Formentera pide al Estado que asuma el coste de retirar más de 30 pateras

El pleno del Consell de Formentera aprobó ayer una propuesta del equipo de gobierno, de Sa Unió, que insta a la Delegación del Gobierno en Balears a que asuma el coste de la retirada de las pateras abandonadas en el litoral de Formentera, ya que es una actuación de su competencia.

La consellera de Movilidad y Gestión Ambiental, Verónica Castelló, explicó que muchas de las embarcaciones que llegan «con inmigrantes irregulares son abandonadas y varadas en las playas, o quedan a la deriva en zonas de difícil acceso». Añadió que como la Administración competente no dispone de los medios materiales y humanos necesarios para su retirada, se «crea un grave problema medioambiental por el vertido de hidrocarburos y, además, deteriora la imagen de la isla porque [las pateras] permanecen abandonadas mucho tiempo».

En estos momentos existen más de 30 embarcaciones depositadas en el vertedero de es Cap a la espera de ser gestionadas como residuos de acuerdo con la normativa vigente. Castelló detalló que el coste de eliminación de estas barcas oscila entre los 500 y los 1.000 euros por unidad.

Pero la propuesta va más allá para que se consignen «las partidas necesarias para tener los medios materiales y personales necesarios para la retirada inmediata de las barcas en el momento de su llegada y antes de que se rompan en el litoral». La propuesta consta de seis puntos, considera necesario establecer «un diálogo entre las administraciones implicadas para coordinar la retirada y de estas barcas y, en caso de que sea conveniente, firmar un acuerdo o convenio con el Consell para que esté realmente autorizado y disponga de los medios necesarios para continuar retirando las pateras del litoral» que puedan llegar.

Otro de los puntos insta al Gobierno central y a la Unión Europea para que Formentera sea considerada «territorio de primera línea de frontera de la Unión y, por tanto, que esté dotada de los medios técnicos y personales necesarios para evitar la consolidación de la ruta de entrada irregular de inmigrantes, garantizando el funcionamiento eficaz del Sistema Integrado de Vigilancia (SIVE) y la correcta dotación de la Guardia Europea de Fronteras y Costas».

Las demandas aprovechan para pedir que las plantillas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado «estén completas, cuenten con formación específica, medios de prevención y complementos salariales de insularidad adecuados al coste de la vida en esta Comunitat».

La oposición

La propuesta fue tajantemente rechazada por los dos partidos de la oposición, PSOE y GxF. En el caso de los socialistas, su portavoz, Rafa Ramírez, reprochó a Sa Unió falta de sensibilidad hacia el drama de la migración y reducir su propuesta a una cuestión estética para evitar que los turistas se lleven una mala imagen: «Hemos votado en contra porque nos parece triste abordar el drama de la migración y sus consecuencias con un tema de residuos». Recordó que se hizo un listado de 28 embarcaciones, que se debe completar, para que el Gobierno central proceda a licitar a una empresa para su destrucción.

Silvia Tur, de GxF, explicó que su grupo votó en contra por los dos últimos puntos de la moción, en los que se mezcla «una cuestión del drama migratorio con una cuestión de residuos. Es una propuesta viciada ya que no es un problema de residuos sino de imagen turística», manifestó.

Por otra parte el pleno aprobó, por unanimidad y de forma inicial, el reglamento interno del funcionamiento del futuro Consell de Mayores, que persigue «promover la participación y la colaboración de las personas mayores en las competencias atribuidas al Consell y promover políticas para una mayor participación en la vida social, cultural, económica y política». Ahora, pasará a exposición pública antes de su aprobación definitiva. Los días festivos locales para 2024 quedaron fijados el 25 de julio, Sant Jaume, y el 3 de diciembre, Sant Francesc Xavier.

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