En libertad los dos miembros de seguridad detenidos junto a la dueña de Casa Lola por amenazar a los inquilinos de una vivienda
La controvertida empresaria, también en libertad, todavía no ha declarado ante el juez
Dos de los tres detenidos junto a la propietaria de Casa Lola, Francisca Sánchez Ordóñez, acusados de amenazar a los inquilinos de una vivienda turística (probablemente ilegal) para que la abandonaran, en la zona de Porroig, en Sant Josep, han salido poco después de las dos de la tarde en libertad, con orden de alejamiento de los denunciantes, tras declarar ante el juez de guardia. Sánchez Ordóñez fue detenida en la tarde de ayer pero fue puesta posteriormente en libertad. Estos dos detenidos pertenecen a su equipo de seguridad privada, según indicó su letrado.
Los dos, profesionales de la seguridad privada, son de nacionalidad búlgara y aseguran que cuando llegaron a la vivienda ésta estaba abierta, por lo que niegan que forzaran la puerta. En declaraciones a Diario de Ibiza, explican a través de su abogado, Emilio Sánchez, que acudieron a la vivienda, El Bosque, también propiedad de Sánchez Ordóñez, a instancias de ésta porque, aseguran, les había vencido el contrato de arrendamiento y tenían que abandonarla. Una vez en su interior (les dejó pasar el personal de la limpieza, alegan), comprobaron que los inquilinos se habían encerrado en el baño, desde donde llamaron a la Guardia Civil.
Además, detallan que al llegar se encontraron con miembros de la seguridad privada de los residentes en la vivienda, por lo que optaron por irse para volver más tarde con la dueña del complejo ilegal Casa Lola y el otro empresario ibicenco muy conocido.
Los inquilinos, dos grupos de ciudadanos mexicanos, habían sido trasladados a esta residencia turística tras la entrada y el desalojo por parte del Ayuntamiento de Sant Josep de Casa Local, donde se hospedaban. El Consistorio ha iniciado el derribo de los aproximadamente 2.000 metros cuadrados de edificaciones ilegales de este complejo turístico.
Como es lógico, el relato de los inquilinos difiere completamente. Aunque la letrada que los representa, Paula Sánchez, no quiso hacer declaraciones, al parecer los denunciantes han explicado que Sánchez Ordóñez, el empresario ibicenco y los dos búlgaros del servicio de seguridad se presentaron en la vivienda pidiendo más dinero por su alquiler del que acordaron cuando tuvieron que abandonar Casa Lola tras la entrada de las máquinas de derribo. Además, declaran que quienes les amedrentaron iban armados, aunque no ha trascendido con qué.
Mientras tanto, Sánchez Ordóñez no ha sido llamada a declarar porque, además de que ha alegado un problema médico, tendrá que hacerlo en cuanto el juzgado de guardia se inhiba en favor del que llevará la causa y éste incoe las diligencias.
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