La propiedad de Casa Lola, el complejo turístico ilegal de la carretera de Porroig en Sant Josep, ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) contra la orden de demolición de estas instalaciones. El Ayuntamiento de Sant Josep ha confirmado este extremo, una vez que se ha desatascado el procedimiento al traducirse por fin al castellano la citada sentencia, pues al estar en catalán provocó un recurso de la dueña, Francisca Sánchez Ordóñez, que alegó no comprender este idioma.
Hacía casi dos años que los trámites para derribar la vivienda habían quedado interrumpidos porque en los juzgados de Eivissa no había funcionarios suficientes para traducir la sentencia del catalán al castellano. Ante el bloqueo que afectaba a este asunto y frente a la amenaza de eternizarse esta situación, ha sido el propio Ayuntamiento el que ha contratado los servicios de un traductor privado, explicó ayer el concejal de Urbanismo, Ángel Luis Guerrero.
El juez que lleva el caso ha aceptado el texto traducido, por lo que los trámites se reanudan. Sin embargo, el nuevo paso dado por la propiedad nada más desatascarse la situación ha sido la de presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia contra la sentencia que daba razón al Ayuntamiento cuando ordenó el derribo.
El Consistorio concluyó en aquella resolución que las obras realizadas por Sánchez Ordóñez no son legalizables y que sólo cabe su demolición, a cargo de la promotora. Sin embargo, para materializar el derribo habrá que esperar a que finalicen los recursos que la ley permite a la dueña.
La sentencia emitida en octubre de 2016 por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma de Mallorca, en la que se respaldaba la orden de derribo de Casa Lola dictada por el Ayuntamiento de Sant Josep, ha estado bloqueada porque está redactada en catalán.
El fallo, en octubre de 2016
En octubre de 2016, el juzgado falló a favor del Ayuntamiento ante un recurso de la propietaria para tratar de impedir la demolición de la vivienda, que es objeto de fiestas y actividades turísticas durante todo el verano, pese a carecer de las licencias necesarias. Sin embargo, la empresa de Francisca Sánchez Ordóñez, dueña de la casa, alegó «indefensión» por desconocimiento del idioma.
Ante esta situación, el juzgado pidió la correspondiente traducción del documento a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Balears, lo que tuvo lugar pocos días después, en el mismo mes de octubre de 2016.
