Ayudar a personas en riesgo de exclusión social a reinsertarse en la sociedad, atender a aquellos «trabajadores pobres», que, como denunció Cáritas el pasado 13 de noviembre, cuyo salario no es suficiente para pagar un alquiler y acoger a pacientes sin hogar procedentes del Ib-Salut para el postoperatorio en un espacio «digno», es el objetivo de la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ibiza. A raíz de la polémica suscitada por la ubicación del nuevo Centro de Acogida Municipal (CAM) en el antiguo retén de la Policía Local, situado en la calle Vicente Serra i Orvay, el concejal y el director del área, Joan Ribas y Xavier Vilamanyà, insisten en la necesidad de dotar al municipio de esta infraestructura. Además, remarcan que el nuevo albergue no está dirigido a personas con adicciones, ya que se tratará de un centro de alta y media exigencia.

Para comenzar, Ribas y Vilamanyà explican la decisión de ubicar el CAM en el núcleo urbano en lugar de en las afueras. Tras entrevistarse con expertos en exclusión social y ver cómo otras ciudades, como por ejemplo Palma, habían abordado este problema, comprobaron que las personas que, por un hecho puntual en sus vidas se han quedado sin casa, ya sea por la pérdida de empleo o por un imprevisto o situación sobrevenida, no pueden ser desarraigadas de su entorno. Expulsar a las personas que tienen capacidades para seguir adelante es un obstáculo en esta recuperación. «También puede afectar a su autoestima y a su dignidad. Ubicarlas en un centro aislado puede dificultar su reinserción», sostiene Vilamanyà.

Ante la necesidad de un nuevo albergue, Ribas y los técnicos comenzaron la búsqueda de un espacio que reuniera las condiciones legales para ubicarlo. A diferencia del actual, situado en la calle Carlos III, tiene que ser accesible y amplio, entre unos 450 y 600 metros cuadrados. Antes de escoger el antiguo retén de la Policía Local de Vila, los profesionales contemplaron varias opciones. En primer lugar, se interesaron por un local cuyo precio de alquiler era asequible. Sin embargo, no reunía las condiciones que marca la ley ni el espacio era el pertinente. «La idea es que el albergue sea para 20 años, una infraestructura a largo plazo que no quede obsoleta en un año», afirma Ribas.

La siguiente opción era otro local en arrendamiento, pero el precio de su mensualidad era muy alto, inasumible para la institución municipal. Además, el concejal de Bienestar Social cuenta que, desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento, le desaconsejaron la opción del alquiler, ya que habilitar el local para convertirlo en un albergue requiere de una gran inversión económica. Tras descartar las alternativas anteriores, examinaron los edificios y espacios municipales y comprobaron que el antiguo retén de la Policía Local reúne todos los requisitos que marca la ley: consta del espacio requerido, es accesible y podrá contar con dos entradas diferenciadas. «No hemos elegido este espacio por capricho ni para perjudicar a nadie, sino que es la mejor opción disponible», argumenta Ribas.Rechazo de los vecinos

Respecto a la oposición de algunos vecinos de la calle Vicente Serra i Orvay (más de un centenar de personas mostró su rechazo en una reunión informativa sobre el albergue celebrada el pasado 7 de noviembre), Vilamanyà y Ribas comprenden la desconfianza y el miedo a esta instalación, pero consideran que son reacciones que se deben «al desconocimiento» y por las peculiaridades del CAM actual, que se encuentra en el mismo edificio, propiedad del obispado, que el comedor y el Centro de Día de Cáritas.

«La percepción de los vecinos es que en este edificio se atiende tanto a sintecho, como a personas en riesgo de exclusión social o con necesidades puntuales y a individuos con «consumo activo, es decir, con adicciones. Por eso, piensan que con el nuevo albergue ocurrirá lo mismo, pero no es así», afirman. «Como hemos repetido en varias ocasiones, el CAM será un centro de alta y media exigencia con un acceso limitado, que implicará el cumplimiento de una serie de normas y obligaciones», sostienen Ribas y Vilamanyà. En este sentido, el director del Área de Bienestar Social de Vila considera que se debe evitar «este cajón de sastre» en el que se ha convertido el edificio de la calle Carlos III. «Nuestra línea de trabajo es contraria a la mezcla de distintos perfiles y optamos por un tratamiento específico para cada colectivo, ya que no hemos encontrado estudios ni informes que avalen que es más positivo lo contrario», razona el experto.

Por ello, ambos insisten en que los usuarios de baja exigencia deben atenderse en un centro específico como el que se proyecta en es Gorg. Respecto a la duda que plantean varias vecinos sobre qué pasará con las personas que no reúnen los requisitos para ser atendidas en el albergue municipal hasta que el centro de baja exigencia de la isla sea una realidad, Ribas y Vilamanyà recuerdan que el Centro de Día y el comedor social de Cáritas continuarán abiertos en el edificio actual.

Por último, ambos afirman que el reto de este proyecto es integrar el albergue en el barrio, que no sea un centro aislado, sino que cuente con la participación ciudadana. Por tanto, el desafío consiste en implicar a los vecinos ahora reticentes. «No se trata de establecer una relación de coexistencia, sino de convivir y compartir y para ello escucharemos a todas las partes», concluyen Ribas y Vilamanyà.