El promotor del hospital de Jesús agota la prórroga sin pagar los 6,5 millones para retirar la licencia

El promotor del hospital privado de Jesús, el empresario farmacéutico Juan Tur Viñas, ha agotado el plazo extraordinario de tres meses que le concedió el Ayuntamiento de Santa Eulària para retirar la licencia de construcción y actividad. La junta de gobierno aprobó el pasado 28 de octubre la concesión del permiso de obra para levantar en la finca Cas Doctor Martí, situada junto al campo de fútbol de Jesús, el segundo complejo sanitario privado de la isla.

Agotado el plazo de seis meses previsto por la legislación urbanística para retirar la licencia e iniciar las obras, el equipo de gobierno, a solicitud del promotor, le concedió una prórroga de tres meses. La ley de Urbanismo de Balears regula la concesión de este periodo extraordinario (la mitad del plazo inicialmente previsto de seis meses) para cumplimentar el trámite, con el abono previo de los impuestos y tasas.

El plazo de la prórroga se agotó en la primera semana de este mes sin que el promotor haya abonado, trámite ineludible para la retirada del permiso de obra y actividad del centro hospitalario, los 6,5 millones de euros correspondientes al llamado aprovechamiento medio atípico del terreno (4,7 millones) y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (1,8 millones).

El primero tiene la finalidad de compensar la implantación de edificios o cambios de uso en suelo rústico (el Consell lo autorizó en 2010 a través de una declaración de interés general) que no tienen nada que ver con la actividad agrícola, ganadera, forestal o para la conservación y la defensa del medio natural. El promotor recurrió, infructuosamente, ante el Consistorio la cuantía del aprovechamiento atípico del terreno al entender que, según su criterio, el coste debía ser de 1,7 millones, tres menos de lo previsto.

Un portavoz municipal apunta también que el promotor todavía no cumple con todas las condiciones exigidas para la ejecución de la licencia. Entre otras cosas, las obras no se podrían iniciar sin la obtención previa de la autorización de instalación del nuevo hospital privado que debe conceder la conselleria balear de Salud.

Autorización de Sanidad

La promotora (Iniciativas Médicas de Ibiza y Formentera) obtuvo dicha autorización en mayo de 2011, pero a los seis meses caducó. A mediados de octubre del año pasado, la directora general de Investigación en Salud, Formación y Acreditación del Govern balear resolvió que dicho permiso ya no era válido, lo que obligó a Tur Viñas a solicitarlo de nuevo.

Una vez expirado el plazo de la prórroga sin la retirada de la licencia, el portavoz municipal indica que ahora los servicios jurídicos deben determinar el procedimiento que se debe seguir; es decir, «si se puede o no caducar» el permiso de obra y actividad.

El propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás, que se opone frontalmente a la ejecución de este proyecto, tiene claro que el Ayuntamiento tiene la obligación de declarar la caducidad de la licencia. De hecho, Vilás envió el pasado día 3, al siguiente de que acabaran los tres meses de prórroga, un escrito en el que recuerda al Ayuntamiento que la vigencia del permiso no se puede prorrogar una segunda vez porque la ley sólo prevé esta posibilidad para ampliar el plazo de finalización de las obras siempre y cuando esté justificado.

«La claridad del precepto no alberga duda alguna de interpretación: sólo es posible una prórroga al inicio de las obras», señala el escrito, en el que el propietario de la Policlínica advierte al Ayuntamiento de que «no vuelva a abusar de la inacción administrativa» porque, destaca, puede tener consecuencias penales. «La licencia ha perdido completamente su eficacia temporal, siendo lo ajustado a Derecho declarar su caducidad», subraya.

En este sentido, Vilás señala que la ley determina que, una vez caducada la licencia urbanística, «el órgano municipal competente acordará la extinción de sus efectos de oficio o a instancia de terceros y previa audiencia de la persona titular».

Asimismo, Vilás señala que a principios de julio también solicitó al Consistorio que declarase la caducidad de la licencia (de movimientos de tierra) que se otorgó para la excavación arqueológica previa. El propietario de la Policlínica sostiene que dicho permiso no es válido desde el pasado mes de febrero, por lo que instó al Ayuntamiento a obligar al promotor a reponer el suelo y la vegetación de la finca a su estado original.

Más acciones penales

Con los dos permisos caducados, según Vilás, «las obras no se podrán iniciar ni continuar si no se solicita y se obtiene una nueva licencia tanto de obras como arqueológica». Dicho esto, el propietario de la Policlínica advierte una vez más que se reserva «las acciones judiciales pertinentes» al considerar que «la inacción» del Consistorio «favorecería los intereses económicos del promotor» y podría suponer la comisión de los delitos de «prevaricación administrativa, tráfico de influencias y de ordenación del territorio».

También indica que el acta de replanteo que, en su día, presentó el promotor para salvar la tramitación ambiental del proyecto, «no se ajusta a Derecho, tanto en su contenido como en cuanto a su verosimilitud, así como la real vinculación legal y contractual de todos y cada uno de los agentes de la edificación con el promotor».

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