Decidido a actuar de forma implacable contra las salas de fiesta que incumplen la ley, el Ayuntamiento de Sant Josep ha notificado esta semana al propietario del bar DC-10, en la carretera de ses Salines, la orden de clausura del local durante un año y la imposición de una multa de 300.000 euros -la máxima permitida por la ley-, por incumplir de forma reiterada el aforo que tiene autorizado y por contaminación acústica. Esta es la segunda sanción consecutiva que recae sobre este local por parte de las administraciones públicas en los últimos meses. Actualmente, el DC-10 lleva dos meses cerrado como consecuencia de la orden dictada por la delegación del Gobierno en las Pitiüses por consumo de drogas en el interior del establecimiento.
El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, confirmó a este periódico que la propiedad del local tiene un mes de plazo para proceder a su cierre, el cual prácticamente enlazará con el final de la primera clausura, que acaba el 17 de este mes. Sin embargo, la orden municipal puede ser objeto de recurso ante los tribunales, según recordó el alcalde. «No sé si ese recurso detendría o no la ejecución del cierre, pero es muy probable que acudan a los tribunales», afirmó.
El DC-10, que ha venido funcionando habitualmente como discoteca after-hours, «sólo tiene licencia de bar, ni siquiera de café-concierto, y su aforo autorizado es únicamente de 68 personas», recordó el alcalde de Sant Josep.
Otro expediente
Este, sin embargo, no es el único expediente sancionador que sigue el Ayuntamiento contra este local, uno de los que más denuncias y quejas han suscitado por su actividad nocturna. Marí informó de que hay otro procedimiento prácticamente terminado para sancionar al DC-10 por su situación urbanística, ya que se han realizado obras de ampliación sin las licencias correspondientes.
«Lo que es el bar en sí es una pequeña casita, pero alrededor de ella se han ido realizando ampliaciones sin autorización. Se podría plantear una posible legalización, pero ello tendría que ser mediante la concesión del interés general, porque está en suelo rústico y, además, en la zona periférica de protección del Parque Natural y no lo vemos muy viable», explicó.
En la actualidad, en Eivissa hay dos locales cerrados por orden gubernativa por su tolerancia en el consumo de drogas. Una es el DC-10 y otra es el Kumharas, en la bahía de Sant Antoni. Hay dictada otra orden de cierre, desde el año pasado, referente al Bora-Bora, en Platja d´en Bossa, pero aún está pendiente de resolver el recurso judicial interpuesto por la propiedad. Si éste se resuelve a favor de la Administración, ésta podrá decidir cuándo se llevará a cabo el cierre. La delegada del Gobierno en Eivissa y Formentera, Sofía Hernanz, afirmó que dicha clausura «no entrará en vigor en una época en que el local esté cerrado», pues de este modo la medida carecería de sentido.
El alcalde de Sant Josep valoró positivamente la entrada en vigor de los nuevos horarios de discotecas, pues han permitido, según dijo, compatibilizar la diversión turística y el respeto al descanso de los residentes en las zonas donde se encuentran estos locales.
El objetivo de las medidas sancionadoras iniciadas consiste únicamente en evitar situaciones de «total descontrol».
