la ejecución de las obras sin el derecho de uso de la licencia, concedida en 2001 a Altike del Noroeste SL, cuyo representante, además, advirtió tanto al promotor como al Ayuntamiento que no daba su consentimiento para hacer uso del permiso de obra. Entonces, el criterio del Consistorio era que la licencia no es inherente al terreno y, por tanto, la propiedad no puede hacer uso de la misma si no está a su nombre u obtiene los derechos mediante una cesión. La promotora, que ya había vendido sobre plano la mayoría de los apartamentos, presentó un recurso directamente en el juzgado.

Sin embargo, el pasado 19 de mayo, nueve días antes de las elecciones, la junta de gobierno dio marcha atrás no sólo a la orden de demolición sino que levantó la suspensión de las obras (desde octubre de 2019) basándose en un informe de la letrada municipal en el que defendía que la transmisión de la licencia va implícita con el terreno. Para ello, se basó en un artículo de un magistrado del TSJB en una publicación sobre la Ley de Urbanismo de Balears que le había recomendado el abogado M.A., también investigado en esta causa.

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En otra conversación, la letrada municipal, mientras habla con otra funcionaria sobre quién podría firmar el informe, dice lo siguiente: «A mí esto me da igual, yo no tengo ningún interés. Vale, es una cosa que quiere el alcalde, pues si puedo ayudar, ayudo, pero...».

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