Sant Josep cambió de criterio para levantar la suspensión de las obras de la promoción Vadella 24

A nueve días de las elecciones municipales, el pasado 19 de mayo, la junta de gobierno de Sant Josep aprobó la propuesta del exalcalde Ángel Luis Guerrero de estimar el recurso de la promotora y levantar la suspensión de las obras de Vadella 24, una promoción inmobiliaria de 20 apartamentos, piscina y aparcamiento de Cala Vedella. Vadella Mediterranean Homes tiene previsto retomar las obras tras el verano, cuando finalice el bando que impide construir durante la temporada en zonas turísticas.

El levantamiento de la suspensión de esta promoción, que según la letrada municipal Carla García, en una conversación grabada por la Guardia Civil el 9 de mayo, es «una cosa que quiere el alcalde», también forma parte de la investigación de la supuesta trama de corrupción urbanística por la que se investiga, por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y cohecho, al exalcalde Ángel Luis Guerrero, la letrada del Consistorio Carla García, dos abogados externos (M.A. y L.M.), un constructor (B.A.) y un aparejador (M.L.), que precisamente es el director de la obra de Vadella 24.

Las obras de Vadella 24 se paralizaron en octubre de 2019, cuando se había levantado la estructura del edificio, después de que la dirección general de Recursos Hídricos, dependiente de la conselleria balear de Medio Ambiente, advirtiera de que se ubica en la desembocadura del torrente y no lo había autorizado.

Disputa sobre la licencia

Aparte de esta cuestión, existe una disputa entre la propiedad del terreno (Vadella Mediterranean SL tras su venta por parte de UMSA, la entidad urbanizadora de Cala Vedella) y el titular de la licencia de construcción (Atika del Noroeste SL). La licencia concedida por el Consistorio en 2001, al amparo de un proyecto firmado por la arquitecta Pilar Fernández, condenada por la trama de corrupción urbanística del difunto exarquitecto municipal Antonio Huerta, contemplaba la construcción de dos edificios. El Cora Beach, situado en la esquina de la playa, está construido desde hace unos años.

Por el inicio de las obras de Vadella de 24 sin el derecho de uso de la licencia (el titular advirtió al Ayuntamiento de que no autorizaba la ejecución de las obras), el Consistorio abrió un expediente y ordenó «el restablecimiento de la legalidad urbanística y la realidad física alterada»; es decir, el derribo de la estructura construida. Eso fue en febrero 2021. La promotora, que presentó un recurso en el juzgado, reveló que el titular de la licencia reclamaba el pago de «la suma exorbitante de 800.000 euros» para ceder su uso.

La propiedad también presentó una resolución de la dirección general de Recursos Hídricos, de abril de 2022, de archivo del expediente abierto tras constatar que, en contra de lo inicialmente apuntado, las obras no se ejecutan en dominio público. Según el visor de la red hidrográfica, los técnicos advirtieron de que esta promoción se levanta en la desembocadura de un torrente, pero posteriormente los técnicos comprobaron in situ que «debido al proceso urbanizador iniciado en la década de los años 80, el lecho del torrente había desaparecido», según informó Medio Ambiente.

El artículo de la LUIB

Sin el obstáculo de Recursos Hídricos, el Consistorio levantó la suspensión de las obras con un informe firmado por la letrada municipal Carla García, en el cual justificaba, con base en un artículo de Fernando Socías, magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Balears, en la publicación ‘Comentarios a la Ley de Urbanismo de les Illes Balears (LUIB), que «queda claro que ante la ausencia de comunicación de la transmisión de la licencia, ésta se entiende implícita en la transmisión de la finca pues no existe precepto legal alguno que exija dicha comunicación expresa en el título que origina la cesión». Con este criterio, al margen de la oposición del titular de la licencia de Vadella 24, la letrada dio por buena la transmisión del permiso de obra.

Se da la circunstancia de que en una de las conversaciones grabadas por la Guardia Civil con el abogado M.A., también investigado en la causa, Carla García explica que otra técnica municipal le había dicho que «el Ayuntamiento siempre había defendido que la licencia no seguía al terreno». Luego, García le dice al abogado que éste le «hizo ver» lo del «artículo de la LUIB», que ella asegura compartir, aunque acto seguido señala que a la compañera del Consistorio le «gustaría tener un informe».

Además, la letrada municipal le transmite a M.A. otro problema: «Quiero levantar la suspensión, pero a la vez quiero contestarle a ... [un arquitecto técnico que desde hace años denuncia supuestas ilegalidades en Vadella 24 y 64] porque, claro, levantar la suspensión cuando tengo de antes una petición de revisión [de la licencia por parte del denunciante]...». «No sé si tú lo ves como yo. Levantar una suspensión que se me ha pedido con posterioridad sin haber resuelto una previa de revisión o caducidad», apunta García, que, en otro extracto de la conversación, admite que tenía «parada» la petición del denunciante.

Su interlocutor le pregunta los motivos para revisar la licencia [es del año 2001], a lo que la letrada municipal responde que le hablaba de memoria, pero que seguramente era porque «estaba mal dada». El abogado le pide que le pase el escrito del denunciante para ver sus argumentos y la letrada le dice que lo hará. Ésta luego asegura que no debe parecer que el Ayuntamiento «está siempre del lado del promotor», sino que «se lleve todo en paralelo».

Sin respuesta sobre la caducidad

Sin embargo, tras firmar por parte de la letrada municipal, el 18 de mayo, el informe a favor de levantar la suspensión de las obras, al día siguiente lo aprobó la junta de gobierno. Tres días después, la promotora presentó un escrito en el juzgado para suspender el contencioso administrativo sobre este asunto. Un mes después, el pasado lunes, el denunciante de Vadella 24 presentó un nuevo documento en el Ayuntamiento en el que solicitaba una vez más que, «tras casi dos años de inexplicable demora», se decretase la apertura del expediente de declaración de caducidad de la licencia de esta promoción. La primera vez que lo solicitó fue en agosto de 2021 y aún no ha recibido ninguna respuesta.

El debate sobre cómo levantar la suspensión de Vadella 64 se mantuvo también entre los propios funcionarios del Ayuntamiento, según el contenido de algunas conversaciones telefónicas grabadas por la Guardia Civil. Según ha podido saber este diario, en una de ellas, una funcionaria expresa a la letrada municipal su malestar por el hecho de que otra técnica de la casa le hubiera dicho que el alcalde le había encargado que hablase con ella para que «se arregle ya».

En otra conversación del 9 de mayo de la letrada municipal con esta técnica, de la que se deduce que aún no estaba claro quién iba a firmar el informe, García llega a decir: «... ya está, lo firmaré, me da igual». Acto seguido, su interlocutora apunta la posibilidad de que no sea necesario porque se va a pedir a «unos abogados externos» que lo hagan. La letrada municipal aclara posteriormente que si no lo firma no es porque no crea en ello, pero recuerda que el denunciante de Vadella 24 ya presentó una denuncia contra ella y no tiene ganas de verse en la misma situación.

García añade que si lo tiene que hacer, lo hará. Luego, en otro momento de la conversación, afirma: «A mí esto me da igual, yo no tengo ningún interés. Vale, es una cosa que quiere el alcalde, pues si puedo ayudar, ayudo pero...». Su interlocutora insiste en que el alcalde le había pedido que fuera a ver a otra funcionaria para analizar cómo se podía «desatascar» este asunto. Sostiene también que «no es que no crea en ello», pero reconoce que, en su momento, hizo «una cosa rápida para que siguiera paralizado» y ahora tener que decir que se equivocó, «no es plato de buen gusto».

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