Cuidemos de la casa común

Nuevos tiempos se avecinan con la reestructuración de las diferentes instituciones recién elegidas en las urnas. Esperemos que aquellas personas que ostenten cargos de responsabilidad y gestión dispongan de la valentía necesaria para los tiempos que corren. En este caso no me refiero a abordar temas recurrentes y que sirven, o han servido, de cortina de humo frente a la que considero la problemática, actual y futura, de mayor relevancia para el planeta, el cambio climático.

Todavía son muchos los que obvian una cuestión elemental, la interconexión de los ecosistemas y de sus componentes, donde se encuentra la especie humana. Este hecho resulta, cuanto menos llamativo, cuando hemos presenciado algunas manifestaciones sobre cuestiones como el decrecimiento y la utilización de los recursos naturales. Cuestiones que se encuentran intrínsecamente vinculadas y frente a las cuales debemos hacer frente, pero no podemos obviar que están incluidas en un cúmulo de actividades antrópicas que generan un daño ambiental evidente a la naturaleza. Estos daños pueden estar amparados por la legislación y estar autorizados, como algunas actividades humanas que causan un daño ambiental real sobre el ambiente; sin embargo, existen otros daños, también causados por actividades humanas que contraviene lo expuesto en la normativa y legislación ambiental, de ahí la responsabilidad (civil, administrativa o penal) que puede conllevar, atendiendo a la configuración del marco jurídico establecido. Este es el elemento central que analizamos en la denominada Criminología verde, el daño ambiental, lo que nos permite analizar aquellas actividades que generan riesgos o daños ambientales sobre el medio ambiente independientemente si se ajustan o no a lo dictado por la normativa.

El cambio climático es uno de los nueve límites que la ciencia ha evidenciado y además, uno de los que hemos sobrepasado esos valores fijados como seguros (Rockström y otros, 2009). Las concentraciones de gases de efecto invernadero son el foco principal y deben ser tenidas en cuenta en la implementación de políticas públicas en todas las áreas y a todos los niveles. Se trata de una cuestión y problemática que debe abordarse de forma integral y con mayor preocupación en los territorios de mayor vulnerabilidad como son las islas. Por ese motivo sería necesario que todas las políticas públicas a los diferentes niveles (local, insular, autonómico, estatal...) contasen con un eje común y prioritario, el cambio climático. Esto puede resultar paradigmático, en especial, en la situación política actual, donde escuchamos manifestaciones sin ningún tipo de rigor científico y que van en sentido contrario a los indicadores que nos marca la evidencia científica. Ante ello, como decía al inicio, serán necesarias medidas ambiciosas que configuren un marco de actuación política eficiente y ello solo será posible poniendo en el centro de todas las políticas al problema en cuestión, para así abordarlo de forma integral y con el rigor necesario por el bien no solo de nuestra especie, sino del planeta en su conjunto.

Para concluir, como sugiere el papa Francisco (2015) sobre el cuidado del planeta, como casa común de todas las especies, existen modelos o países con mayor poder económico o político que parecen tener más interés en ocultar o enmascarar los impactos negativos del cambio climático que hacer frente a la misma, incluso, esta cuestión la podemos extrapolar a ejemplos actuales. La solución apunta a un cambio de los modelos de consumo y producción actual e impulsar políticas eficaces para hacer frente a esta situación sin precedentes, que afectará de forma desigual a todos los integrantes del planeta.

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