No hacía falta ser Nostradamus para predecir que con el reparto de fondos de la ecotasa se iba a armar el belén. Los enviados del Govern llegaron de Mallorca y nos quisieron vender una moto averiada: os concedemos un 19% del impuesto; o sea, 5,7 millones. Mira qué bien; casi, casi ese 20% mínimo que andábamos exigiendo en los prolegómenos. Poco tardamos en descubrir que había gato encerrado.

De esa cifra, 4,5 millones se destinarán a financiar obras que ya estaban planificadas mucho antes de que existiera el impuesto, relacionadas con a la interconexión de las desaladoras y la construcción de un depósito de agua en Santa Eulària, y que debía cubrir la comunidad autónoma con sus partidas presupuestarias regulares. O sea, lo que nos dan por un lado, por el otro nos lo quitan.

Con las migajas restantes, se construirá un vial que ponga orden al caótico acceso a ses Salines -proyecto presentado por el Consell-, con un coste de 700.000 euros, así como otras actuaciones menores. La decisión del Govern, además de provocar un aluvión de críticas y exabruptos, ha dejado traslucir con toda su crudeza el ninguneo y la indiferencia que nos regalan las instituciones afincadas en Palma, en lo que ya compone una tradición histórica.

Tras la noticia, nuestro colega Joan Lluís Ferrer se despachó a gusto desde estas páginas, al definir al Govern como una «escuela de trileros». Con razón, aunque habría que matizar que al menos los trileros despliegan la coreografía del disimulo, mientras que aquí ni siquiera se han tomado la molestia de maquillar mínimamente el ´desfalco´. El editorial del domingo también tildaba el reparto de «inaceptable» y de «despropósito».

La maniobra es doblemente burda, especialmente tras ese concurso de proyectos lanzado por el Govern y que forzó al Consell y a los ayuntamientos a invertir tiempo y medios en desarrollar y presupuestar catorce posibles actuaciones, que al final han acabado en el cubo de la basura, con la única excepción del vial de ses Salines.

Puestos a ningunear de manera tan flagrante las necesidades apuntadas por las instituciones ibicencas, uno se pregunta cómo es posible que no se haya tenido en cuenta la encrucijada que atraviesan los ecosistemas insulares y que la tasa turística, pese a ser un impuesto supuestamente orientado a corregirla, ignora de manera descarada.

En Mallorca, el pasado mes de diciembre, el Govern destinó una partida a contratar a una empresa que controle la plaga de serpientes que allí también padecen. Aquí nos repartieron dos o trescientas trampas -que ya había encargado el Consell-, para que los propios afectados se las apañen con los ofidios. Los expertos, sin embargo, afirman que la invasión de las culebras no se solucionará ni con 5.000 jaulas. Mientras en Mallorca lo barruntan -las competencias son de Medio Ambiente del Govern-, aquí los reptiles siguen engordando hasta alcanzar cifras de récord Guinness, mientras exterminan la población de lagartijas a una velocidad endiablada. De prohibir la entrada de olivos, donde llegan ocultas en estado de hibernación, nunca más se supo.

A todo ello se suma el desembarcado de una nueva bacteria en la isla, el «ébola de los olivos», que hay que combatir con los medios que sean necesarios, antes de que se propague y provoque una catástrofe de proporciones similares a las que ya han acontecido en otras áreas. El picudo rojo se ha llevado por delante buena parte de las palmeras, pero con esta nueva plaga podemos quedarnos sin olivos milenarios y sin la industria del aceite, en la que han invertido un buen número de familias. La ecotasa también debería estar para estas cosas.

No se atisban tampoco intenciones de investigar y tratar de exterminar esa enfermedad de nuestras playas llamada microalga, que se extiende cada año y convierte aguas antaño cristalinas en una ciénaga. El problema se agrava con la insuficiente renovación de las depuradoras de la costa, que también ha ignorado el Govern. Y de un plan serio para controlar los fondeos sobre la posidonia oceánica, nuestro mayor tesoro ecológico y Patrimonio de la Humanidad, tampoco hemos tenido noticias. Andan regateándonos una lancha más o menos para otear dónde echan el ancla los yates, cuando estamos ante un problema global de toda la isla que requiere una visión y esfuerzo más ambiciosos.

Un impuesto turístico destinado a recuperar el medio ambiente parece justificado y necesario. El Govern, sin embargo, se empeña en dejarnos sin argumentos. Visto lo visto, habrá que exigir con la contundencia necesaria que lo recaudado se quede al 100% en cada isla y sean los consells los encargados de distribuirlo. De lo contrario, seguirán tomándonos el pelo.