Seis detenidos en la operación de la Guardia Civil en Sant Josep, entre ellos un constructor de Ibiza y un aparejador de Alicante

Un constructor de Eivissa y un aparejador de Alicante son los otros dos detenidos que se suman a los arrestados ya conocidos en la operación contra la presunta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Sant Josep, bautizada como ‘Magister dixit’ por la Guardia Civil:el alcalde en funciones de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, y los abogados Carla García (letrada municipal), Lourdes Marí Garrido y Manuel Alcaide. Aunque el constructor y el aparejador fueron detenidos también el martes, sus arrestos no trascendieron hasta ayer. Entre los registros efectuados anteayer en la isla se encuentra también la oficina de la constructora del quinto arrestado en Ibiza. 

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Al parecer, la parte operativa de la investigación ordenada por la jueza del juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, ya ha concluido y no se esperan más detenciones. Ahora continúa la toma de declaraciones a los arrestados y el análisis de toda la documentación intervenida durante el registro del Ayuntamiento de Sant Josep, tanto en papel como extraída de los ordenadores. Los abogados de los detenidos confían en que pasen hoy mismo a disposición judicial. El alcalde sigue en el cuartel de la Guardia Civil de Sant Antoni y los otros cuatro arrestados en la operación están en el cuartel de Can Sifre. 

Aparejador de Vadella 64

Ayer a mediodía se conoció en Alicante la detención del aparejador de la promotora de Vadella 64, Miguel López, en la localidad Sant Vicent del Raspeig, por su presunta implicación en este caso, según confirmaron a EFE fuentes de la investigación. Esta detención se produjo también el martes en Alicante, en paralelo a los registros y detenciones practicados en el Ayuntamiento y en despachos de abogados y del director de proyectos de una constructora de Ibiza, del cual se conoce solo su apellido, Alonso. En concreto, se registró un despacho que el aparejador tiene en el municipio alicantino de Sant Vicent del Raspeig. Para el operativo desplegado en la isla se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Mallorca, de los Equipos de Investigación Tecnológica (Edite) y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).

La detención del aparejador de Vadella 64 apunta al posible motivo del operativo de la Guardia Civil, ordenado por el Juzgado de Instrucción 3 en un proceso que se encuentra bajo secreto de sumario. El conjunto Vadella 64, sobre el que se centraría la investigación, está formado por 64 estudios de uso comercial y 38 locales-taller, que con el paso del tiempo se han comercializado como apartamentos de lujo.

El complejo forma parte del desarrollo urbanístico que dirigía el ya fallecido exarquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta, y cuyo proyecto fue redactado por la empresa de la entonces nuera de Huerta, Pilar Fernández. La licencia de obras de Vadella 64 se otorgó en el año 2003, durante el gobierno del PP y, según consta en ella, la edificación debía estar ejecutada en diciembre de 2005, pero el plazo se incumplió.

Licencia de 2005

La licencia se concedió a Urbanizadora Mediterránea SA, que a su vez en abril de 2005 la transmitió a Cobblestone S., la actual promotora. Además de incumplirse el plazo, entre el año 2008 y el 2015 no hubo actividad, ya que en 2007 se ordenó la paralización de las obras y la apertura de un expediente de infracción urbanística por exceso de construcción. En mayo de 2016, la junta de gobierno acordó iniciar los trámites para la declaración formal de la caducidad de la licencia de Cala Vedella, sin embargo la promotora alegó «abuso de derecho» por parte de la administración municipal.

Tras la denegación de las cédulas de habitabilidad en 2017 por parte del Consell, la administración insular denunció ante la Fiscalía, con el fin de evitar el fraude a terceras personas, la comercialización de los estudios de uso comercial como viviendas de lujo. Ya en 2020, uno de los abogados ahora detenidos, Manuel Alcaide, advirtió al Consistorio del riesgo de «blanquear un pelotazo urbanístico de pingües beneficios para el promotor», como publicó Diario de Ibiza.

Por otro lado, un particular presentó en febrero del mismo año una denuncia ante la Fiscalía de Ibiza para pedir medidas cautelares y que se investigase la difusión de publicidad presuntamente «engañosa y fraudulenta» para vender, como si fueran pisos, los estudios de uso comercial de la promoción Vadella 64.