El Ayuntamiento de Ibiza desvincula la tramitación urbanística exprés, a través de una enmienda a la Ley de Vivienda para la ampliación de la escoleta de Can Cantó, la construcción de un instituto de educación Secundaria y un campo de fútbol en la zona de Ca n’Escandell, del retraso que acumula la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La primera teniente de alcalde, Elena López, destaca que «no tiene nada que ver» una cosa con la otra, puesto que los terrenos de Ca n’Escandell (el sector 12, donde se prevé también la promoción de viviendas de protección oficial) están calificados como suelo urbanizable programado, tanto ahora como con el nuevo PGOU. De hecho, según López, esta zona y «un trozo de Cas Mut son los únicos suelos urbanizables» previstos en el nuevo planeamiento urbanístico.
Un suelo urbanizable precisa de una gestión urbanística (la tramitación y la urbanización previa de los terrenos) para pasar a la categoría de urbano consolidado, condición necesaria para que se pueda construir. Así, López explica que ante «la necesidad muy importante» de contar con más plazas de educación de cero a tres años, un nuevo instituto y nuevas instalaciones deportivas («lo más urgente, un campo de fútbol», indica) se ha optado por esta fórmula (la enmienda a la Ley de Vivienda que se tramita en el Parlament) por ser la «más viable y práctica para hacerlo ya».
«Aunque mañana estuviera ya aprobado definitivamente el nuevo PGOU, esta enmienda nos ayudaría [a avanzar en la ejecución de las infraestructuras públicas]», explica López, que agrega: «No vamos a esperar a que este suelo sea urbano consolidado y a que el Sepes desarrolle toda la urbanización. Vamos a tirar adelante porque la necesidad es muy importante. El Sepes está de acuerdo».
La promoción de VPO
El Sepes es la Entidad Pública Empresarial de Suelo, organismo adscrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que tiene como función la promoción de suelo. El Sepes es el promotor de la promoción de 532 viviendas de protección oficial previstas en Ca n’Escandell. Tal como anunció el anterior ministro José Luis Ábalos en su visita a Ibiza el pasado marzo, la ejecución de estas viviendas sociales tampoco depende de la aprobación definitiva del PGOU, ya que el decreto ley 3/2020 de 28 de febrero del Govern de medidas urgentes en materia de vivienda, a raíz de los problemas para obtener un domicilio en las islas, sobre todo en Ibiza, permite exenciones en los trámites burocráticos para aumentar el parque público.
En la parte baja de los terrenos
Ahora, con la enmienda a la ley de vivienda se da un paso más y se desvincula la construcción de los equipamientos públicos en esta zona de la ciudad a la urbanización de los terrenos.
De hecho, López explica que tanto el instituto como el campo de fútbol se proyectan en «la parte baja» de los terrenos, colindantes con las calles Aubarca y des Jondal, respectivamente, que como cuentan ya con servicios (iluminación, agua, alcantarillado), «se pueden conectar» a estos.
Es lo que sucedió, explica López, en el caso del colegio de sa Joveria, que se pudo construir (al igual que el nuevo Hospital Can Misses a través de un decreto ley exprofeso para habilitar el desarrollo de ambas infraestructuras) pese a que aún no se ha urbanizado el resto de la parcela, cuyo desarrollo (la construcción de calles y viviendas privadas) está pendiente desde hace años de la aprobación definitiva del PGOU.
La tramitación del PGOU
La Comisión de Medio Ambiente de Balears aprobó el mes pasado, a petición de Vila, prorrogar dos años más la validez de la evaluación ambiental estratégica aprobada en 2018 (con prescripciones; la más importante es la que impide nuevos crecimientos por la falta de agua suficiente) por el retraso que acumula tramitación del nuevo planeamiento urbanístico.
El Consistorio confía en salvar este obstáculo (el que veta los nuevos crecimientos) con la incorporación en el nuevo PGOU del nuevo plan de gestión sostenible del agua y la delimitación de zonas húmedas, entre otras cuestiones en las que trabaja.
Sin concretar más, López indica que «lo antes posible» se remitirán a Medio Ambiente los cambios introducidos en el PGOU (las inversiones en redes e infraestructuras hidráulicas) que garanticen suficiente agua para la población proyectada en el nuevo planeamiento con la finalidad de que se elimine la prescripción de 2018 y el Consell, en última instancia, lo apruebe de forma definitiva.
