La crisis de Formentera requiere nuevas elecciones

La crisis en el Consell de Formentera ha entrado esta semana en una etapa de una extrema gravedad. El propio presidente, Llorenç Córdoba, reconoció a Diario de Ibiza que la situación del gobierno insular es "un desastre" y ha admitido también en el Parlament balear (donde es también diputado) que la institución "no funciona como debería funcionar". La situación es cada vez más crítica, como ponen de manifiesto los acontecimientos acaecidos en los últimos días: siete funcionarios (técnicos y administrativos) del área de Litoral han solicitado un cambio de departamento, cuya "paralización no es responsabilidad de los trabajadores", según advirtieron; también dirigieron duras críticas contra el presidente, con el que en ocho meses sólo se han reunido tres veces, y justifican su decisión por la "falta de confianza y de respeto" de Córdoba hacia ellos. La última en abandonar al presidente, más solo que nunca en su huida hacia adelante, ha sido su jefa de gabinete, que explica su renuncia "por principios éticos, morales y democráticos". El último episodio de este bochornoso espectáculo se produjo en el último pleno, cuando Córdoba contribuyó con su voto a sacar adelante una propuesta de la oposición en contra de Sa Unió, cuya candidatura encabezó y que le ha expulsado.

La importancia de los asuntos que están paralizados es capital para la isla y mueven muchos intereses económicos: la gestión de los fondos europeos, el concurso de los quioscos de playa o la regulación del fondeo en s’Estany des Peix son sólo algunos de ellos. La posición de Córdoba, atrincherado en la presidencia y con una carga de trabajo imposible de asumir en solitario (especialmente desde que añadió a sus áreas las del vicepresidente José Manuel Alcaraz, al que destituyó), ya sólo se entiende por su único objetivo de seguir cobrando los más de 5.000 euros mensuales que él mismo ha dicho que percibe por sus cargos públicos.

La coalición formada por el PP y Compromís, Sa Unió, ha gestionado la crisis de una forma lamentable, y pretende solucionarla con una moción de censura, que debería involucrar también necesariamente a GxF y PSOE, intentando así compartir la responsabilidad con la oposición progresista, que ya ha rechazado apoyarla. Es lógico que se opongan a prestar sus votos para dar la presidencia a otro candidato del PP o de Compromís, que son corresponsables junto a Córdoba de una crisis institucional sin precedentes, y que además impulsaría políticas con las que no están de acuerdo.

Llegados a este punto de parálisis y caos institucional, que afecta gravemente a la gobernabilidad del Consell y a los intereses de los ciudadanos, no cabe otra solución que la de la disolución de la corporación. Esta situación no puede prolongarse durante todo el mandato, exponiendo a la institución y a la isla a un deterioro inaceptable. Cuando los actores de este sainete han roto todos los puentes de diálogo y son incapaces de reconducir la situación, la única salida democrática es dar de nuevo la palabra al pueblo de Formentera. El PP se resiste a emprender ese camino porque sabe que unas nuevas elecciones seguramente castigarían a Sa Unió y darían nuevamente el gobierno a la izquierda, pero ese es un riesgo que deberían correr con toda humildad, porque se han ganado el descrédito a pulso y porque la otra opción es aún peor: dejar que las cosas sigan pudriéndose sin remedio.

La Ley de Bases de Régimen Local ofrece la posibilidad de disolver corporaciones cuando exista una "gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga el incumplimiento de obligaciones constitucionales". Esta vía, que acaba en la convocatoria de nuevas elecciones e incluye la constitución de una comisión gestora designada por el Govern balear para administrar temporalmente la institución, exigiría forzosamente el acuerdo entre PSOE y PP, ya que la disolución debe acordarla el Consejo de Ministros y requiere un informe favorable del Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta.

El Govern o la Delegación del Gobierno deberían tomar la iniciativa para activar ese procedimiento excepcional y justificar, de modo que sea inatacable jurídicamente, que la parálisis del Consell ha llevado al incumplimiento de sus obligaciones. El PP y la presidenta del Govern, Marga Prohens, deben actuar con sentido de la responsabilidad institucional y dejar a un lado sus legítimos intereses partidistas. Sería además una oportunidad para acometer una renovación de candidatos, más que necesaria para que el PP pueda recuperar la confianza de muchos de sus electores, decepcionados y desencantados por la crisis de los últimos meses.

DIARIO DE IBIZA