Las empresas mejor valoradas de los quioscos de Formentera recusan a Córdoba y a la letrada de Recursos Humanos

Las siete empresas mejor valoradas por la mesa de contratación en el concurso de los quioscos de Formentera han presentado un documento de recusación contra el presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, y contra la letrada de Recursos Humanos de la institución, María Teresa Ferrer, que suscribió el informe jurídico para declarar desierto el concurso de los ocho quioscos de playa, opción por la que aboga el presidente del Consell. Córdoba es el único de todos los consellers de la Corporación partidario de esta salida, mientras que el resto, Sa Unió, PSOE y GxF, ya se pronunciaron en pleno a favor de seguir el criterio de la mesa de contratación.

Estas siete empresas, representadas por Francisco Javier de Cisneros Cid, piden que tanto Córdoba como Ferrer “se abstengan y aparten de la tramitación y resolución”, del procedimiento de adjudicación del concurso de los servicios de playa (C11/2020) convocado por el Consell para la explotación de los servicios de temporada en las playas 2020-2027, en lo que se refiere a los lotes de los quioscos.

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El escrito de recusación ha tenido un efecto inmediato en la administración insular, ya que el secretario de la institución ha suspendido la Junta de Gobierno prevista para mañana en la que se tenía que abordar la adjudicación de los quioscos por “motivos legales sobrevenidos”.

La recusación presentada detalla los últimos acontecimientos y decisiones tomadas por Córdoba respecto a este concurso, teniendo en cuenta que la mesa propuso, por unanimidad, el 8 de abril, a la Junta de Gobierno la adjudicación de los quioscos “a las empresas clasificadas en primer lugar”. Recuerdan que es en ese contexto “donde surge la oposición de Llorenç Córdoba Marí (…) a que las empresas clasificadas en primer lugar en la licitación resulten adjudicatarias y presten los servicios en las playas en las próximas temporadas”. A juicio de estas empresas, "es innegable que esta persona [Córdoba] en todo momento se ha opuesto a que los contratos”, de los quioscos “se adjudiquen a estas empresas y ha abogado por una alternativa, declarar el concurso desierto, que es a todas luces ilegal".

Incompatibilidad

Consideran, además, “la manifiesta incompatibilidad” de la letrada de Recursos Humanos, María Teresa Ferrer, “para participar en este expediente de contratación como consecuencia del vínculo que tiene esta persona con la Obra Cultural Balear (OCB), y con el Consell”. El motivo consiste en “las subvenciones directas que viene recibiendo de esta Administración la asociación que preside la letrada y que ponen en duda su objetividad”. En concreto hace referencia al convenio suscrito el pasado 29 de febrero, por 11.000 euros, a favor de esa asociación que suscribió otro miembro, pero en el convenio se específica que lo hace “por la incompatibilidad del cargo que ejerce la presidenta” de la OCB de Formentera. 

El letrado señala que “la mera existencia de este conflicto de intereses, como un riesgo cierto de favoritismo o prácticas corruptas, genera unas dudas sobre la objetividad de la letrada recusada que le impiden participar en este procedimiento”.

El escrito de recusación que se basa en que “las sospechas sobre la falta de objetividad de la actuación de Lorenzo Córdoba Marí y de María Teresa Ferrer Escandell se encuentran plenamente fundadas, siendo necesario que estos se aparten del procedimiento de contratación que nos ocupa”, añade el letrado de las empresas mejor valoradas.

Las filtraciones

Por otra parte, el presidente del Consell, Llorenç Córdoba, ha reaccionado a la recusación con una nota de prensa en la que ha anunciado su “firme determinación de abordar las recientes filtraciones a los medios de comunicación, que han afectado tanto a la imagen institucional como a la privacidad de algunos de los trabajadores del Consell” para que sean tratadas en el seno de la comisión ética de la institución. 

En una declaración pública, Córdoba ha expresado su “preocupación por las múltiples filtraciones de información, algunas de las cuales involucran asuntos legalmente protegidos, y que parecen tener como objetivo principal menoscabar su reputación y la de ciertos miembros del equipo del Consell”. 

El presidente ha destacado que, “desde la destitución del exvicepresidente José Manuel Alcaraz -que presuntamente ya filtró una grabación privada y conversaciones de un chat privado en los medios-, se han producido numerosas filtraciones de documentos internos del Consell, incluidos registros de entrada de los trabajadores en el área de recursos humanos, asuntos administrativos, contratos aún no publicados en el portal de transparencia, incluso borradores de actas de junta de gobierno -sujetos legalmente a secreto- en algunos medios de comunicación”. 

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Córdoba ha reiterado su compromiso “con la transparencia y la legalidad en la gestión pública, y ha asegurado que tomará todas las acciones necesarias para esclarecer las filtraciones y garantizar que no se repitan en el futuro”.