Cataluña reduce de 10 a 5 el número de viviendas que convertirán a un propietario en ‘gran tenedor’

El calendario que se autoimpuso la Generalitat de Cataluña para poder empezar a tratar el mercado de vivienda catalán bajo los parámetros de la nueva ley estatal, avanza según lo previsto. Si todo va bien, este mismo mes de agosto las 143 ciudades y pueblos que el Govern incluyó en su lista de municipios tensionados, empezarán a serlo oficialmente. Y, en un giro de última hora -y, de nuevo, siempre que el Gobierno lo apruebe-, las personas que tengan en propiedad cinco o más viviendas pasarán a ser considerados 'grandes tenedores'. Es la mitad de lo que establece el marco general diseñado para el conjunto del país, que define a un gran tenedor como un propietario de 10 o más viviendas.

El cambio viene a raiz de las aproximadamente 50 alegaciones que se han presentado a la memoria que hizo pública la 'conselleria' de Territori cuando anunció, en junio, sus intenciones de declarar como tensionados estos 143 municipios (prácticamente un centenar concentrados en Barcelona, su área metropolitana y las ciudades más grandes de las comarcas del Vallès). Según ha explicado este miércoles la 'consellera' a cargo de este departamento, Ester Capella, el organismo ha decidido tener en cuenta dos de ellas: la que altera la definición de gran tenedor y otra que deja fuera de esta nomenclatura a los promotores de vivienda social cuando se trate de habitaje destinado a alquiler.

"Ya les contamos en junio que estábamos analizando si aprovechábamos que la vía estatal lo permite, y hemos detectado que esta opción pone en el mercado de alquiler asequible mucha más vivienda", ha justificado Capella, en relación a la decisión de reducir de diez a cinco el número de viviendas que convierten a un propietario en gran tenedor.

Según un estudio elaborado por el observatorio Metropolità de l'Habitatge con el que ha trabajado la Generalitat, apenas un 7,7% de toda la vivienda de alquiler está en manos de propietarios que tengan entre 6 y 10 pisos. Sin ir más lejos, en Barcelona, el número de grandes tenedores pasa de en torno a 2.000 a unos 4.500 -de acuerdo con los datos de este organismo metropolitano- al incluir también a quienes tienen 5 o más viviendas en propiedad.

Esta etiqueta es significativa por varias razones. La más importante es que la nueva ley estatal de vivienda impide a los grandes tenedores subir la cuota anual de alquiler a sus inquilinos más de un 2% este año y más de un 3% el siguiente, aunque el piso no esté situado en una zona tensionada.

De estarlo, a esto se añade la obligación de dar mucha más información sobre la vivienda de lo que era habitual hasta ahora, si el Gobierno así lo solicita: datos identificativos del inmueble, año de construcción, tipo de reforma si la hubiese, los usos de determinadas zonas del piso, calificación energética, explicación pormenorizada de para qué se usa la vivienda... Además, la ley también contempla que los grandes tenedores tengan que prorrogar un año un contrato de alquiler si los arrendatarios demuestran una situación de vulnerabilidad social y económica, así como a pagar los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.

Entrada en vigor

Una vez terminado el plazo para presentar alegaciones y decididos estos dos cambios, ahora la Generalitat remitirá toda esta información a Madrid para que el Ministerio de Transporte y Agenda Urbana avale tanto la memoria como el índice de precios y que todo esto (y, sobre todo, "la contención de rentas") puedan aplicarse cuanto antes en Cataluña. Si no hubiera ningún inconveniente, los cálculos de la Generalitat indican que este nuevo marco podría entrar en vigor este mismo mes de agosto.

"Hemos seguido todos los pasos que marca la ley, esto no tendría que ser una revalorización, en el sentido de volver a valorar todos los mecanismos que se han tenido en cuenta", ha sostenido la 'consellera' para justificar su optimismo en cuanto a que esta sea una gestión ágil. "Cataluña lleva ventaja en este tema porque ya tuvimos una ley propia", ha añadido. De hecho, Capella ha aprovechando para destacarla como una ley "mucho más completa" que la que se aplicará a partir de ahora: a su juicio, la norma estatal deja espacio a la especulación y a eludir la norma.

Posible judicialización

La decisión de la Generalitat también implica, leída en sentido opuesto, que más de 40 alegaciones se han quedado fuera de la norma. Por lo que ha explicado este miércoles la ‘consellera’, las había que pedían compensaciones a los propietarios de los alquileres, la no aplicabilidad de la ley o Ayuntamientos que habían solicitado tanto entrar a formar parte de la lista de municipios tensionados, como salir de ella. “Las hemos estudiado todas”, ha asegurado Capella, que, preguntada por la posible reacción de los agentes o promotores inmobiliarios, no ha descartado la posibilidad de que acudan a los tribunales.

“Espero y deseo que una ley aprobada por las cámaras parlamentarias pueda ser aplicada en beneficio de garantizar un derecho fundamental”, ha resuelto la titular del departamento. “Espero, también, que los tribunales ponderen qué derechos están en juego” y que “hagan prevalecer el derecho de acceso a la vivienda”, ha añadido. Sobre todo teniendo en cuenta que la Generalitat ya ha tenido que encajar este año que el Tribunal Constitucional tumbe parte de la ley catalana. 

"Es evidente que estamos en una situación de emergencia, que el acceso a la vivienda es el principal problema que tienen los ciudadanos de este país", ha ultimado Capella. "El Gobierno de Cataluña grantiza el derecho a la vivienda, y hará todas las acciones necesarias para garantizar este derecho, que es el que abre la puerta a todos los otros derechos", ha prometido la titular.