La junta de personal del Ayuntamiento de Sant Antoni expresó ayer su «total desacuerdo y rechazo» al comentario que hizo el concejal de Hacienda, Fran Tienda, a través de las redes sociales, contra el jefe de la Policía Local, Javier Verdugo, por la denuncia de acoso laboral que llevará a la concejala de Gobernación, Aída Alcaraz, a sentarse en el banquillo de los acusados. El órgano de representación de los trabajadores critica «el tono» de la crítica de Tienda hacia Verdugo, que supone «una falta de respeto hacia los compañeros».
Sin mencionar al jefe de la Policía Local, Fran Tienda publicó a través de una red social que «hay que ser vil y rastrero para llegar a esta situación sólo para mantener un estatus (obtenido ilegalmente, por otro lado) y facilitar el terreno a quienes parece que perder el poder les da mucho miedo».
En defensa de su compañera socialista en el equipo de gobierno, el concejal de Hacienda, que es de Reinicia, aseguraba que «la situación es injusta de principio a fin, lo ha sido desde el primer día y lo será hasta el día que la justicia por fin ponga a cada uno en su sitio». «Amiga, algún día esta pesadilla habrá acabado y miraremos atrás, pensaremos en lo injustas que son las cosas, en lo sucia que puede ser la lucha por recuperar el poder. Pero llevaremos la cabeza bien alta por haber hecho las cosas lo mejor que pudimos», concluía el comentario de Tienda. La Fiscalía pide para Alcaraz una pena de un año de prisión y el pago de algo más de 5.000 euros de indemnización.
Asimismo, los representantes sindicales de los funcionarios y el personal laboral del Ayuntamiento siguen «a la espera» de que el equipo de gobierno ponga en marcha el protocolo de actuación ante presuntos casos de acoso laboral (otro policia local también ha denunciado a Alcaraz por lo mismo). La junta de personal ha reclamado dos veces al equipo de gobierno, en abril y mayo del año pasado, la aprobación de un protocolo para actuar ante estos casos.
Equipo de mediación
Juan Carlos González, miembro del órgano de los trabajadores de la institución, explica que la aprobación de este protocolo se ha solicitado tanto a través de instancia como en las mesas de negociación. Hasta ahora, la respuesta del equipo de gobierno es que «está en ello». No obstante, primero se debe constituir un comité de seguridad, que «no existe tampoco», del cual debería surgir el protocolo.
González insiste en que «hay que poner en marcha cuanto antes el protocolo [con un equipo de mediación] porque hay dos casos sobre la mesa». La junta de personal ha pedido información tanto a los funcionarios que han denunciado el presunto acoso laboral sufrido como al equipo de gobierno, pero no ha pedido la adopción de ninguna medida. «No vamos a intervenir salvo que los perjudicados muestren un interés en ello. En este caso, hemos manifestado que no nos han gustado las declaraciones [de Tienda] hacia un compañero », explica González. «Seguimos trabajando para que no se vuelvan a repetir situaciones como estas», concluye la junta de personal del Consistorio en el comunicado.
