El Consell de Ibiza ha iniciado una campaña de choque contra el masivo alquiler ilegal de viviendas turísticas mediante la utilización de una aplicación informática que, de momento, ya ha detectado entre 15.000 y 20.000 camas susceptibles de ser piratas en unos 4.500 inmuebles que se ofertaban en una única plataforma de Internet.
La institución, según anunció ayer en rueda de prensa su presidente, Vicent Torres, rastreará con esa herramienta en las cuatro principales webs españolas de alquileres turísticos, con lo que, según sus cálculos, podrían aflorar otro millar de viviendas sin reglar por cada página de Internet. En la actualidad solo hay 1.500 alojamientos legalizados y con número de registro en el Consell, aproximadamente unas 5.000 camas.
Hay otras tantas (unas 5.000 camas) que están a la espera de su legalización desde hace años, de manera que cuando acabe el proceso habrá solo 10.000 legalizadas, la mitad de las que se ofertan en una sola web, lo que da una idea de la magnitud de un problema que está produciendo graves consecuencias en el conjunto de la sociedad al haber vaciado casi totalmente el bolsón de viviendas de alquiler residencial.
Casos flagrantes
«Advertiremos poco [a los infractores]. Queremos actuar. Advertidos ya están», avisó Torres. El presidente señaló el descaro con el que se están alquilando viviendas como si fueran alojamientos turísticos, incluso despiezando los inmuebles por habitaciones, algo que se prohíbe terminantemente en la ley de Turismo: «Una casa vacacional no puede subarrendarse por habitaciones», exclamó el conseller de Turismo. Pero hay webs que además de alquilar inmuebles enteros, los ofrecen por habitaciones e, incluso, por habitaciones compartidas. En ese sentido, en ese primer barrido efectuado en una sola página se han detectado 150 casos en los que se alquilan más de una docena de plazas por estancia, cifra por encima de lo que les permitiría legalizarse. La capacidad máxima para poder alquilar una casa es, en todos los casos, de seis dormitorios y 12 plazas. La ley prohíbe el alquiler turístico en edificios plurifamiliares (como los bloques de pisos) o adosados sometidos al régimen de propiedad horizontal.
La ventaja que ofrece esa herramienta informática es que «se podrá actuar sin tener que ir puerta por puerta», algo que hasta ahora alargaba mucho el procedimiento de detección de ilegalidades. Los inspectores podrán abrir los expedientes desde su mesa de despacho sin tener que acudir físicamente al inmueble sospechoso, según afirmó Torres.
«La aplicación analiza hasta el color de las sábanas», advirtió Torres. Además, discrimina entre las ofertas que aportan su número de registro y las que carecen de él, que serán objeto de sanción. Eso sí, el departamento de Turismo del Consell ya ha detectado los primeros casos de picaresca, como el uso del número de registro de una vivienda turística vacacional (único e intransferible) para alquilar varias propiedades, según explicó Vicent Torres, Benet, director insular de Turismo.
Las actuaciones del Consell contemplan, además, una campaña informativa en los principales medios dirigida a los propietarios de viviendas vacacionales y en general, agencias inmobiliarias y empresas de comercialización de productos turísticos, que en caso de burlar la ley se enfrentan a sanciones de 4.000 a 40.000 euros. El objetivo es «disuadirlos» de alquilar sus inmuebles a los turistas. Las viviendas que no estén identificadas con su número de registro turístico en las webs donde se comercien serán objeto de acta sancionadora, de acuerdo con la Ley 8/2012, de 19 de julio del Turismo de Balears, advirtió el presidente del Consell y titular de la cartera de Turismo ibicenca.
Seis inspectores y un letrado
Un total de seis inspectores y un letrado del departamento de Turismo conforman el equipo de inspección. No obstante, Vicent Torres admitió que el proceso para sancionar a los infractores es largo, demasiado, por lo que dijo que habrá que buscar fórmulas para reducir al máximo los dos años de media que actualmente dura concluir cada uno de los expedientes.
«La isla -manifestó el presidente- es un destino turístico de éxito, de relevancia mundial. Pero este éxito tiene otra cara, como son las problemáticas sociales, la afectación medioambiental y la saturación territorial y de las infraestructuras. Ni podemos satanizar el turismo, como pretenden algunos, ni podemos girar la espalda a todos estos problemas, como han hecho otros. Tenemos que hacer posible continuar con el éxito turístico de Ibiza, asegurando una igualdad social y la sostenibilidad del territorio».
Torres también explicó las propuestas del Consell a la regulación del alquiler turístico en la que trabaja actualmente el Govern, y que a su juicio ha de asegurar la efectividad de la prohibición de usos turísticos en zonas residenciales: «No hablamos de ninguna amnistía, sino de combatir una problemática que no ha hecho más que crecer a los últimos años. Si seguimos como hasta ahora, está claro que el problema no hará más que crecer. Y para poner orden, lo primero que necesitamos es una mejor regulación».
