Empujón en el Parlament al instituto y el campo de fútbol de Ca n’Escandell

El pleno del Parlament aprobó ayer un nuevo Proyecto de Ley para impulsar y agilizar la tramitación de ayudas y otras actuaciones en materia de vivienda. Esta norma incluye una enmienda, presentada por el PSIB-PSOE y Unidas Podemos, para acelerar la construcción del nuevo instituto, escoleta y campo de fútbol de Ca n’Escandell, sin necesidad de esperar al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ibiza.

Con esta ley se aprueba la declaración de inversión de interés autonómico del nuevo instituto, así como su posterior conexión con el centro de educación Infantil y Primaria de Can Cantó, y la construcción de una escoleta para duplicar la capacidad de la actual.

Los terrenos quedarán automáticamente calificados de suelo urbano, y para la construcción del instituto y las instalaciones deportivas no dependerá del desarrollo territorial o urbanístico ni de los correspondientes instrumentos de gestión. En cuanto al instituto, bastará con la aprobación del proyecto por parte del Consell de Govern, previo informe del Ayuntamiento de Ibiza, mientras que la nueva equipación deportiva necesitará la tramitación establecida por la normativa urbanística y de régimen local que sea de aplicación.

La ley aprobada ayer incluye medidas para agilizar y facilitar el acceso de la ciudadanía a las ayudas en materia de vivienda. También tiene como objetivo «sacar a la luz» las viviendas vacías de grandes tenedores. Esta norma permitirá incrementar el control sobre estos, principalmente en los momentos en que se nieguen a cumplir la legalidad. Así, se agiliza la resolución de ayudas y se otorga la posibilidad de ir pagando a medida que se van resolviendo los expedientes.

La tramitación más fácil y flexible de las ayudas para el alquiler elimina la obligación de acreditar el depósito de fianza con carácter permanente. El presupuesto destinado a las ayudas para la vivienda ascienden a los 9 millones de euros. Ya están incorporadas en la convocatoria de 2021, que estará abierta hasta el 15 de noviembre.

Los grandes tenedores

Las viviendas vacías de grandes tenedores son el objetivo principal. Esta ley busca poder adquirirlas para gestionarlas. Tendrán la obligación de facilitar a la Administración el acceso a las viviendas y exigirá la entrega de la información completa. Hasta ahora solo era necesaria la colaboración, incumplida en reiteradas ocasiones. En este sentido, se sancionará a los que no dejen entrar a los inspectores. Estos podrán requerir la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuando se nieguen a identificarse, obstruir el trabajo, agresión o amenaza. También pretende luchar contra un hecho habitual entre los grandes tenedores: no comunicar los cambios en la titularidad. De esta forma, se podrá facilitar los procedimientos de expropiación obligatoria de los pisos vacíos.

El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, destacó en el pleno de ayer que, más allá de las medidas contempladas, el principal objetivo es mejorar el acceso de toda la ciudadanía a una vivienda «frente al modelo de la especulación que solo enriquece a unos pocos y daña a muchos por un modelo que entiende la vivienda como bien social y no como bien de mercado». Marí apostilló que esta ley incluye «medidas pioneras» en todo el Estado, sobre todo en el incremento del parque de viviendas.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, aprovechó su intervención para declarar que Balears necesita «como el aire para respirar» una ley estatal que le otorgue capacidad normativa para incidir «de lleno» en los precios de mercado de la vivienda.

PP, Vox, Cs, El Pi y el Grupo Mixto lamentaron que ninguna de sus propuestas fuera incluida en el texto final. La FSE-PSOE celebró por su parte la aprobación de una ley que, además, incluye medidas «para responder a las necesidades y falta de equipamientos públicos en la capital de Ibiza, agilizando y simplificando su tramitación para que puedan ser una realidad lo antes posible».

Sanz: «Es necesario regular el precio del alquiler en Formentera»

Durante la sesión plenaria ayer en el Parlament el diputado de Formentera, Antonio Sanz mostró su apoyo al Proyecto de Ley para impulsar y agilizar la tramitación de ayudas de vivienda presentado por el Govern balear. 

«Es necesario generar el marco para poder regular el precio del alquiler en los territorios tensionados y sí, Formentera es un territorio tensionado», expuso.

Recordó que Formentera cuenta con un alquiler medio en torno a los 1200 euros por un apartamento de dos habitaciones y son cada vez más las familias que deben abandonar la isla para poder desarrollar su proyecto de vida.

Además, aprovechó su intervención para elogiar la labor del Ibavi junto con el Consell insular, «ya que se construirá una nueva promoción de 17 viviendas de protección social, así como las ayudas a la ciudadanía para que algunas familias no hayan de decidir entre pagar el alquiler o la cesta de la compra». «La vivienda es una necesidad, un derecho básico, y no puede ser utilizada como una mercancía», concluyó. C.Convalia Formentera

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