El coste de la protección de terrenos mediante la ley 4/2008 aprobada en la legislatura del segundo gobierno autónomo de izquierdas y que afecta a Benirràs, Roca Llisa, Cala d'Hort y Punta Pedrera sigue sumando millones. El director general de Ordenación del Territorio del Govern, Luis Corral, informó ayer de que hace 10 días el Tribunal Superior de Justicia dictó una sentencia que condena a la Comunitat Autònoma a pagar «unos 60 millones de euros más intereses [80 millones en total]» por la protección de Punta Pedrera.
En concreto, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, a la que ha tenido acceso este diario, condena a la Comunitat Autònoma al pago de 58,8 millones de euros a la entidad Punta de Ibiza S. L. , propietaria del 90,6% del terreno, y de seis millones de euros a Mecron S. L., que ostenta la titularidad del 9,3%, más los intereses legales devengados desde el 14 de mayo de 2009, cuando se presentó la demanda.
Las dos sociedades exigían inicialmente el pago de una indemnización de 85 millones de euros. Este sector (el 5.4) tenía una edificabilidad potencial de 37.672 metros cuadrados, tal y como recogía el proyecto de compensación aprobado, "derecho de aprovechamiento que fue patrimonializado por las sociedades promotoras al haber cumplido sus obligaciones asumidas en el seno del proceso de ejecución y desarrollo del planemaiento", según la sentencia.
El primer gobierno progresista de Sant Josep anuló una licencia (la revisión de una anterior) que concedió el PP en 2006 para ampliar de 122 a 244 apartamentos la capacidad de desarrollo de Punta Pedrera. En 2001 se otorgaron dos permisos para los 122 apartamentos citados y 39 estudios. La decisión de anular la revisión de la licencia fue avalada por el juzgado en 2010 tras la desestimación de un recurso de la promotora.
La defensa de la Comunitat Autònoma se oponía al pago de una indemnización con el argumento de que las dos mercantiles "no cumplieron con los plazos de inicio señalados en las licencias de obras que le fueron otorgadas".
El fallo judicial agrega que las circunstancias relativas a las licencias de obras concedidas posteriormente "no repercuten en la efectiva producción de la lesión sobre el derecho a edificar ya obtenido por las mercantiles propietarias, ni mucho menos obsta el deber de indemnizar los daños y perjuicos causados a las actoras".
Hay que tener en cuenta que hace unos meses se dictaron diversas sentencias que condenan al Govern a abonar más de 18 millones por el blindaje de Roca Llisa. Están recurridas en el Supremo. Lo mismo se hará con el caso de Punta Pedrera, según Corral, que ahora mismo desconoce cómo se afrontará el pago de esta millonaria factura si el Supremo confirma todas estas sentencias. «No se puede mirar hacia otro lado, pero no sé qué haremos» indicó.
'Amnistía' en Platja d'en Bossa
Corral resalta que por una sola licencia (para 122 apartamentos), y sin construir, el Govern, a la espera de lo que resuelva el Supremo, tiene que afrontar el pago de 80 millones. Utiliza este caso para tratar de mostrar la dimensión de la posible indemnización que se debería pagar en el caso de que se tuvieran que derribar todos los establecimientos hoteleros del Grupo de Empresas Matutes situados en el último kilómetro de Platja d'en Bossa afectados por la sentencia de 2008, que anuló su clasificación como suelo urbanizable. «Es directamente inasumible», señala.
Corral recuerda que las Directrices de Ordenación del Territorio aprobadas por el primer Govern de Jaume Matas en 1999 desclasificaron los terrenos de la costa que no hubieran cumplido todos los trámites previos a su urbanización. En el caso de Platja d'en Bossa, el gobierno municipal del PP ya había dado licencias (de construcción y de actividad) para su desarrollo, pese a que aún no se cumplían las condiciones para hacerlo.
A propuesta del Ayuntamiento de Sant Josep, la nueva ley de Urbanismo, que se aprobará hoy en el Parlament, incluye una disposición transitoria (la 14) a medida para resolver esta situación en Platja d'en Bossa y también en Cala Tarida. Da la posibilidad a Sant Josep de incluir los terrenos en una unidad de actuación y declararlos urbanos, a cambio de que los propietarios cumplan con las cesiones obligatorias (calles, aparcamientos, espacios públicos y el pago del aprovechamiento medio del 15%). En el caso de que por falta de espacio, no se puedan cumplir «físicamente» estas cesiones, se podrá sustituir con «el pago en metálico de una cantidad sustitutoria».
En manos del PP
Podemos advirtió ayer al PSIB-PSOE de que una «buena ley de urbanismo» no puede «quedar salpicada por medidas a la carta» al legalizar en Ibiza «casos concretos de la familia Matutes» y anunció que votará en contra de este punto. Lo mismo anunció Més, por lo que la aprobación de esta disposición adicional dependerá del apoyo del PP.
El PP anunció que su grupo presentará una enmienda in voce para que esta excepción se extienda a todas las islas, tal y como contemplaba la ley del PP, y no sólo a los dos casos de Sant Josep.
La FSE-PSOE critica «la demagogia» de Podemos, su socio de gobierno en el Consell, y «desmiente» que se beneficie a Matutes, ya que «la disposición impide un desarrollo mayor y, en ningún caso, el campo de golf, ya que queda fuera del ámbito de actuación». Recuerda que es «una situación heredada de la política en favor de la especulación del PP». El PSOE destaca que no se legalizan obras ejecutadas sin licencia.
