El Consell de Ibiza propondrá habilitar un espacio para que las autocaravanas vacíen las aguas residuales

Saltó la sorpresa en el pleno del Consell de Eivissa. Una moción del grupo de Unidas Podemos en la que se solicitaba que se habiliten espacios donde los usuarios de las autocaravanas puedan deshacerse de las aguas negras -la misma que se presentó el jueves en diversos municipios de la isla y que no obtuvo apoyos- fue aprobada ayer por la institución insular con los votos a favor de PP y Vox y la abstención del PSOE.

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Así, en su intervención, el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, se comprometió a llevar esta cuestión a la próxima reunión del Consell de Alcaldes para intentar lograr un acuerdo sobre el lugar donde ubicar una instalación de estas características. «¿Infraestructuras para ofrecer un servicio técnico a las autocaravanas? Sí. Pero nunca legalizar infraasentamientos, ya que las autocaravanas no son la solución al problema de la vivienda».

En la exposición de los motivos de la moción, el conseller de Unidas Podemos (UP), Óscar Rodríguez, se mostró muy cuidadoso para que su propuesta no fuera interpretada como una legalización, de facto, de los asentamientos de autocaravanas habitados en su mayor parte por trabajadores que no pueden acceder a una vivienda digna: «No hay que fomentar estos asentamientos, pero es necesario proteger a las personas que malviven ahí, y también proteger el medio ambiente», señaló Rodríguez, al recordar que estas caravanas vacían sus residuos y aguas negras sin ningún control y que «en muchas ocasiones esto se realiza en zonas rústicas, con el perjuicio que genera para el medio ambiente».

La iniciativa obtuvo también el voto positivo de Vox, y su portavoz, Jaime Díaz de Entresotos, la calificó de «medida valiente». Señaló que la labor de los políticos debe ser «buscar soluciones a problemas concretos». 

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Josep Marí Ribas, anunció la abstención del PSOE al considerar que se corre el riesgo de que «si se ponen a disposición de las autocaravanas estos servicios, tengo miedo de que se acabe consolidando esta forma de vida, que no es buena».

Facturas y memoria histórica

El pleno aprobó el pago de diez facturas que no pasaron por intervención, la más cuantiosa de las cuales asciende a 41.091 euros para la Fundación Solidaridad Amaranta, por el servicio de acogida residencial para una menor tutelada. Se aprobaron también otras dos facturas por la prestación de la acogida a menores tutelados y otras de temas diversos, como la realización de sesiones escolares en el Parque Insular de Tránsito, la reforma de un edificio en sa Coma o el pago de los equipos de sonido de la Fira de Tardor.

Esta avalancha de facturas no gustó a los grupos de izquierdas, que afearon la forma de actuar del equipo de gobierno. «¿Qué cuesta tramitar un contrato? Estamos normalizando cosas que no se deberían hacer. El trabajo que se paga se ha hecho y no votaremos en contra, pero se están haciendo mal las cosas», dijo Marí Ribas, como portavoz del grupo socialista. Por su parte, Óscar Rodríguez, del grupo Unidas Podemos, reprochó que con esta forma de actuar «acabamos normalizando la anormalidad».

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Estas intervenciones tuvieron la réplica del presidente del Consell, Vicent Marí, que se defendió diciendo que seguirá pasando facturas «siempre que sean por servicios prestados y a precio de mercado», aunque admitió que será necesario «reforzar el departamento de contratación».

Además, los grupos de PSOE y Unidas Podemos presentaron también una moción calcada a la que ya se presentó el jueves en los plenos municipales relativa a las políticas de memoria democrática. Así, reclamaron que el Consell inste al Govern a que no derogue la Ley de Memoria balear y que recurra ante el Tribunal Constitucional esta decisión, además de instar también al Govern a que mantenga las políticas públicas de memoria democrática.

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La respuesta del PP fue calcada a la facilitada el jueves en los plenos municipales. La réplica de la consellera de Participación Ciudadana, Marilina Ribas, fue exacta, palabra por palabra, a la que hizo el día anterior la regidora de Cultura, Patrimonio y Educación de Sant Josep, María José Ríos: el Govern está cumpliendo con el cuarto plan de fosas, mantiene un contacto estrecho con las asociaciones memorialistas y la ley estatal sobre Memoria Histórica «cubre sobradamente» este tema en Balears.

El conseller de Unidas Podemos calificó la derogación de la Ley de Memoria balear de «insulto a las víctimas» y Josep Marí Ribas, portavoz de los socialistas, recordó que la ley «no busca hacer daño a nadie, solo reparar a las víctimas».

Por su parte, el portavoz de Vox, Díaz de Entresotos, comentó que, a su juicio, las leyes de memoria coartan la libertad de expresión al «imponer una visión de la historia».