La Guardia Civil considera que el exalcalde de Sant Josep conocía las irregularidades investigadas

La Guardia Civil considera que el exalcalde de Sant Josep Ángel Luis Guerrero conocía las supuestas irregularidades urbanísticas en las que, presuntamente, estaría implicada la letrada municipal Carla García. Así se desprende de las conversaciones grabadas y que propiciaron, en la operación Magister dixit, la detención de ambos, además de las de dos abogados, un constructor y un aparejador.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza investiga la presunta comisión de los delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación administrativa y cohecho. En concreto, se considera que los investigados habrían orquestado «un procedimiento extraordinario» para la concesión de licencias «burlando», supuestamente, los informes técnicos negativos de la arquitecta municipal. Para ello, se encargaban dictámenes de profesionales externos al Consistorio para facilitar las obras.

La investigación se inició por el derribo de una casa antigua en Cala Bassa con una licencia de reforma

La investigación iniciada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil señala que Carla García, en su condición de letrada municipal, sería la que facilitaría los trámites de «una manera ajena y contraria a sus funciones públicas», según recoge el auto por el cual la jueza dio luz verde al registro de las dependencias del Ayuntamiento, del despacho privado de la letrada y de los del resto de detenidos.

García mantenía reuniones extraoficiales con promotores, constructores o abogados, ejercía de asesora en asuntos relacionados con su actividad como funcionaria municipal y daba las directrices o participaba directamente, según recoge la investigación de la Guardia Civil, en la resolución de posibles obstáculos urbanísticos.

Contratada por el constructor

El auto señala que el constructor detenido B. A. tendría «contratada» a la funcionaria para las funciones de asesoramiento, gestión e incluso elaboración de escritos en los que luego ella tendría que informar en calidad de funcionaria. En este sentido, la resolución judicial apunta incluso que el constructor y un aparejador mantuvieron una reunión en el despacho profesional de García en Sant Jordi para que ésta les explicara cómo tenían que responder a un requerimiento de subsanaciones por parte del Ayuntamiento, en relación a un proyecto de la zona de sa Sal Rossa para obtener el permiso de obra.

De hecho, el constructor presumía de sus contactos con el Ayuntamiento, según recoge el auto con base en las conversaciones grabadas. «San José [el Ayuntamiento] me lo mira en un pispás, porque yo trabajo mucho con técnicos de San José externamente... yo les pido el favor y esas verificaciones y a mí en 24 horas me dicen si tiene algo o no», señala el constructor en un extracto de una conversación. En otro momento, según la investigación, se confirma la existencia de una remuneración, aunque podría ser, no se especifica, por su trabajo de asesoramiento en su despacho privado: «La Carla lo sabe esto, que para eso la estamos pagando».

La letrada municipal también facilitaba, supuestamente, información extraoficial sobre los expedientes, según el auto.

Petición de informes externos

En cuanto al exalcalde, la investigación interpreta que estaba al tanto de las supuestas irregularidades urbanísticas en las que, presuntamente, estaría implicado la letrada municipal, por el hecho de que ésta le pedía que se encargasen informes externos para amparar ciertas obras. En este sentido, el constructor, en una conversación con un aparejador, explica que, en el proyecto de sa Sal Rossa, se intentaron «cosas» que se habrían, supuestamente, consensuado con el alcalde y la letrada municipal, pero el técnico «no las había tragado».

El constructor también dijo sobre este proyecto que, según el compromiso adquirido con Guerrero y García, se iba a colocar en «la cola exprés» para que saliese antes de las elecciones.

También destaca el auto que Guerrero tenía «mucho interés» en un expediente de Cala de Bou porque el exalcalde tenía mucha relación con una persona, que, según afirma la letrada municipal en otra conversación telefónica, se portaba muy bien a nivel político y le debían algún favor.

La investigación apunta, además, que el exalcalde, supuestamente, habría hecho contrataciones de «palabra», también según una conversación grabada a la letrada municipal, en concreto para hacer una valoración de los apartamentos Don Pepe y que designaría «a dedo» a los técnicos que se debían encargar de cada asunto.

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