Todos y cada uno de los ayuntamientos de Ibiza expresaron ayer, a través de sus respectivos alcaldes, su total y absoluta oposición al alquiler de pisos residenciales a turistas en núcleos urbanos, lo que supone rechazar de manera monolítica y sin fisuras el núcleo central de la ley que promueve el conseller de Turismo del Govern balear, Biel Barceló. De este modo, el presidente del Consell, Vicent Torres, se convierte en el único gobernante de Ibiza que defiende la iniciativa de Barceló, pues ni sus socios de gobierno de Podemos-Guanyem, ni la oposición del PP ni sus propios alcaldes del PSOE comparten su apoyo a la legalización de los pisos turísticos. Esta situación prácticamente aboca la iniciativa de Barceló a un fracaso seguro en las Pitiusas.
En una muestra de unidad con escasos precedentes en la isla y que no distingue entre partidos políticos, todos los equipos de gobierno de Ibiza coincidieron en destacar que la reforma legal que impulsa Barceló constituye «una grave amenaza a la convivencia entre turistas y residentes», así como un impulso al «encarecimiento de la vivienda en la isla».
Los ayuntamientos de Ibiza y Santa Eulària ya habían expresado con rotundidad su oposición a la nueva ley, y de hecho se han apresurado a redactar normas específicas para neutralizar sus efectos. Ayer, el alcalde Rafa Ruiz reiteró la total vigencia de su rechazo a la legalización de alquileres turísticos en la ciudad y recordó que Vila es la tercera ciudad más cara de España, «aunque seguramente es la primera en realidad», opinó. Si se permitiera alquilar pisos a turistas, como quiere el Govern, «muchos propietarios echarían a sus inquilinos, como soy yo mismo, de las casas para poder alquilarlas a turistas». En cuanto al borrador presentado por el Govern, que contiene numerosas limitaciones y restricciones sobre las intenciones iniciales, Ruiz afirmó: «Entiendo que se está haciendo un esfuerzo por parte del Govern, pero para nosotros no es suficiente. No estamos de acuerdo con que en suelo residencial haya usos turísticos».
Además, expresó su deseo de que el Govern «respete» el informe que en su momento tenga que hacer el Ayuntamiento contra esta mezcla de usos.
Santa Eulària, por su parte, recordó ayer a través de un portavoz que está elaborando también una norma para impedir lo que Vicent Marí consideró en un pleno reciente como «la mayor amenaza contra el modelo turístico y de convivencia en Santa Eulària».
A estas opiniones ya conocidas se sumaron las del alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, quien a preguntas de este diario afirmó: «Lo que nos anuncia el Govern en este borrador son instrumentos para controlar todo esto y me parece muy bien. Pero, al final, lo que hay es un problema de convivencia entre turistas y residentes, sobre todo en los edificios plurifamiliares y una forma de evitar que estos conflictos sigan existiendo es no permitir este uso turístico». «Si a los ayuntamientos nos dan autoridad para autorizar o no estos usos turísticos en edificios plurifamiliares, decimos que no», recalcó. También admitió las diferencias que hay en el PSOE respecto a este asunto, «pero el PSOE es muy grande y en Balears hay muchas islas», dijo.
El Ayuntamiento de Sant Antoni se mostró también en contra. El concejal de Urbanismo y Actividades, Juanjo Ferrer, hablando en nombre de todo el equipo de gobierno, vio bien el anteproyecto del Govern, puesto que otorga al Ayuntamiento la capacidad de decisión de rechazar su contenido principal.
«Si a otros municipios de la isla les gusta esta regulación para permitir los usos turísticos, nos parece bien, pero en Sant Antoni entendemos que este uso hoy en día no es compatible con el uso residencial», manifestó Ferrer.
El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Marí, se pronunció en idénticos términos, si bien criticó además que el borrador legislativo prevea impedir nuevos alquileres en casas de campo, pues «permitir las viviendas vacacionales ha sido el mejor acierto de los últimos años» en Sant Joan, afirmó.
700 euros la plaza en Ibiza
La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) convocó ayer una rueda de prensa para reiterar su rechazo a la medida, que atribuyó a «un empeño personal del presidente Vicent Torres», aparte del conseller Biel Barceló, «miembro de Més per Mallorca», recordó el presidente de la patronal hotelera, Juanjo Riera.
Una de las principales cuestiones que preocupa a Riera es el precio que deberán pagar los propietarios de pisos que quieran alquilarlos a turistas por la compra de plazas procedentes de la bolsa existente en el Consell. «¿Qué pagarán por comprar esas plazas? Los hoteleros hemos de pagar 4.300 euros por cada una», recordó. Ayer el Govern estimó que se cobrarán a razón de entre 700 y 1.000 euros por plaza, aunque en Ibiza se acercaría más a los 700.
Si se permite la mezcla de usos residenciales y turísticos «todo se convertirá en un guirigay», proclamó Riera, quien también dijo que no habrá medios para inspeccionar.
