El Ayuntamiento de Ibiza paga a una vecina de sa Penya por ser sus «ojos» en el barrio y su consejera. Esta persona, que trabaja para el Consistorio al menos desde 1997 y al parecer sin ningún contrato que formalice esta relación laboral, presenta mensualmente una factura de 1.936 euros, que puntualmente le han pagado todos los equipos de gobierno que han pasado por la institución desde que Enrique Fajarnés ocupaba la alcaldía, periodo en el que podría haber comenzado el vínculo profesional.
Después de que en diciembre la nueva interventora pusiera reparos al pago de estas y otras facturas «por no constar expediente de contratación ni acuerdo previo a los servicios facturados», la alcaldesa Virginia Marí firmó un decreto por el que esta vecina del casco histórico percibirá 5.808 euros correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2014 y en concepto de «coordinación de sa Penya , la Marina y Dalt Vila».
El equipo de gobierno no ha precisado desde qué año se paga a esta asesora ni tampoco si es funcionaria o cuenta con algún contrato que la ligue al Ayuntamiento. Tampoco ha especificado cuáles son exactamente sus funciones ni si la relación con el Consistorio se ha interrumpido en algún momento a lo largo de las dos últimas décadas. Del mismo modo, los actuales responsables no aclaran si piensan seguir contando con los servicios de esta mujer tras los reparos expresados por la interventora. Estas y otras cuestiones se verán presumiblemente respondidas en un informe encargado al departamento de Personal tras conocer lo inusual de la situación. En función de ese informe, aseguró ayer un portavoz municipal, se tomarán «las medidas oportunas».
Críticas olvidadas
Curiosamente, en abril de 1997, cuando el PSOE estaba en la oposición, los socialistas formularon al equipo de gobierno de Fajarnés varias preguntas para saber «cuál es la función concreta» que esta mujer desarrollaba en el Ayuntamiento. Señalaban que había sido contratada «varios años» antes para realizar labores de coordinación entre los vecinos de sa Penya y el Ayuntamiento, aunque se decía ya entonces que había recibido críticas de grupos vecinales de ese mismo barrio y de la oposición.
Tres meses más tarde el entonces portavoz socialista, Xico Tarrés, daba una rueda de prensa para lamentar la escasa utilidad de la nueva oficina que Fajarnés había abierto en sa Penya. Criticaba que se trasladara allí a un arquitecto que ya cumplía con sus funciones en otro espacio y que le fuera a acompañar «una funcionaria que, encima, está enfrentada con todos los vecinos de sa Penya». Aludía a la misma persona a la que Vila sigue pagando a día de hoy. El socialista consideró que aquella oficina (desaparecida luego) era un «nuevo acto propagandístico» de Fajarnés. Y sobre esta empleada, expresidenta de una asociación vecinal en el barrio, señaló: «Si todos los vecinos de sa Penya están enfrentados con ella, difícil diálogo habrá aquí».
No obstante, cuando Tarrés ganó las elecciones en 1999 continuaron las colaboraciones con esta vecina, que se mantuvo también el equipo de Lourdes Costa y que se han prolongado hasta la actualidad a pesar que en 2011 hubo un nuevo cambio de gobierno. Las tres últimas alcaldesas del PP han consentido también esta situación.
Desde el grupo PSOE-Pacte aseguran que las funciones de esta persona fueron siempre «de enlace entre el Ayuntamiento y el barrio». Aducen que, hace unos años, para el Consistorio «no era tarea fácil saber lo que pasaba en este barrio, que tiene unas características tan distintas al resto del municipio» por lo que en la figura de esta vecina se canalizaba «la información de los vecinos hacia el Ayuntamiento y a la inversa».
Permanentemente localizable
Según han explicado los socialistas, esta persona «participaba en reuniones semanales de seguimiento de sa Penya con técnicos municipales, policía y empresas externas». Entre las tareas que se le encomendaban estaban «acompañar y hacer seguimiento de las actividades de las contratas públicas en el barrio, vigilancia de enganches de agua y luz, operaciones especiales de limpieza, etc». La asesora, aseguran, también ayudaba a localizar a propietarios y los acompañaba a hacer trámites, ya que en esta zona habita población marginal y niños con problemas de escolarización». Además, la informadora controlaba la existencia de obras y conductas incívicas como rotura de tuberías o encendido de hogueras. «Era los ojos del Ayuntamiento en la zona y estaba permanentemente localizable para cualquier tarea que se le encomendara», apuntan desde el PSOE.
Los socialistas añaden que durante la etapa de gobierno progresista no constan reparos de Intervención y que la contratación de personas «externas» era antes habitual en la Administración aunque se ha ido reduciendo al mínimo. «Ahora la ley es más estricta pero las contrataciones que vienen de tan antiguo no comenzaron con procesos de selección tan formales como los actuales», justifican.
