Pablo Casado, presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 28 de abril, aterrizó ayer en Ibiza cargado de promesas y compromisos, como un Papá Noel de la política. Sobre todo, despertó el entusiasmo de los 700 presentes en el mitin que ofreció en el recinto ferial cuando aseguró que acabará con el impuesto de turismo sostenible en caso de ser el nuevo inquilino de la Moncloa: «Me comprometo a que no haya tasas turísticas ni ecotasas. Favoreceremos que los turistas vengan a Balears e Ibiza». Lo que no explicó es cómo piensa liquidar desde Madrid un impuesto balear, no estatal. (Ver galería de imágenes)
«Ya está bien de poner palos en las ruedas, de dar problemas, de gravar a los empresarios», dijo, en tono sosegado, Casado respecto al impuesto turístico. También anunció que combatirá la turismofobia: «Es un disparate enfrentarse al turista», lo cual calificó de comportamiento «casi xenófobo, excluyente, provinciano». «Yo apostaré por el turismo», exclamó, para satisfacción del excomisario europeo y empresario hotelero Abel Matutes, que, sentado en primera fila, lo aplaudió a rabiar en ese momento.
En vez del puedo prometer y prometo que popularizó Adolfo Suárez en los inicios de la democracia, Casado prefiere usar el «me comprometo». Por ejemplo, a que en cinco días se pueda crear una empresa: «Habrá alfombra roja para los empresarios. Acabaremos con los trámites burocráticos y las barreras». Lo llamó «autopista administrativa».
Adiós al impuesto de sucesiones
Adiós al impuesto de sucesiones
Buena parte de su discurso se centró en la economía: mejorará la «competitividad fiscal», para lo cual bajará impuestos y suprimirá, entre otros, los que gravan las sucesiones, las donaciones y el patrimonio. Estas y otras medidas tendrán un coste económico: «16.000 millones», reconoció. Pero «con una ley de armonización de mercados», es decir, que cada autonomía no sea un mundo legislativo aparte, «se inyectarán 45.000 millones de euros a la economía». Y eso, afirmó, permitirá crear 400.000 puestos de trabajo, calculó basándose en datos de la CEOE. Casado insistió en la necesidad de que no se disperse el voto de la derecha, en referencia a Cs y a Vox: «Quien quiera mantener unida España, que una su voto en el PP».
Quizás por eso, para que no se le escapen votos a su derecha, algunos de sus compromisos son calcados a los que hace seis días se pudieron escuchar en boca de Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, durante su mitin en Jesús. Si Ortega dijo que suprimiría la ley de normalización lingüística, Casado anunció medidas que amparen la comunicación en ambas lenguas oficiales en Balears.
«Endogamia nacionalista»
«Endogamia nacionalista»
El líder popular criticó que haya facultativos que no quieran trabajar en la isla «porque se les exige el catalán; el requisito debe ser que hagan, por ejemplo, un buen trasplante. La lengua no debe ser un impedimento». Algo similar mencionó Jorge Campos, presidente balear de Vox, hace unos días en Ibiza. Eso es producto de la «endogamia nacionalista», de la «xenofobia, del odio a lo diferente», apuntó Casado, que repitió la misma palabra para referirse al pancatalanismo: «No aceptaré que hablen de los Països Catalans con Balears como triste apéndice (...), fantasmagórica quimera de una mente sectaria». Precisamente, Campos usó el mismo término, «fantasmagórico», para referirse a los Països Catalans y a que se había «puesto en marcha en Balears el proceso separatista».
En Cataluña, aseguró Casado, hará «cumplir al ley», ilegalizará a «las formaciones que alienten la violencia» y prohibirá en el Código Penal la convocatoria de referéndums.
Otro de sus «compromisos», quizás el más aplaudido, fue la creación de una ley antiokupas, que incluirá penas de prisión: «Se acabó la broma. En 24 horas, la Policía podrá tirar la puerta abajo y llevar directo al okupa ante el juez. Sin complejos [otro tic heredado de Vox], le caerán de uno a tres años de prisión», avisó, momento en que usó el tono más duro de la velada.
Más compromisos: equiparar salarialmente a los policías nacionales (500 euros más al mes) y a los guardias civiles (700 euros más al mes) con otras fuerzas de orden público e intentar solucionar los problemas de vivienda que padecen.
