Vilás también se persona como acusación en la causa judicial contra el presidente del Consell de Ibiza

El propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás, se ha personado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza en la causa de ‘La vida Islados’ por la cual hoy el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, tiene que declarar en calidad de investigado.

El Ministerio Fiscal presentó una querella, a raíz de una investigación de la Oficina de lucha contra la corrupción de Balears, contra el presidente por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones hacia la interventora de la institución, Marian Tur, que ejerce la acusación particular. La funcionaria está defendida por el exfiscal anticorrupción Pedro Horrach.

El hecho de que la querella la haya presentado el Ministerio Público, y no sea un conflicto entre particulares, abre la puerta para que terceros, como el caso del propietario de la Policlínica, puedan ejercer la acusación popular. También lo hace el PSOE, la tercera entidad personada en la causa y que fue la que denunció los hechos en la Oficina de lucha contra la corrupción de Balears.

Para personarse en la causa, Vilás ha tenido que abonar una fianza de 3.000 euros. El miércoles, el Juzgado de Instrucción número 4 confirmó la personación de Vilás tras el pago de la fianza, a pesar de que previamente la defensa del presidente del Consell había recurrido la admisión de las acusaciones populares. Dicho recurso aún no se ha resuelto.

Las querellas de Vilás

La ley contempla esta figura, prevista en la Constitución, cuya finalidad es la de la defensa del interés general. Vilás ya se querelló contra Vicent Marí, cuando este era alcalde de Santa Eulària, por los supuestos delitos de prevaricación y malversación en la tramitación del proyecto del hospital de Jesús. Esta demanda fue archivada, igual que la que luego presentó, por los mismos motivos, contra su sucesora, Carmen Ferrer, que también fue desestimada en primera instancia. Vilás ha recurrido ante la Audiencia Provincial el archivo de la querella contra Ferrer.

En su lucha contra el hospital de Jesús que promueve el empresario farmacéutico Juan Tur Viñas, el propietario de la Policlínica también se ha querellado contra la consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell, porque firmó, en ausencia del vicepresidente, Mariano Juan, un oficio para trasladar el informe de movilidad del hospital de Jesús al Ayuntamiento de Santa Eulària.

Después de que se pospusiera la declaración en los juzgados, prevista inicialmente en febrero, el presidente comparecerá esta mediodía en la sede judicial de Ibiza para responder a las preguntas de la jueza, el Ministerio Fiscal y las partes personadas. Primero lo hará la interventora de la institución. También está citado un representante del Consell en calidad de supuesto perjudicado, pero el secretario ya emitió un informe en el que descartaba que el erario público hubiera sufrido ningún daño por esta contratación.

Emergencia sanitaria

El objeto de la causa es la contratación por la vía de emergencia (sin concurso público), durante el estado de alarma por la pandemia, en mayo de 2020, a la empresa Fuera de Escena Ibiza SL para el rodaje y la producción de un vídeo de promoción de la isla (’La vida Islados’, protagonizado por la actriz Olivia Molina) para tratar de captar turistas de cara a un verano perdido por el cierre de fronteras y las restricciones por el covid.

La interventora de la institución firmó un informe de reparo al pago de 164.257 euros a Fuera de Escena Ibiza SL por este spot publicitario, rodado por Republicana de Cine. El presidente levantó las objeciones de la funcionaria con otro informe de otra letrada de la institución. El fiscal entiende, no obstante, que podría haber un delito de prevaricación porque «no procedía la tramitación por la vía de emergencia porque esta medida no era necesaria para la lucha contra la pandemia».

La querella de la Fiscalía también considera que se podría haber cometido un delito de tráfico de influencias por «la posible relación personal» del presidente con la que era administradora única de Fuera de Escena, Míriam Juan, concejala del PP de Santa Eulària entre 2007 y 2011 cuando Vicent Marí era alcalde. Juan cesó de su cargo en la sociedad, en septiembre de ese año, justo cuando el PSOE empezó a denunciar las posibles irregularidades.

Santa Eulària pagó a Fuera de Escena, entre 2016 y 2020, 1,2 millones de euros por la gestión, sin previo concurso público, de la gestión del Teatro España y el centro cultural de Jesús, según consta en la querella de la Fiscalía, que se basa en el informe razonado de la Oficina de lucha contra la corrupción de Balears.

Además, este informe revela que cuando Marí era alcalde, Santa Eulària compró a Fuera de Escena una cuarentena de teléfonos móviles para cargos políticos y personal del Consistorio para el desempeño de su trabajo público por casi 20.000 euros más la reparación de otros terminales. También material informático para diversos departamentos, como routers para la Policía Local y otras cosas, como un millar de pendrives con el escudo corporativo para actos protocolarios por un coste de 4.791 euros.

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