El exalcalde de Sant Josep contrató de palabra la valoración de los Don Pepe al aparejador investigado

El exalcalde de Sant Josep Ángel Luis Guerrero contrató de palabra a uno de los detenidos en la operación Magister dixit, el aparejador M. L., para que elaborase el estudio de valoración de los terrenos de Platja d’en Bossa donde se prevén construir los nuevos edificios de los apartamentos Don Pepe. En una conversación grabada por la Guardia Civil, una trabajadora del Ayuntamiento advierte a la letrada municipal Carla García, investigada en la causa, de que no se podía contratar de palabra. La letrada municipal informa a su interlocutora de que el alcalde le había dicho que M.L. en un par de días ya tendría el trabajo hecho y, por ello, preguntaba cómo tenía que hacerlo ya que, reconoce, «no hay presupuesto ni nada».

Tras advertir de que no se puede contratar de palabra (la letrada municipal reconoce que lo sabe), la trabajadora municipal apunta que probablemente el trabajo costará más de 5.000 euros, a lo que García responde que no lo sabe. La administrativa consultada, que señala que para contrataciones de hasta 5.000 euros se precisa de un informe de Intervención, y que, aunque sean menores, siempre se hace una propuesta de gasto, advierte de que esta contratación se tiene que fiscalizar de alguna manera. En todo caso, señala que se consulte a otra persona porque no domina el tema de las contrataciones.

La Guardia Civil considera que el exalcalde de Sant Josep conocía las irregularidades investigadas

Esta trabajadora declaró como testigo ante la Guardia Civil el día posterior al registro en el Ayuntamiento sobre esta conversación. En su declaración, la testigo dijo que no era habitual hacer contrataciones de palabra y que siempre se tiene que hacer una propuesta de gasto. Explicó, por ejemplo, que cuando se necesita la asistencia de un abogado, lo solicitan la secretaria municipal o García y ella le envía un mail a la persona escogida en la que le pide un presupuesto. Cuando lo recibe, se abre un expediente y se hace una propuesta de gasto y, si concierne a temas urbanísticos, el alcalde lo aprueba. También dijo que seguía el mismo procedimiento cuando el gasto era inferior a 5.000 euros y que existe una instrucción interna sobre cómo se debe hacer.

El arquitecto técnico contratado de palabra es una de las personas investigadas en la supuesta trama en la que participarían el exalcalde, la letrada municipal, dos abogados externos (M.A. y L.M.) y un constructor (B.A.) para lograr, mediante lo que la investigación denomina «procedimiento extraordinario», la concesión de licencias de obras «burlando» informes desfavorables de la arquitecta municipal con otros de profesionales externos al Ayuntamiento.

Así lo recoge el auto de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza que justificaba los registros del pasado 13 de junio en las dependencias de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Josep y los despachos profesionales de los detenidos. Los hechos que se investigan pueden ser constitutivos supuestamente de los delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación administrativa y cohecho.

La jueza instructora, a tenor del trabajo previo de investigación de la Guardia Civil, relaciona a M.L. con la letrada municipal en la gestión de un proyecto de reparcelación en la zona de Cala Corral. El auto judicial apunta que, presuntamente, la valoración de este terreno se lleva a cabo «sin ningún respeto» a la normativa que lo regula. En concreto, el aparejador, y también sus socios, requieren informes y asesoramiento de la letrada municipal respecto de la reparcelación de Cala Corral, y de otros expedientes, según el auto. Precisamente, este aparejador es también el director de la obra de Vadella 64 y Vadella 24, en Cala Vedella.

Además, el auto señala que la pareja de este arquitecto técnico también elabora informes externos para el Ayuntamiento.

Declaración ante la Guardia Civil

M.L. fue detenido por la Guardia Civil en Sant Vicent del Raspeig, en Alicante, donde tiene su despacho profesional. A diferencia de los detenidos en Ibiza, que se acogieron a su derecho a no declarar en las dependencias policiales y luego también en el juzgado, el aparejador sí lo hizo. En su declaración por su supuesta implicación en un delito de cohecho, M.L. explicó ante los agentes que, aparte de llevar la dirección de diversas obras en Ibiza, también realiza tasaciones. Reconoció que fue el exalcalde Guerrero quien le solicitó la tasación de los Don Pepe el pasado mes de marzo debido a su «prestigio como tasador en la isla».Esta era la primera vez, indicó, que le contrataba el Consistorio. En concreto, Guerrero le llamó para concertar una reunión en la que éste le planteó el trabajo. En dicho encuentro, según su declaración, no se acordaron los honorarios, aunque dijo que suele percibir el 1% del valor final tasado. Durante su declaración el pasado día 13, aún no había cobrado por este trabajo, en torno a 2.000 euros, según declaró a los agentes.

También dijo que conocía a Guerrero desde hace cuatro años aproximadamente, cuando era inicialmente concejal de Urbanismo, y que había mantenido varias reuniones técnicas con él. En cuanto a su relación con la letrada municipal Carla García, el arquitecto técnico también afirmó que es «estrictamente profesional» y que en los últimos cuatro años se ha reunido con ella cuatro o cinco veces y, en una ocasión reciente, en su despacho privado de Sant Jordi para tratar sobre una licencia del municipio de Sant Antoni. Al margen de estas reuniones, la Guardia Civil ha grabado conversaciones telefónicas entre ambos.

En una de ellas, según ha podido saber este diario, el arquitecto técnico le pide a la letrada municipal la posibilidad de reunirse con ella junto a otras dos personas para aclarar un asunto. En concreto, se trata de una reclamación de responsabilidad patrimonial. El investigado, según destaca la Guardia Civil en uno de sus informes, apunta que se podían ver para «preparar algún escrito en el que el Ayuntamiento se sienta cómodo y en el que, obviamente, la empresa también, y tenga las espaldas un poco guardadas de cara a algún cliente».

La contratación de su pareja

En cuanto a la relación de su pareja con el Ayuntamiento, el investigado declaró que es «una de las arquitectas técnicas externas» que emiten informes para la concesión de licencias y que hay entre tres y cuatro técnicos más que llevan a cabo esta función. Al ser preguntado por cómo fue contratada, M.L. explicó que, en una reunión con el exalcalde el año pasado, este le preguntó si conocía algún técnico que, dado el colapso existente, pudiera echar una mano al Consistorio en la gestión de licencias. Le respondió que su mujer era «una excelente profesional» y que podía estar interesada. Posteriormente, Guerrero se reunió con esta arquitecta técnica y cerraron un acuerdo. Los honorarios pactados son los que estipula el Colegio de Arquitectos de Balears. M.L. puntualizó acto seguido que, en ningún caso, su pareja había informado alguna licencia de algún proyecto suyo o de sus clientes.

Por otra parte, en cuanto al papel de los dos abogados investigados en la supuesta trama, en el caso del abogado M.A., la jueza sostiene, con base en la investigación de la Guardia Civil y las escuchas telefónicas, que tendría una relación directa con la letrada municipal Carla García y con el exalcalde Ángel Luis Guerrero.

El auto judicial señala que incluso supuestamente daba instrucciones o indicaciones al exalcalde sobre cómo resolver «problemas legales» e incluso participó en la designación del técnico municipal que debía emitir un informe sobre un expediente que afectaba a alguno de sus clientes. También apunta la jueza instructora que, en al menos una ocasión, trató directamente con un técnico externo cuyos honorarios eran sufragados por el Ayuntamiento.

Acelerar trámites

En el caso de la abogada L.M., la jueza indica que también colabora de forma estrecha con García y que acude a ella para obtener información sobre expedientes o ayuda para «acelerar» trámites de terceras personas. La jueza destaca que, en algunas conversaciones grabadas, esta manifiesta a sus interlocutores que «... se lo pasan a Carla y ella actúa rápido».

También habría intervenido en las gestiones para obtener la licencia para unas obras de reforma en sa Sal Rossa, en el Parque Natural de ses Salines, valiéndose de informes externos favorables y, según el auto de la jueza, de «las relaciones políticas y jurídicas» con Guerrero y García. La jueza apunta que sería un caso similar al de Cala Bassa y es Cubells, los que marcaron el inicio de la investigación, al tratar de ejecutar una obra nueva a partir de un permiso de reforma.

Sobre el proyecto de sa Sal Rossa, el constructor investigado (B.A.) mantuvo una reunión en el despacho privado de Sant Jordi de García en la que esta le explicó cómo tenía que responder a un requerimiento de subsanaciones técnicas por parte del Ayuntamiento.

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