La residencia Sa Serra, de Sant Antoni, necesitaba 27 profesionales más para atender correctamente a los usuarios de los que estaban contratados por la concesionaria que gestionaba las instalaciones hasta el 1 de diciembre, según afirmó ayer José Manuel Rosa, director general de Dependencia de la conselleria balear de Servicios Sociales. Rosa detalló que cuando el Govern recuperó la gestión del centro éste contaba con 55 trabajadores, mientras que en estos momentos la plantilla está formada por un total de 82. Esto supone que en cuatro meses ha aumentado un 49% el número de trabajadores en la residencia para enfermos de alzhéimer y otras demencias y el centro de día.

Rosa afirmó que tras estos cuatro meses da por acabada «la transición» de gestión privada a pública y se mostró satisfecho con los resultados. «Ha salido ganando tanto la atención a las personas como los profesionales», indicó tras visitar la sede de la Plataforma Sociosanitaria y antes de acudir a la residencia, un recorrido al que finalmente no acudió «por problema de agenda» la consellera balear de Servicios Sociales, Fina Santiago. El director general reconoció que este incremento «cuesta dinero» y recalcó que además de cubrir las necesidades de los usuarios, estas contrataciones «tienen un retorno importante»: «Se trata de 82 personas con un trabajo de todo el año, estable, de calidad, no deslocalizable, que se mantendrá y generará riqueza en el entorno inmediato». «Además, la Administración pública no hace negocio», afirmó.

Rosa recalcó que con el cambio de gestión las Pitiusas cuentan con más plazas públicas tanto de residencia -«antes eran 70 y ahora son 94»- como de centro de día, «de ninguna a 20». Además, hizo hincapié en que en estos cuatro meses «se ha hecho un estudio caso por caso» de los usuarios y en estos momentos ya cuentan todos con un Programa Individual de Atención (PIA) que responde a las necesidades concretas de cada uno de los internos.

Rosa defendió que desde el 1 de diciembre, cuando el Govern recuperó la gestión, «ha mejorado sustancialmente la limpieza y han bajado las quejas sobre el comedor. En estos momentos es una residencia más, funciona igual que cualquier otra en el día a día». A partir de ahora, el Govern supervisará las instalaciones y la atención que se presta a los usuarios, pero, salvo que se produzcan de nuevo quejas generalizadas por parte de los familiares, ésta no será «extraordinaria».

El director general de Dependencia matizó que a pesar de que la residencia necesitaba 27 profesionales más para atender bien a los internos, la empresa que gestionaba la residencia cumplía «de forma muy ajustada» la ratio de trabajadores por número de usuarios. Rosa explicó que lo que no tuvo en cuenta la empresa a la hora de definir el personal fueron las plazas privadas (44 en total) y las dimensiones de la residencia: «No se pensó en esos pasillos infinitos. Sobra cemento». Juan Manuel Rosa explicó que el número de profesionales de una residencia no depende únicamente de los usuarios que tenga, sino también del diseño arquitectónico: «Si tienes pocas habitaciones pero en muchas plantas, necesitarás más personal que si estuvieran en una planta. Sa Serra es muy grande, hacía falta más gente».