La pugna que mantiene el grupo del PSOE en el Consell de Ibiza con la consellera tránsfuga Marta Díaz sobre su sueldo público da un giro. El secretario accidental de la Corporación, Antoni Riera, ha emitido un informe en el que advierte de que si se retira la retribución de Díaz (33.310 euros brutos anuales por una dedicación parcial del 60%) para reasignarla a alguno de los tres consellers socialistas, tal como ha solicitado el grupo socialista, «se podrían vulnerar sus derechos».
Balears no cuenta con ninguna ley que regule las asignaciones económicas que corresponden a los consellers no adscritos ni tampoco lo hace el reglamento orgánico del Consell, según apunta el informe del secretario. Precisamente, la Ley de Bases de Régimen Local estipula que los derechos económicos de los consellers no adscritos «se ejercen en la forma que determine el reglamento orgánico».
Marta Díaz se vio forzada a dejar el grupo del PSOE el pasado 18 de octubre (sus excompañeros pidieron dos días antes su expulsión) después de dar marcha atrás, en contra del criterio del que era entonces su partido, a su dimisión. Díaz renunció a su cargo el viernes 4 de octubre como consecuencia de las informaciones de este diario sobre los gastos sin justificar que hizo con la tarjeta de la institución en el pasado mandato, cuando era vicepresidenta.
Pero dos días después renunció a dejar su escaño con el argumento de que le resultaba imprescindible para «defenderse» de lo que ella calificó como «una campaña de difamación en su contra», lo que abrió una crisis en el PSOE de Ibiza que provocó la dimisión de Vicent Torres como secretario general.
Tras pasar a ser consellera no adscrita, el grupo socialista pidió formalmente que la retribución económica de Díaz, que le fue asignada por «su condición de miembro del PSOE», se reasignara a otro conseller socialista. El portavoz, Vicent Torres, ingresa casi 50.000 euros al año por una dedicación del 90%, el conseller Víctor Torres 33.310 euros (60%), mientras que Vicent Tur cobra 9.000 euros (por asistencia a plenos y comisiones).
Retirada del pleno
Retirada del pleno
De hecho, en la junta de portavoces (Marta Díaz no forma parte) previa al pleno de noviembre, el PSOE acordó con el equipo de gobierno que Díaz pasara a cobrar sólo por asistencia a plenos y comisiones, con un máximo de 9.000 euros anuales. El presidente, Vicent Marí, introdujo este asunto en el pleno por la vía de urgencia, pero finalmente lo retiró después de que Díaz advirtiera de que iba a impugnarlo y alertara de que existe jurisprudencia que determina que no se le podía quitar su sueldo. Los socialistas insistieron en su reclamación, mientras que Díaz presentó alegaciones, en las que exponía la jurisprudencia que avala su derecho a mantener su salario.
El asunto quedó bloqueado a la espera del informe del secretario, que destaca que la Ley de Bases de Régimen Local «únicamente impide la mejora de los derechos económicos de los concejales, diputados o consellers que pasen a tener la consideración de no adscritos, pero no impone medidas sancionadoras rebajando los derechos políticos y económicos respecto a su situación anterior».
El informe jurídico apunta acto seguido que el Tribunal Supremo ha admitido recientemente un recurso sobre la interpretación del límite del punto anterior, pero el secretario destaca que «lo que sí se constata y es obvio es que los consellers no adscritos tienen derechos económicos».
También cita diversa jurisprudencia y, entre otras cuestiones, señala que el Tribunal Constitucional certifica que «el escaño pertenece a la persona elegida [en las urnas] y no al partido».
A diferencia de la legislación de Balears, la de Canarias sí regula específicamente la figura de los consellers no adscritos y su régimen retributivo. Impide, además, que se les reconozca una dedicación exclusiva o parcial ni cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes del cabildo insular. Al no haber una norma similar en Balears, el informe advierte de que cualquier «alteración a la baja de los derechos económicos individuales de Díaz se debe examinar con rigor para que no suponga un trato discriminatorio o una represalia por haber abandonado su grupo político».
