La primera ley educativa de Balears es ya una realidad tras su aprobación ayer en el Parlament con los votos a favor de los partidos de izquierdas. PSIB, Més per Mallorca, Podemos, Més per Menorca y Gent per Formentera contaron, además, con el apoyo de los regionalistas de El Pi. El PP votó en contra y se esfumó el anhelado consenso del conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March.
Uno de los puntos importantes es el decreto de mínimos, que establece un mínimo del 50 por ciento de horas lectivas en catalán y la autonomía de los centros para decidir si quieren aumentarlas. El PP quería que el Govern incluyera explícitamente la obligatoriedad de un 25% en castellano, pero el lunes quedó cerrado ante la negativa de los socios de Més.
March reivindicó que se trata de una ley de «continuidad» que aporta «coherencia y estructura» al sistema educativo de las islas. En su turno de palabra, el conseller agradeció a todos los partidos menos a Vox su «voluntad de consenso y negociación» pese a no haber podido llegar a grandes acuerdos. March llevaba meses tratando de sumar al Partido Popular, pero los movimientos políticos de este fin de semana dinamitaron el acuerdo y, por tanto, la normativa se aprobó únicamente con los socios habituales del Govern.
La diputada del PP Marga Durán fue muy crítica con el conseller porque «por culpa suya no habrá una Ley de Educación de consenso». Lamentó que durante toda la tramitación había dicho que esto no sería una ley de lenguas para «finalmente imponer la inmersión». La decisión de votar en contra de todos los artículos se justificaba, según explicó, «por la decisión del Govern de romper el consenso» al que se había llegado. Durán recordó que su posicionamiento había sido, desde el primer momento, que el castellano fuera una lengua vehicular en los centros educativos de Balears.
Asimismo, reprochó al PSIB que «tendrán que explicar por qué no quieren que haya un mínimo de castellano y por qué hacen seguidismo del modelo lingüístico de Cataluña contrario a la Constitución española».
La diputada de Unidas Podemos Gloria Santiago, punta de lanza de su partido en las negociaciones junto al portavoz, Alejandro López, expresó su «emoción» ante la aprobación de esta primera ley educativa y argumentó que «gracias a Podemos» el material escolar será gratuito para las rentas más bajas, ya que era una línea roja que defendieron hasta el último momento: «Garantiza la igualdad de oportunidades».
En Més per Mallorca también hubo euforia, aunque contenida, después de las largas negociaciones y la decisión de que el castellano no fuera lengua vehicular. El diputado Joan Mas lamentó la posición del PP ante el tema lingüístico porque «no ha querido el consenso» y apuntó que «nos hubiera gustado que el PP hubiera abandonado la trinchera y hubiera vuelto a la mayoría social y política que abandonó el 2011».
De los grupos que apoyaban la norma, el más crítico fue Més per Menorca. Su portavoz, Josep Castells, conocido por su contundencia ante los movimientos del Govern, celebró la ley aunque cree que llega «tarde». No obstante, reconoció de la conselleria y los otros partidos al acercar esta ley a las peticiones al modelo defendido en el manifiesto Illes per un Pacte: «Nos comprometemos a continuar luchando».
Lina Pons, diputada de El Pi, justificó en todo momento su apoyo y fue una garantía para el Pacto, porque la adhesión de los regionalistas otorgaba importancia política y transversalidad a la norma. Pons se mostró apenada porque la lengua fuera el «caballo de batalla» y no la educación ya que, matizó, lo que hay que «defender» es el catalán porque el castellano es «de sobra conocido».
La portavoz de Cs, Patricia Guasp, ausente en el pleno por un tema familiar, vituperó la ley porque «perpetra un atropello a los derechos lingüísticos, a la libertad de las familias y a la igualdad de oportunidades».
Por su lado, desde Vox ya anunciaron que la van a llevar al Tribunal Constitucional. Su portavoz, Jorge Campos, rechazó por completo que esta norma introduzca elementos de perspectiva de género y memoria histórica.
Los puntos clave de la nueva legislación
La cuestión lingüística ha centrado gran parte del debate sobre la Ley de Educación balear. Sin embargo, más allá de este aspecto, la nueva legislación establece más novedades.
Autonomía pedagógica y organizativa de los centros educativos
Uno de los puntos centrales de la legislación entrante es la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros. Si los colegios se han visto encorsetados en los últimos años en su labor, esta Ley, en la misma línea de la Lomloe, otorga un papel importante al proyecto educativo y a la evaluación de los logros de los objetivos.
Garantiza una educación 0-3 universal y gratuita
La primera etapa escolar es de vital importancia en el desarrollo de los niños, y en más de una ocasión se ha hablado de que la desigualdad marca a estos escolares. La nueva regulación garantiza la extensión gradual de la educación infantil de 0 a 3 años, y sienta las bases para universalizarla y hacerla gratuita progresivamente.
Amplía la oferta de FP y la adapta a las necesidades de Balears
Del mismo modo, la normativa impulsa y amplía la oferta pública de la formación profesional adaptada al tejido productivo de Balears, y establece que la modalidad de FP dual se formaliza exclusivamente con un contrato de formación y aprendizaje.
Los alumnos por clase bajarán al menos un 10%
La Ley establece que en el plazo de dos años desde su entrada en vigor, la Administración tiene que elaborar un plan que tenga como objetivo la reducción progresiva de las ratios máximas en, al menos, un 10%.
Dedica al menos un 5% del PIB de las islas a la educación pública
La legislación viene acompañada de una memoria económica para garantizar el cumplimiento de lo que se prevé en su articulado, que recoge el compromiso de llegar a al menos el 5% del producto interior bruto de inversión en educación en el plazo de ocho años.
El plan para realizar y reformar centros se revisará cada dos años
El Govern estará obligado a tener un Plan de Infraestructuras educativas revisable cada 2 años y tiene que contener memoria económica y previsión de financiación.
