No fue una crisis cualquiera, como las de los 90, ni siquiera como la de comienzos de los 70. Golpeó duro, con saña, a toda la sociedad. No se salvó nadie, ni inmigrantes ni residentes con ocho apellidos pitiusos. Los desahucios estaban a la orden del día y no era difícil ver individuos que rebuscaban al caer la noche dentro de los contenedores o que acudían en avalancha a entidades benéficas en busca de lo más básico, de alimentos o de algo de dinero para pagar la luz o el alquiler. Lo nunca visto. En apenas unos meses, muchos pasaron de la opulencia, de comprarse una casa (o dos) y, de paso, un monovolumen y amueblar todo el hogar como nuevos ricos, a no poder pagar la hipoteca o solicitar en los bancos de alimentos tetrabricks de leche o pañales.

«En poco tiempo nos llegó una avalancha de gente con situaciones muy problemáticas, personas que se iban a la calle al perder el trabajo. Literalmente, pues además se quedaban sin vivienda. Fue impactante. Tuvimos que reaccionar rápido para poder atender a todas esas peticiones», recuerda Gustavo Gómez, que como coordinador de Cáritas estuvo al pie del cañón, en la vanguardia, desde el primer momento para, mediante «una labor de contención», atenuar en lo posible los efectos de una crisis desbocada. «Una cosa eran los goteos de personas con necesidades que se producían cada año, y otra cosa fue aquello», advierte Gómez.

Los efectos, a su juicio, son aún palpables: «Pasado el tiempo, se ha comprobado que muchos de aquellos que vinieron en busca de ayuda, no han logrado remontar el vuelo, por mucho que se haya recuperado la economía. Mucha gente se ha quedado en ese sustrato sociolaboral y no consigue salir de ahí». Coincide con él Miguel Ángel Sánchez, delegado de Cáritas en esa dura época: «Una de las secuelas de lo que sucedió es que hay una franja de la población que ha sido sumergida en el ámbito de la precariedad y no va a salir de ahí. Las cifras macroeconómicas mejoran, pero cuando bajamos al terreno de las familias y las personas concretas, esa mejoría no se aprecia».

Asegura Sánchez que «Cáritas detectó muy pronto que la crisis iba a tener efectos permanentes». No sólo aumentó la miseria, «sino que además ha recluido en el nicho de la pobreza a toda una parte de la población que no va a poder salir de ella», insiste.

Más desigualdad

Sánchez, siempre crítico, advierte de que «con la crisis ha crecido la desigualdad de una manera espantosa, la distancia entre los que tienen y los que no tienen es mayor ahora. Incluso algunos de los que tienen, poseen mucho más ahora que antes de la crisis».

A Sánchez le duele cómo la Administración prácticamente desapareció en cuanto arreciaron los problemas, dejando en manos de entidades como Cáritas la protección de buena parte de las víctimas de la recesión: «Hubo un retraimiento de las administraciones públicas, que se refugiaron en que poco podían hacer porque había una crisis. Inmediatamente redujeron los presupuestos dedicados a esas cuestiones».

Y cuando más se necesitaba, se esfumó uno de los proyectos vitales, el Centro de Integración Social, ideado entonces como un albergue, un centro de baja exigencia, un área de día y un comedor social: «La reducción de los presupuestos por parte de la Administración de la isla tuvo como consecuencia la sustracción del proyecto de es Gorg, que incluso tenía una maqueta y había sido presentado en la sede del Consell. De repente se truncó completamente».

La crisis iniciada en 2008, primero con el derrumbamiento de la construcción y, posteriormente, con el seísmo económico provocado por el estallido de la burbuja financiera, consecuencia de la caída de Lehman Brothers el 15 de septiembre, «hizo dar un salto atrás a Cáritas de 40 años, pues tuvo que recuperar actividades de asistencia primaria, como el reparto de alimentos, medicinas o pagos de alquileres, que corresponden a tareas que tenía superadas». La extrema gravedad de aquella situación «obligó a la entidad a salir de su posición ideológica y ocuparse de la atención primaria».

Esa es otra de las secuelas de la recesión: Cáritas mantiene la atención primaria «porque aún hoy sigue habiendo necesidad», indica Sánchez. ¿Pero no se había acabado la crisis? «Por número de personas atendidas -explica Gustavo Gómez-, estamos en los mismos, incluso un poco más altos, que al comienzo de la crisis. Llevamos casi una década atendiendo a unas 1.500 personas anualmente. Tras dos años de bonanza no hemos bajado». Y eso, a su juicio, ocurre porque «de toda la gente que cae tras una crisis económica, siempre hay un porcentaje elevado que no consigue recuperarse y tiene que apoyarse en Cáritas para subsistir».

Siguen ayudando a personas que no han podido salir del hoyo en el que les sumió aquella hecatombre económica: «Algunos son ya demasiado mayores para reincorporarse al mercado laboral. Otros que perdieron el empleo en esa época, les han vuelto a contratar con salarios hasta un 7% inferiores que los que tenían antes por el mismo trabajo. Muchos empresarios han aprovechado la ocasión para hacer recortes», explica el coordinador de Cáritas.

Nuevas estrategias

La situación creada tras la debacle financiera y laboral obligó a Cáritas a «apoyar enormemente su departamento de orientación laboral y de promoción en el centro Betania, con actividades de formación de inmigrantes, pues era lo que reclamaba la situación», detalla Miguel Ángel Sánchez. Pero aquello que estaban viviendo en poco se parecía a lo que habían experimentado hasta entonces, lo que les forzó a buscar nuevas fórmulas: «Creamos -señala Gómez, coordinador de la entidad-nuevos mecanismos de formación laboral para que los parados tuvieran más oportunidades. Nos reinventamos, porque nos percatamos de que las estrategias que antes utilizábamos no eran adecuadas para el contexto de esa época».

Con el tiempo, otra de las consecuencias fue, según Gómez, el incremento del «retorno voluntario» de muchos inmigrantes: «Cuando el Gobierno facilitó el regreso a los países de origen, muchos ecuatorianos que acudían a Cáritas a por alimentos, incluso aquellos que tenían trabajo, se fueron de la isla». En ese sentido, Sánchez recuerda que «la legislación de extranjería se hizo mucho más rígida y difícil. Era más complicado obtener permisos de trabajo o de residencia». De ahí que Cáritas también ejerciera «la denuncia y defensa de los derechos humanos», especialmente los de los inmigrantes, los más vulnerables.

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