El hijo de Sara Calleja, Elio García, no tiene confianza en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ibiza, que, finalmente, será el encargado de investigar la muerte de esta mujer, que se arrojó por la ventana de la casa en la que residía en Vila el pasado 11 de julio, un suicidio que la Policía Nacional calificó de «inducido» por su maltratador, el belga C. C.
Sara Calleja (Ponferrada, 1963) presentó las dos últimas denuncias contra este hombre en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Ibiza, pero el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de la isla nunca las llegó a tramitar y permanecieron guardadas en la caja fuerte hasta después del suicidio.
La Fiscalía y el juzgado de Ibiza se inhibieron en favor del Juzgado de Instrucción número 4 de León, ciudad en la que la mujer presentó 17 denuncias contra el belga. Sin embargo, recientemente el juzgado leonés, a su vez, se ha inhibido a favor del juzgado especializado ibicenco.
«Teniendo en cuenta cómo han ido han cosas en ese juzgado, tampoco nos da mucha confianza», dice García. El hijo de Sara Calleja se refiere al hecho de que el juzgado de Ibiza nunca llegara a tramitar las dos denuncias, las últimas antes del suicidio.
En cualquier caso, ya sea en Ibiza o en León, la familia tiene intención de personarse como acusación particular contra C.C., que fue condenado por malos tratos sobre Sara Calleja y tiene desde entonces prohibida la entrada en España. «Por eso para nosotros resulta más cómodo que la causa se lleve en León», dijo Elio Calleja, que reside en la capital leonesa.
Sara Calleja se trasladó a Ibiza, donde reside su hija, para intentar alejarse del daño que durante años sufrió en León por el maltrato infligido por C. C. Aquí, en la isla, y pese a la prohibición judicial que tenía el belga de comunicarse con Sara, esta continuó recibiendo mensajes amenazantes de su maltratador a través de Facebook, SMS y llamadas telefónicas.
Prohibición de comunicarse
Las denuncias que presentó en la comisaría de la isla fueron precisamente por este motivo, ya que la sentencia en la que C. C. fue condenado por maltrato, una sentencia de conformidad en la que él admitió la acusación, le prohibía comunicarse con ella a través de cualquier medio por un periodo de cinco años.
Pero estas dos denuncias que llegaron desde la comisaría al juzgado ibicenco «no tenían ni número», explicaron fuentes judiciales. Las denuncias se encontraban «en secretaría», en el despacho de la secretaria judicial, guardadas.
Ante esta situación, el juzgado que se encontraba de guardia cuando llegó el atestado sobre la muerte de Sara Calleja, el día 14 de julio, tres días después del suicidio, que era el Juzgado de Instrucción número 4, hizo constar que las denuncias «no estaban tramitadas» y ordenó «su tramitación y que se instruyeran las diligencias correspondientes», señalaron fuentes judiciales.
La primera de estas dos se presentó en mayo y la otra en junio. La primera entró en el juzgado el pasado 19 de mayo.
«La regla es que denuncia que entra, denuncia que el mismo día debe ser conocida, activada», indicó el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, Juan Carlos Torres, que está de baja médica, y que, con estas palabras, censuró la actuación de la secretaria judicial, que ya no se encuentra en la isla.
El caso de Sara Calleja generó una gran indignación, sobre todo cuando se supo que un día antes de su muerte escribió una carta a la jueza de León que llevaba su caso recriminándole su actuación: «Mi vida estaba en sus manos, señora jueza, y parece que cada vez que iba a denunciar, aburría. Hace tres meses lo intenté con pastillas y hoy espero irme de verdad, no lo soporto y por eso me retiro. Christian me robó todo. Él ganó».
