La Comisión de Medio Ambiente de Balears garantiza que el vertedero de Ca na Putxa no se cerrará a pesar de que desde hace años incumple la normativa europea y estatal sobre tratamiento de residuos.
A petición de los consells pitiusos, el órgano ambiental de la Comunitat Autònoma resolvió el pasado jueves «dejar claro» que en ningún caso la solución a los problemas legales del vertedero pasará por «poner en peligro la continuidad del servicio». «Esto lo saben tanto la Unión Europea como el Estado español», explica el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Antoni Alorda.
La comisión balear tramita la revisión de oficio de la autorización ambiental integrada de Ca na Putxa por el incumplimiento de la normativa, fundamentalmente por la falta de la planta de triaje proyectada desde hace ya muchos años que obliga enterrar los residuos en las celdas del vertedero sin una selección previa y sin el tratamiento de la materia orgánica. Esta situación provoca, además, que toda la basura depositada, mucha más de la prevista en el Plan Director de Residuos, del año 2001, esté acortando la vida útil del vertedero y aboca al Consell a buscar ya, sin más demora, una alternativa a Ca na Putxa.
Tramitación «urgente»
En el pleno de junio, la Comisión de Medio Ambiente autorizó a la UTE Giref, concesionaria del vertedero, a iniciar ya las obras de la planta de triaje y de las instalaciones para llevar a cabo el proceso de metanización de la materia orgánica, a pesar de que todavía el proyecto no ha superado la tramitación ambiental. Hay que tener en cuenta que en 2016, Medio Ambiente dio el visto bueno al proyecto anterior, el que prevía el sistema de compostaje en vez de la biometanización, pero que el Consell Consultiu obligó a echar atrás.
Medio Ambiente celebra el anuncio del inicio de las obras y permite que se desarrollen todos los trabajos que coinciden con el proyecto anterior mientras se avanza con la tramitación ambiental del nuevo. El estudio de impacto ambiental de las nuevas instalaciones ya se encuentra en exposición pública. Alorda asegura que la tramitación ambiental del proyecto modificado se hará por «urgencia», con la idea de que este mismo año esté resuelta. El plazo de ejecución de las obras es de dos años.
El Consell acordó en junio dar un plazo de un mes a la UTE Giref para iniciar las obras, pero tras anunciar el presidente, Vicent Torres, en el debate de política general (el pasado día 13), el compromiso de la empresa a comenzar los trabajos de forma «inminente», ésta solicitó posponerlos hasta el 15 de octubre dadas las dificultades que tiene, argumenta, para hallar el personal necesario en verano. El Consell ha aceptado esperar hasta el 15 de septiembre.
