El Consell de Ibiza ordena el derribo de un chalet ilegal en Punta Galera
La propiedad debe demolerlo en el plazo de un año
El chalet ilegal está en Punta Galera / Consell de Ibiza
Redacción
El Consell Executiu del Consell de Ibiza ha ordenado la demolición de un chalet ilegal en primera línea de costa que recientemente ha sido objeto de una reforma integral y una ampliación sin disponer de licencia municipal de obras.
Estos trabajos se han ejecutado en una parcela ubicada entre Cala Llosar y Cala Salada (Sant Antoni de Portmany) en suelo rústico protegido por el área de protección territorial de costa. Entre las edificaciones que deben ser demolidas se encuentran: la vivienda -un chalet de dos plantas-, varias terrazas, siete salas técnicas, una piscina, muros y cerramientos, así como un camino privado de acceso a la costa que transcurre por zona de servidumbre de protección hasta dominio público.
Todas estas actuaciones, recuerda el Consell en una nota, son contrarias a la ordenación territorial y urbanística y, por lo tanto, "manifiestamente ilegalizables", lo que implicar que la propiedad debe derribarlas en el plazo de un año.
Si el propietario incumple la orden del Consell, se enfrentará hasta a 12 multas de 75.346,86 euros cada una, correspondientes al 10% del valor de las obras ejecutadas.
Si aun así no demoliera las construcciones, el Consell podrá ejecutar el derribo y repercutir los gastos al infractor.
Delito contra la ordenación del territorio
Además, el Consell avanza que, sobre estas obras ilegales, existe actualmente un procedimiento penal que está siendo instruido por los juzgados de Ibiza por un posible delito contra la ordenación del territorio que puden conllevar penas de hasta cuatro años de cárcel para el infractor.
El Consell recuerda que, durante esta legislatura, el departamento de Gestión del Territorio ha conseguido que se derriben cinco construcciones ilegales (una vivienda en Cala d'Hort, otra en Corona, dos construcciones tipo yurta en ANEI y una instalación en costas) y ha remitido a la Fiscalía seis denuncias por delitos contra la ordenación del territorio en suelo protegido, además de sus correspondientes sanciones.
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